La epidemia de coronavirus y el consiguiente confinamiento han venido “como anillo al dedo” al rector Raúl Cárdenas Navarro y a sus pajes del Comité Ejecutivo General del SPUM. Con el pretexto de la pandemia no reúnen, ni el uno ni los otros, a las instancias superiores de dirección universitaria y sindical ni rinden cuentas a sus respectivas comunidades.

En el caso del SPUM, el pasado mes de mayo el CEG resolvió, por sí mismo, sin consulta a los agremiados ni a las instancias de decisión, el emplazamiento a huelga por revisión contractual aceptando, con la firma del contrato colectivo 2020, la radical modificación del derecho a la jubilación.

La pandemia ha servido, también, para que, sin acuerdo alguno del órgano competente, el Consejo General, que no se ha reunido desde inicios del año, se omitiera convocar a la Asamblea General Ordinaria que estatutariamente debe reunirse a finales de septiembre; y lo mismo ocurrió con el Congreso General de Representantes que debe hacerlo en los primeros días de octubre.

Más recientemente, ante las constantes violaciones contractuales como la falta de pago a la Aportación de Depósito (cláusula 75), ha presentado erráticos emplazamientos a huelga que luego el mismo Comité resuelve —nuevamente, sin la intervención de ningún otro órgano sindical— aceptando las prórrogas que el rector “propone” a sus sirvientes. Siempre, desde luego, con la bendición de Hill Arturo del Río, quien oficia como presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

En algún caso, después de que su representación había sido admitida formalmente durante la firma del contrato, este tragicómico colectivo de doce integrantes fue declarado por la Junta “sin personalidad ni personería jurídica”, con lo que queda la duda de si existe como representación sindical. No obstante, la Junta admitió la prórroga solicitada por Jorge Luis Ávila Rojas y sus acompañantes, para el 9 de noviembre a las 18 horas. En esta última fecha, en una nueva reunión de avenimiento, Cárdenas Navarro solicitó, una vez más, la prórroga que ¡por supuesto! fue concedida por los sedicentes dirigentes de los trabajadores académicos.

Impuesto por el gobernador Silvano Aureoles, mediante la dócil aquiescencia de los integrantes de la dúctil Comisión de Rectoría, el rector Raúl Cárdenas no ha mostrado ningún compromiso con los trabajadores ni con la comunidad universitaria en general. Por el contrario, el ímpetu que ha mostrado para recortar los contratos colectivos e incumplir con los pagos obligados pone al descubierto a quién sirve.

Mientras tanto, no sólo está pendiente el cumplimiento de la cláusula 75, sino también el pago de diversas prestaciones como anteojos y aparatos ortopédicos, reembolso de inscripciones, becas a los hijos de los académicos, pagos de marcha, canastilla maternal y varias otras. Aun cuando el CEG tiene esos recursos, o una parte de los mismos, y había difundido listas (selectivas), para hacer los pagos, suspendió unilateralmente la entrega de los cheques correspondientes a los beneficiarios.

Con una pandemia que se prolonga y sin haber podido recibir el monto de las prestaciones señaladas, los trabajadores académicos enfrentamos ahora la amenaza de una nueva suspensión del pago de salarios, como ha ocurrido en los años recientes. Una vez más, el rector Cárdenas y su Comité Ejecutivo General han demostrado su ineptitud para resolver los graves problemas de la universidad y de sus trabajadores, pese a “posicionar a la institución” en dudosos ránquines internacionales y al pago de campañas de imagen para su representante legal.

Es ya el momento de que los trabajadores académicos recuperemos nuestra organización sindical de quienes la usurpan y la manejan a su gusto y conveniencia, siempre en contra de los intereses colectivos y en perjuicio de los agremiados.

Quienes integramos el Movimiento por la Legalidad y la Democracia en el SPUM y la UMSNH hacemos un llamado fraterno a que se reúnan las asambleas seccionales, se dinamicen los comités seccionales, se exija la inmediata convocatoria al Consejo General y, en su caso, se presenten denuncias ante la Comisión Autónoma de Vigilancia para sancionar la traición a los principios del sindicato y los perjuicios infligidos a los trabajadores.