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Las naciones con marcadas políticas del tipo llamado «social», como España o Suecia, por ejemplo, consiguen dulcificar los efectos más duros y perniciosos del capitalismo que marca el sistema económico en Occidente.

Las políticas sociales, suponen una presión fiscal alta en los Estados, pero producen, en cambio, un beneficio de justicia social, ya que las instituciones públicas se encargan de corregir las carencias del sistema que mueve la economía, basándose en el beneficio económico y material, y haciendo un uso plenamente utilitarista del factor humano.

Este tipo de política social, consigue humanizar al sistema capitalista, mediante cierta intervención del Estado en la actividad cotidiana de los ciudadanos. Es cierto, en tal sentido, que las políticas sociales nos cuesta a todo el conjunto de la sociedad mantenerlas, en particular a aquellos con mayores recursos, puesto que, lógicamente, cuentan con una mayor capacidad de aporte económico, pero es fácil reportar las bondades de las subvenciones públicas, dirigidas a evitar la marginación, y a posibilitar el acceso popular a servicios básicos dentro de la comunidad.

Tampoco debemos estar cegados, creyendo que todo en este mundo es maravilloso, por mucho que el discurso político trate de pintar algunas realidades de color rosa. Las políticas de subvención social solo son sostenibles y convenientes, cuando se realiza una gestión correcta de los bienes públicos, de manera que no se produzcan abusos ni desfalcos, fruto de decisiones políticas sin sentido, o de la corrupción institucional. Las hemorragias económicas en las Arcas Públicas, ya sea por unas razones u otras, las pagamos todos los componentes de la sociedad, y en particular aquellos con recursos de tipo medio, los conocidos como «currantes».

Por otro lado, debemos tener en cuenta, que quien aporta capital a cualquier empresa o proyecto, está condicionando la operatividad de lo que se pretende o se lleva a cabo. Es conocido aquel dicho que dice: «Quien paga, manda». Nos estamos refiriendo al control que podría ejercer el Estado sobre las funciones sociales que le interesen, y en este aspecto debemos reconocer, que el Estado podría coartar la libertad de los ciudadanos, hasta el grado de la prohibición o de la marginación, precisamente los factores que, en principio, están llamados a ser evitados por las políticas sociales.

FRAN AUDIJE
Madrid,España,10 de diciembre del 2023
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