Héctor Cobá

Quintana Roo, 4 de julio del 2022

Carlos Slim podría ser procesado penalmente al negarse a pagar 60 millones de pesos por el uso indebido de Telmex en un predio del núcleo ejidal Aarón Merino Fernández, en el municipio Bacalar, manifestó el representante jurídico Gabino Andrade Romero.

Adelantó que en fecha próxima, de nuevo, embargarán bienes propiedad de la empresa Teléfonos de México, SAB de CV (Telmex), en Chetumal, Playa del Carmen, Cancún y la Ciudad de México.     

Ya hay una sentencia en ejecución donde no cabe ningún recurso, luego de que Telmex promovió cinco amparos, aprovechando el tráfico de influencias  indicó.    

Subrayó no creo que el señor Carlos Slim Helú y Héctor Slim Helú quieran presentarse a declarar al ministerio público por fraude procesal y responsabilidad de las personas jurídicas como ellos y el abogado Alejandro Cocca Sánchez.  

El pago de la sanción ordenada por un magistrado, de parte Carlos Slim debe ser en 15 días, una vez devuelto el expediente respectivo a los demandantes sino Telmex será embargado resaltó Andrade Romero.

Por su parte, Edmundo Gómez Trejo presidente del comisariado ejidal Aarón Merino Fernández declaró que el juicio se resuelve pagando porque para los ejidatarios no es muy molesto el que las autoridades le den tanto apoyo a los señores Slim Helú, aunque está claro que estas peticiones son del abogado “defensor” Cocca Sánchez”, quien como apoderado legal de Telmex compromete a la misma y al señor Slim a ser procesado penalmente cuando seguro él ya debe tener olvidado el asunto creyendo que ya se resolvió.

Slim pudiera ser sujeto a proceso, por primera vez, en su vida por algo que seguro no tiene la mayor importancia para él, pues 60 millones de pesos no significan un daño a su economía; sin embargo, sí daña de manera grave al ejido Aarón Merino Fernández, ya que impiden el uso y disfrute de esa tierra, sacando Telmex provecho desde el año 1980.         

Asimismo, el propietario del predio invadido en el núcleo ejidal Aarón Merino Fernández Juan Manuel Herrera comentó que hace 16 años inició el problema cuando el invasor (Telmex) lo demandó  en la delegación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) la que se declaró incompetente y trasladó el caso de la Procuraduría General del Estado, y luego de la investigación del Ministerio Público y de la Policía Judicial del Estado determinó que no existió daño a la antena de Telmex.

Añadió que en la misma investigación de las autoridades judiciales de Quintana Roo se señala al denunciante (Telmex) que cerró un terreno de manera ilegal, nunca presentó un documento que le permita usar el predio para fines comerciales y que la antena también carecía de permisos para la explotación comercial.