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Objetivo:

Formular la agenda general de los derechos de las mujeres 2024-2030 y proponerlo como bandera de lucha a las organizaciones sociales y a los partidos progresistas para la formulación de políticas públicas nacionales 2024-2030.

Encuadre.

El movimiento feminista mexicano rescata el aporte que las mujeres mexicanas hemos tenido en la construcción de nuestra matria1 (la nación a) desde la época precuahutémica hasta hoy en día. Reivindicamos también el papel que jugaron en la formación de la nación mestiza que somos y en la reproducción de la cultura novohispana como cimiento cultural de la pervivencia indígena y la conjunción con las ideas de la independencia y la construcción del Estado laico. Reivindicamos el papel que jugamos en la revolución de 1910- y en la lucha de las primeras mujeres socialistas que lucharon por el voto libre y secreto, como derecho de participación política. A 100 años del Congreso de Mujeres Socialistas reivindicamos el derecho de construir los puentes de unidad y organización que nos han permitido luchar por la equidad y el derecho sustantivo ante la estructura patriarcal del sistema político en nuestro país. Y desde que nos hicimos presentes como movimiento moderno en 1968, las mujeres mexicanas, que nos identificamos con la democracia, las luchas populares y la justicia social, estamos construyendo organizaciones comunitarias, sindicales, campesinas, frentes de lucha popular, de estudios sociales y académicos sobre los derechos de las mujeres. Hemos participado en las movilizaciones callejeras e institucionales que nos dan cohesión como movimientos para elaborar en las propuestas de leyes de equidad y de justicia, por las que pugnamos día con día. En estos últimos diez años, nos hemos esforzado por construir un gran movimiento de mujeres que intervengan en la vida política, económica, social y cultural de nuestro país con propuestas que dignifiquen la condición de mujer en una sociedad profundamente machista y misógina. Hemos logrado modificaciones sustanciales en las leyes constitucionales el derecho a ser reconocidas como sujetas de derecho público expresados en los logros legales obtenidos y la articulación de programas en el INMUJERES. Específicamente en el programa PROIGUALDAD que articula su Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres a partir de la consecución de seis objetivos prioritarios: 1.Potenciar la autonomía económica de las mujeres para cerrar brechas históricas de desigualdad; 2.Generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos domésticos y de cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado; 3.Mejorar las condiciones para que las mujeres, niñas y adolescentes accedan al bienestar y la salud sin discriminación desde una perspectiva de derechos; 4.Combatir los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, preservando su dignidad e integridad; 5.Posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político, social, comunitario y privado; 6.Construir entornos seguros y en paz para las mujeres, niñas y adolescentes.

Estos objetivos prioritarios y sus estrategias particulares, se enmarcan en un diagnóstico aceptable, pero que, en política pública real, se han quedado en buenas intenciones y no se ve reflejada en la vida cotidiana en cada colonia, barrio, comunidad, ciudad, ejido o espacio educativo y de investigación. Sin embargo, coincidimos que cualquier programa ejecutivo, debe tener la orientación de la defensa irrestricta de los derechos de las mujeres. Para hacer efectivos estos derechos, se requiere que se tomen en cuenta las múltiples formas de organización de base de las mujeres y no sólo las beneficiarias de los programas asistenciales del gobierno.

En esta perspectiva, hoy estamos en condiciones de sumar energías con las fuerzas sociales de trabajadoras y trabajadores de la ciudad y del campo, con las pequeñas y medianas empresarias, con las comunidades indígenas, con los movimientos de jóvenes y de manera destacada con los movimientos de las mujeres en todos los frentes incluyendo a las militantes de los partidos que simpatizan con la política progresista y de izquierda del actual gobierno. Es un proceso de participación permanente para delinear las nuevas políticas públicas de gobierno, que consolide los logros actuales, darle continuidad a la soberanía y el cambio democrático social que reclaman amplios sectores del pueblo.

Por tanto, proponemos que ampliemos las políticas públicas para:

1. Profundizar las leyes reglamentarias en materia de derechos reproductivos en todas las entidades federativas que hagan efectivo en los hospitales y clínicas en todo el país el derecho a la atención de la interrupción legal del embarazo, desde la prevención hasta la interrupción y el cuidado posterior.

2. Pugnar por la reforma al poder judicial en todos sus niveles, a través de la elección popular de jueces, magistrados y en especial en los ministerios públicos para hacer valer la justicia con perspectiva de género que implica una nueva visión de la constitución de 1917, a través de juzgados de género. Proponer jurídicamente la instalación de los Tribunales en defensa y protección de los derechos de las mujeres en cada agencia municipal, municipio y entidad federativa, que forme parte de una contraloría autónoma del poder judicial, que denuncie y vincule judicialmente los actos de corrupción, nepotismo, simulación y protección a delincuentes de muchos miembros de la judicatura o de la suprema corte.

3. Nos planteamos que pueden generarse condiciones jurídicas para convocar a una nueva constitución en donde se integren propuestas feministas como los Consejos Ciudadanos por Municipio u Alcaldía con funciones de diseño presupuestal, supervisión de obras y recursos financieros en cada una de ellas y con carácter de vinculante ante los tribunales para penalizar a quien cometa un delito con el patrimonio del pueblo.

