El resultado de las últimas Elecciones autonómicas y municipales en España, tan desfavorable a la izquierda española, en el que se interpreta un voto de castigo por la situación de crisis profunda, en la que esta coalición de izquierdas que nos gobierna, la verdad, no está sabiendo dominarla ni apaciguarla, deja a las claras otro factor extraordinariamente pesado en el devenir crítico de España: la impronta del líder que la izquierda ha aupado al poder, el presidente Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez ha demostrado ser un político más ambicioso de lo normal dentro de una democracia. Su proyecto de gobierno, ha llegado hasta la anulación de su propio partido, el PSOE, con el propósito exento de casualidad alguna, de acaparar poder paulatinamente, hasta, probablemente, transformar a España en una dictadura gobernada por su persona.

Lo de la teoría de la pretendida dictadura por parte de Sánchez, es una hipótesis que se deduce de sus actuaciones claramente marginadoras de los órganos consultivos del Estado, así como del asalto que ha realizado a los órganos judiciales, con intenciones de dominio y usurpación de poder a los jueces, el contrapoder más importante que pueda existir en un Estado democrático. Además, Sánchez a ninguneado al rey de España, contra el que se han lanzado campañas públicas de descrédito.

Pero, quizás lo más llamativo, ha resultado la derogación extraoficial que se ha ejercido sobre la Constitución de 1978, vigente legalmente, y sobre el espíritu cabal, conciliador, e integrador, de la Transición a la democracia, que anima al texto constitucional, y a sus principios políticos.

En definitiva, el presidente Sánchez, apoyado por sus coaligados de la izquierda, ha realizado una reforma en contra de la democracia española, derivada de la Transición de 1975 a 1978, que si tenía algunos puntos donde cabían mejoras, el trato dado a las instituciones surgidas de esta Constitución, ha logrado empeorar ostensiblemente los defectos o carencias de nuestra democracia, añadiendo una serie de factores que han radicalizado España, en cuanto al autoritarismo totalitario que ha anegado preocupantemente las decisiones del Gobierno, y de los órganos institucionales que funcionaban a instancias del mismo.

A finales de julio, estamos convocados de nuevo a las urnas electorales, esta vez para elegir a los representantes del pueblo en el gobierno general de la nación. El candidato sobresaliente de la derecha española, el moderado Alberto Núñez Feijóo, se postula como sucesor del socialista Pedro Sánchez, granjeado por una excelente gestión al frente de distintos cargos en pasadas legislaturas, así como por una muy buena impresión al frente de su presidencia en la Xunta de Galicia, cargo que ha venido ocupando hasta el momento de ser elevado a candidato presidencial por parte del Partido Popular.

Si, finalmente, los españoles deciden un cambio de Gobierno, que la actual situación económico-política, está pidiendo como agua de mayo, Feijóo se tendrá que enfrentar a una situación económica de prácticamente quiebra, en la que va a ser tutelado por la Unión Europea, de cara a que sea posible la devolución de la impresionante deuda que nos deja la pasada legislatura, y que España remonte el desastre económico en el que está sumida.

Pero no solo es la economía lo que va a llamar al esfuerzo de los nuevos gobernantes de España, sino también una muy importante apuesta por controlar la corrupción, por mejorar apreciablemente la impresión de excesivo intervencionismo del Estado sobre la vida ciudadana, que podría haber estado rayando en violaciones de los derechos humanos, y, en definitiva, se hace muy perentoria la vuelta a un clima de verdadera democracia, en el que va a sobrar la excesiva crispación político-social, demandando, en su lugar, una mayor libertad y respeto por la privacidad de las personas.

FRAN AUDIJE

Madrid,España,11 de junio del 2023

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