Por: Atilio Alberto Peralta Merino

Después de haber pronunciado estentóreas voces amenazantes contra quienes se negasen a cambiar placas, verificar vehículos o tramitar una medida del todo alcabalotoria, como es el denominado “pase turístico”, hoy se anuncia una prórroga a la verificación, con lo que, para el buen conocedor de estos casos, habría que entender como el carpetazo al asunto.

El recientemente electo gobernador sustituto, por la Legislatura, erigida en Colegio Electoral, en la que se hizo caso omiso de un requisito constitucional de elegibilidad, se topa a una interesante disyuntiva.

El factótum que impuso su elección por parte de la Legislatura es la viuda del extinto mandatario quien, antes de su deceso, otorgó las autorizaciones concernientes a los centros de verificación a intereses a él mismo ligados.

El gobernador en funciones parecía decidido a ajustarse a los lineamientos dictados por el titular de la cartera nacional de Gobernación, al constreñir su sucesión dentro del partido gobernante a los líderes del Congreso General; posteriormente, pareció recular incluyendo al primo del extinto mandatario, quien funge como integrante del propio gabinete local.

La declaración amenazante emitida días previos contra los usuarios de los vehículos, parecía ir acorde a los intereses de la viuda necesitada de “engordar su cochinito”, en resguardo a cuyo propósito se encauza la pretensión sucesoria del primo de su finado marido.

Hoy, que ante el descontento en ascenso, se recula ofreciendo una prórroga, pareciera que han empezado las tensiones políticas; solo esperamos que, en caso de que éstas lleguen al extremo del retiro de la escena, la Legislatura que ha señalado ya que, erigiéndose en Colegio Electoral, no tiene porqué observar los requisitos de elegibilidad, piense en un eventual sucesor.

Sucesor que muy bien podría ser el Duque de Clarence, ya que la nacionalidad mexicana, como requisito de elegibilidad ha sido declarada inaplicable; también podría ser electo “el loco Heladio”, ya que, el hecho de que esté suspendido del goce de derechos ciudadanos por una interdicción, declarada judicialmente, tampoco es aplicable cuando la Legislatura local elige un gobernante sustituto erigiéndose en Colegio Electoral, o bien el jefe de la Zona Militar o monseñor Víctor Sánchez Espinoza; en fin, de seguir las cosas como van, habría que empezar a pensar en alguno de estos posible prospectos.
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