Una de las razones planteadas por Ferrovial para justificar el traslado de su sede fiscal de España a Holanda es la inseguridad jurídica de un país donde constantemente se habla de nuevos impuestos para empresas y grandes fortunas sin que se llegue a materializar la cacareada reforma fiscal. Y ese fue uno de los temores surgidos entre los más adinerados tras la proclamación de la Segunda República, donde muchos partidos políticos planteaban explorar vías fuera del liberalismo que asustaron a ciertos empresarios.

Ferrovial, S. A. es una empresa multinacional de gran calado en España, que opera en el sector de las infraestructuras de transporte y movilidad, a través de cuatro divisiones: Autopistas, Aeropuertos, Construcción​ e Infraestructuras Energéticas y de Movilidad​.

En abril de 2023 la junta general de accionistas aprobó una fusión entre la matriz, Ferrovial, S.A. (como entidad absorbida), y Ferrovial International SE (como sociedad absorbente), filial al 100% de Ferrovial domiciliada en los Países Bajos que ya era titular del 86% de los activos de la compañía, lo que supuso el traslado de la sede de la matriz del grupo desde España a los Países Bajos. A la vez, se informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que pedirá la admisión a negociación de las acciones de Ferrovial International SE en Euronext Ámsterdam y en las Bolsas y Mercados Españoles para su negociación a través del SIBE, para posteriormente solicitar la admisión a negociación en una de las bolsas de valores de los Estados Unidos de América.

Ferrovial fue fundada por Rafael del Pino y Moreno en 1952, como una empresa dedicada a la ejecución de obras ferroviarias. Sus primeros trabajos consistieron en la renovación de vías para Renfe y la explotación de talleres de cajeo de traviesas.12​13​ En 1954 logra su primera obra internacional: un proyecto ferroviario en Venezuela, y en 1956 llevó a cabo la renovación de la vía del ferrocarril entre Bilbao y Portugalete.

Otra de las huidas de capital que se está produciendo, tiene que ver con el alojamiento de los beneficios empresariales en paraísos fiscales, que tiene como consecuencia directa una pérdida de recaudación que equivale en el caso de España al 15,6% de los ingresos totales del impuesto de sociedades (IS), según el Observatorio Europeo de la Fiscalidad. Este equipo de expertos dirigido por el economista francés Gabriel Zucman estima ese porcentaje con los datos de 2020, un año en que España no pudo encajar 3400 millones de euros que tendrían que haber ido a las arcas públicas por los beneficios que las compañías españolas declararon en países o jurisdicciones particularmente complacientes.

Hay que tener en cuenta que el observatorio considera paraísos fiscales los que están en las listas del GAFI, pero también otros países que funcionan como plataformas financieras, como Suiza, e incluso varios países de la Unión Europea que atraen empresas con diversas iniciativas, como Irlanda, Bélgica o Países Bajos. Por esto, del impuesto de sociedades que se deja de ingresar en España por esta forma de evasión (el 15,6%), un 13,1% se pierde a causa de otros países de la UE catalogados como paraísos fiscales, y un 2,5% por los del resto del mundo.

En los últimos años la fuga de capitales se ha convertido en un problema para España, que no consigue convencer a los inversores de que guarden aquí su dinero o lo usen para montar sus empresas en la Península.

La pandemia de Covid-20 generó un problema que no ha terminado de curarse en los últimos años. Esta descapitalización progresiva de la economía española frente a las de su entorno recuerda a lo ocurrido a partir de abril de 1931. La salida de Alfonso XIII del país tras unas elecciones municipales donde las fuerzas republicanas crecieron en las grandes ciudades y la posterior proclamación de la Segunda República desataron un momento de histeria entre los más adinerados del país. La escritora Zenobia Camprubí calificó a los huidos de «malos patriotas» por llevarse el dinero en un momento tan crítico: «No puedo menos de indignarme de ver tanta gente gallina». Y es que siempre se ha dicho que «el dinero es lo más cobarde que existe», aquí, y en la Conchinchina.

Lo que sin duda creó inseguridad jurídica y, ya con el Frente Popular en el Gobierno, la quiebra del Estado del Derecho, fue el proceso de expropiación en el campo a los grandes latifundistas, que solo en Andalucía controlaban más del 50% de la propiedad. La Reforma Agraria de 1932 expropió los grandes latifundios para asentar a los campesinos sin tierras, lo cual se hizo en muchos casos sin pagarse indemnización alguna. Bajo el gobierno de Casares Quiroga se produjeron graves transgresiones al Estado de Derecho, entre ellas incautaciones ilegales de propiedades e iglesias, sobre todo en el sur; el cierre de colegios católicos por toda la geografía; miles de detenciones arbitrarias de miembros de partidos derechistas; la sustitución de jueces y funcionarios por otros afines al Frente Popular y la incorporación de activistas sociales y comunistas, nombrados ad hoc como policías suplentes («delegados gubernativos»), a los cuerpos de Seguridad.

Da la impresión, de que España vuelve a mirarse en el espejo de su historia más reciente. Recordemos que las consecuencias de la ruptura del Estado de Derecho durante la Segunda República, fue el desencadenamiento de una de las guerras más cruentas que hayamos vivido. Una guerra entre hermanos que se odiaban a muerte. En este sentido, cobran protagonismo las palabras de Américo Castro en su obra, «La realidad histórica de España»: «Los españoles son tal vez el único pueblo de Occidente que considera como nulos o mal venidos acontecimientos y siglos enteros de su historia, y que casi nunca ha experimentado la satisfacción gozosa de vivir en plena armonía con sus connacionales».

FRAN AUDIJE

Madrid,España,21de noviembre del 2023
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