España, a pesar del caos impuesto por su actual Gobierno, presidido por el socialista Pedro Sánchez, en coalición con partidos de extrema izquierda e independentistas, no es un país que vaya a la deriva, es decir, desgobernado y sin rumbo, sino todo lo contrario, vamos navegando hacia el final de la democracia, y el inicio de una nueva era política totalitaria, y lo que es peor de todo, sin que se nos haya consultado a los ciudadanos españoles.
El Estado social democrático de derecho, en el que la todavía vigente Constitución de 1978, nos ha colocado, fue hecho vigente en España, tras sucesivas consultas populares, que aprobaron por amplias mayorías electorales el nuevo orden democrático, después de una cruenta guerra civil, y de 40 años de dictadura militar. El Gobierno presidido por el señor Sánchez, llega al poder merced a una coalición de partidos, ninguno con mayoría clara para presidir el Gobierno, y sin que aparezca en las propuestas de gobierno previas a las elecciones, ninguna de las reformas tan graves y profundas que está llevando a cabo, muchas de ellas aprobadas mediante decretos, y mediante leyes de mucha menor entidad, de lo que sería imprescindible para aprobar los cambios tan importantes y fundamentales que se están llevando a cabo.
Además, debemos añadir, que la mayoría de estas reformas hechas solapadamente, y de prisa y corriendo, requerirían de un proceso mucho más prolongado, que desbordaría una sola legislatura, si se estuvieran llevando a cabo con buena fe, y con la evidente participación del pueblo español que requiere cualquier cambio en el estatus jurídico de un Estado. El cambio de estatus del que estamos hablando, es decir, la deriva que lleva España, es pasar de una democracia de la Unión Europea, a una dictadura social-comunista, en teoría encuadrada también en la Unión Europea, ya que debemos recordar que en la Unión Europea, solo tienen cabida Estados democráticos.
Una democracia no es solo un país donde se consulta a los ciudadanos, cada cierto periodo de tiempo, el Gobierno que desean al frente del poder. Una democracia, constituida en Estado de Derecho, con la etiqueta de social, como es el caso aún vigente en España, debe contar con los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo, y Judicial, bien definidos e independientes. Con unas Instituciones públicas que funcionen democráticamente, regidas completamente por el derecho vigente, y atendiendo al respeto de los derechos humanos. Donde las leyes sean irretroactivas, sin que quepa la venganza sobre hechos ocurridos en el pasado, bajo la vigencia de leyes pasadas, o de otros órdenes sin vigencia. Y donde todo el funcionamiento de la Administración, sea vigilado por organismos como el Defensor del Pueblo, y por Tribunales superiores, como el Supremo o el Constitucional, que velen por el imperio de la legalidad y del Derecho, en todo momento.
FRAN AUDIJE
Madrid,España,6 de febrero del 2023
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