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El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, ha advertido al Gobierno español, que preside el socialista Pedro Sánchez Pérez-Castejón, de que el proyecto de reforma del Consejo del Poder Judicial, que tiene previsto llevar a cabo, será denunciado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso de que tal reforma, finalmente, viole el principio de separación de poderes.

Pero esta reacción del comisario europeo de Justicia, no ha sido motivada por su propia iniciativa, sino por la presión de la oposición política y de la sociedad civil en España, que, de tal modo, está expresando su intención de beligerancia ante el desafío que Pedro Sánchez le está haciendo a la democracia, y al Estado de Derecho, prácticamente desde hace dos legislaturas, pero, en especial, desde las últimas elecciones generales, celebradas hace unos dos meses.

Sin haber ganado esta última cuestación popular general, y sin que figure en el programa electoral de su partido, el actual presidente de España en funciones, también se está atreviendo a una negociación con los partidos independentistas, en la que, presumiblemente, va a acceder a las condiciones leoninas que estos le están planteando, a saber: la amnistía de los condenados por el amotinamiento anticonstitucional del uno de octubre de 2017 en Cataluña, la celebración de referendums de autodeterminación, y más dinero por parte del Gobierno de España, con la excusa de que el fisco central mantiene una deuda con estas regiones de vocación independentista. Toda esta negociación traidora, nada más que para obtener los apoyos necesarios, de cara a volver a colocar las posaderas en la poltrona del poder español.

Desde esta tribuna volvemos a recordar, que la soberanía nacional de España, no reside en Pedro Sánchez, ni en ningún Gobierno de turno, sino que es el pueblo o la ciudadanía, en su conjunto, la que es dueña y señora de este país. Lo cual significa que, determinadas decisiones de calado, como las que afectan a la definición de un Estado, equivalentes a una reforma constitucional profunda, como son gran parte de las iniciativas de reforma que pretende Pedro Sánchez, y la misma autodeterminación solapada, que está pactando con los independentistas, nunca debieran ser decisiones aprobadas a la ligera, como se pretende, sino que sería necesario someterlas a un referendum nacional, en el que el pueblo y los ciudadanos españoles, como propietarios de esta nación de rancio abolengo e historia, decidan sobre cuestiones tan determinantes para su futuro.

Hace años, se viene hablando de la escasa capacidad ética y moral de Pedro Sánchez, demostrada desde sus actuaciones políticas, marcadas por incumplimientos de promesas, por una falta de coherencia con el ideario socialista, y por una fama extraoficial de perseguidor, con rasgos de psicopatía. No han faltado las voces, que solicitan investigaciones concienzudas, sobre los años que lleva gobernando Pedro Sánchez Pérez-Castejón, el cual podría haber cometido presuntos delitos de violaciones de los derechos humanos, sin perjuicio de su gestión política, que nos lleva conduciendo hacia un menoscabo agudo de la democracia, que podría desembocar en un totalitarismo, sin cabida alguna dentro de la Unión Europea, uno de los apoyos económicos más consistentes, para que el actual Gobierno se mantenga en el poder.

FRAN AUDIJE
Madrid,España,14 de octubre del 2023
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