La actual situación de grave corrupción en las Instituciones del Estado español, que ya cuenta con un bagaje de décadas, dentro del presente periodo democrático que llevamos, desde 1978, hace aconsejable hacer algunas consideraciones sobre la soberanía en España.

España, como democracia constituida en Estado de Derecho, de carácter marcadamente social, como indica la vigente Constitución política, basa, o debería basar, la práctica y gestión del poder, en la soberanía del pueblo, y nunca debería dejar que dicha soberanía se presumiera en los gobernantes o en cualesquiera personas o siglas políticas, que ostenten el poder durante el periodo correspondiente a la legislatura en la que fueren elegidos por los propios ciudadanos.

Si los ciudadanos españoles, esto es, el pueblo español, elige en sufragio universal, directo, libre, y secreto, a los que van a ostentar el poder en España, significa claramente que, estos personajes habilitados para gobernar bajo los auspicios del pueblo, no son los dueños de nuestro país, ni son ellos más españoles que el resto, sino que simplemente son unos representantes de los españoles, a los que estos confían la resolución de los problemas y dificultades de la sociedad española.

Queda dicho, pues, cual es el cometido real de los poderosos en España actualmente, y desde 1978 al menos: ayudar a la sociedad a que funcione, de manera que se desarrolle y se realice, en un sentido positivo de prosperidad, en el que deben poder participar todos los españoles, sin excepciones, merced a los derechos y obligaciones que les otorga el Derecho español y europeo.

Los cargos políticos y los poderosos en España, no deben ejercer sus cargos, al modo de reyezuelos anacrónicos y antidemocráticos, en los que podríamos retrotraernos a la Edad Media, sino que deberían ser conscientes de su misión de servicio a la patria, a través de su gestión en las Instituciones y en la Administración Pública, dentro de la cual se deben ceñir a la ley y al Derecho, en todo momento, puesto que, volvemos a insistir, no son dueños de nada público que se les haya confiado. Solo son unos trabajadores elegidos por su especial competencia, con el fin de que saquen a la sociedad adelante, contribuyendo al bien y al bienestar de todos, sin excepción que quepa de ningún tipo.

FRAN AUDIJE

Madrid,España,5 de febrero del 2023