4. La tarea política actual es dar voz a nuestras compañeras en cada localidad para que se expresen sobre asuntos centrales como la construcción de organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos y para participar en la toma de decisiones desde las Alcaldías las delegaciones territoriales, las comunidades, barrios y colonias.

5. La perspectiva es que los derechos de las mujeres, en especial el derecho irrenunciable a decidir sobre nuestros cuerpos, son parte de los DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANOS y por tanto deben permear a toda la constitución, poniendo al centro las necesidades humanas y el interés colectivo

y no la ganancia comercial del botín de negocios capitalistas, como impera en la mayoría de los miembros del poder judicial.

6. Estamos convencidas que hoy la inseguridad que sufrimos las mujeres y en especial las periodistas y las ambientalistas que se oponen a la entrega de las riquezas que pertenecen a la nación a los oligopolios trasnacionales.

7. La inseguridad hoy en la segunda década del siglo XXI requiere de una estrategia integral de atención política de y con las mujeres más allá de los lineamientos y programas de Inmujeres. Erradicar de raíz la violencia intrafamiliar, social, económica o discriminación cultural, en amplias capas de la población, demanda una política pública de equidad e integración de las mujeres a la toma de decisiones desde la base.

Hoy volvemos a convocar a las compañeras de diversos colectivos populares, feministas de lucha histórica, académicas y funcionarias de Gobierno que estamos comprometidos por el cambio verdadero, a un primer encuentro de ideas y referentes a construir la agenda nacional de lucha de las mujeres mexicanas. La tarea pendiente de nosotras las mujeres, y que es una deuda del Estado mexicano, es hacer nacional, el derecho de cualquier mujer o niña a decidir sobre su propio cuerpo sin presiones y ultrajes, en donde nos permitan ser incluyentes diversas, democráticas, e incluso lograr las cartas estatales de los derechos humanos y ciudadanos de las mujeres.

• La demanda central de las organizaciones de mujeres en el siglo XXI es la participación paritaria en los órganos de toma de decisiones en los asuntos que nos compete, es decir todos los asuntos políticos, económicos sociales, culturales y jurídicos.

• Nos reconocemos como sujetas de la acción histórica, de manera consciente, apropiarnos del concepto de género femenino y la acción de las mujeres en la construcción de las civilizaciones. Esta premisa se tiene que compartir ampliamente con los hombres que buscan la equidad en la diversidad expresada en presupuestos para fortalecer las políticas públicas de género, especialmente en la salud, educación y vivienda.

• Reconocer que hoy, en el siglo XXI, las mujeres del mundo demandamos la participación codo con codo con los hombres permitirá que las nuevas generaciones comprenden este devenir de la integración y complementariedad de los géneros en pos de construir sociedades autogestivas, democrático-participativas, justas económica, social y ecológicamente sustentables.

Este reconocimiento de los Estados y sociedades de avanzada, plantea una concepción integral de atención a las necesidades de las mujeres y sus condiciones de vulnerabilidad natural y las condiciones de opresión en un sistema de la explotación triple como ocurre en México.

• Este movimiento de mujeres propone que las políticas públicas de gobierno nos tomen como sujetas de derecho en acción colectiva, y no sólo con programas asistenciales del municipio, entidad federativa, o del Gobierno Federal. Las organizaciones de mujeres debemos de intervenir en la inversión de programas sustantivos para cumplir los derechos establecidos en la Constitución.

• En México, existen diversas formas de explotación, opresión y vulnerabilidad bajo las que se encuentran las mujeres, sobre todo cuando actúan solas. La Convención será un referente para la unidad de todas las mujeres en el país para CONJUNTAR LAS AGENDAS DE LUCHA y elaborar un Programa Nacional Democrático de Participación plena de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional.

• Hemos establecido políticas públicas de asistencia y de apoyo como el Instituto de las

Mujeres, la asesoría legal, asistencia a violentadas, y otros programas de apoyo.

Necesitamos profundizar todo el trabajo en cada entidad federativa del país, con una visión integral en donde los programas sectoriales se integren en los territorios, empezando por reconocer la política afirmativa de género en sus diversas manifestaciones del quehacer humano.

• La convención tendrá la tarea de impulsar la construcción del Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales en materia de equidad de género; con sus diferentes mesas de atención (derechos de género, laboral, pueblos originarios y comunidades rurales, derechos de la infancia y la juventud y la mesa de las y los mayores).

Llamamos a todas las organizaciones diversas de mujeres, iniciando por las fundaciones de asistencia a la mujer, organismos de salud comunitaria, organismos de defensa laboral, madres de familia en las estancias infantiles y las escuelas o grupos de mujeres urbanas, campesinas e indígenas que hemos generado diversos organismos de la sociedad civil y que han influido en las políticas públicas de los gobiernos, ha incorporarse a esta convención para dar Continuidad y Cambio a la política actual de la cuarta transformación.

Atte. Cecilia Espinosa García. Por una convención unitaria Leona Vicario. Septiembre 2023

1 Recordamos el papel que jugaron las mujeres en la formación de las comunidades y pueblos como administradoras, dirigentes o personalidades superiores ( reinas) de las culturas prehispánicas mayas,binizza (zapotecas) toltecas, teotihuacanas, huastecas, p’urhepecha o mexicas.

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