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Morelia, 11 de febrero del 2024

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), institución pública educativa a la cual nosotros, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana (STUMICH) representamos como organización sindical, tiene como función sustantiva impartir estudios de nivel medio superior y superior, aspecto que seguramente la mayoría de los aquí presentes tenemos claro, por tal motivo, mi participación versará básicamente en torno a la problemática principal de las Universidades Públicas Estatales en crisis, y cómo se traduce esta de manera negativa hacia el sector de las trabajadores administrativos, manuales y de intendencia.

El Plan Nacional de Desarrollo de México 2019-2024 establece como punto primordial el compromiso de mantener finanzas sanas sin nuevos incrementos impositivos, lo que pudiera agravar las situaciones de las UPEs o UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES si no se busca una solución a estos conflictos para poder lograr el llamado estado de Bienestar Social. Las Universidades Públicas Estatales presentan una problemática por causas diversas, las cuales principalmente son:

• Incremento de la matrícula sin incremento en los presupuestos respectivos. Estancamiento en la asignación de subsidios por parte de los gobiernos federales y estatales

• Plantillas de profesores y empleados administrativos no reconocidas por las secretarías de Educación y Hacienda y Crédito Público

• Deuda con distintas instituciones por pago pendiente de cuotas y aportaciones de seguridad social e impuestos.

Por un lado, tenemos una Universidad Pública con serios y múltiples problemas; por otro, el acceso a la educación universal y el derecho humano a la educación sin mayores incrementos en la asignación de recursos. El modelo actual de financiamiento de las Universidades Públicas Estatales se da mediante tres fuentes: subsidios otorgados por la federación, subsidios otorgados por los gobiernos de cada una de las entidades federativas a la que corresponda la universidad y los ingresos propios.

El presupuesto asignado por el Congreso del Estado de Michoacán a nuestra Universidad para el año 2024, es de tres mil setecientos seis millones novecientos diez y siete mil ciento veintidós pesos, apenas un 4% mayor que el asignado para el año 2023. Este 4% no se equipara al menos, con el índice inflacionario de 4.66% del año pasado según cifras del Banco de México, y si lo comparamos con años anteriores, el nivel de incremento presupuestal no compensa ni cercanamente los índices inflacionarios, lo cual se refleja de forma drástica en el poder adquisitivo de los trabajadores y en un tema de precarización laboral, tema que se refiere a la falta de garantía para las condiciones socioeconómicas mínimas que aseguren una vida digna de los trabajadores y sus familias.

El término precarización toma relevancia después de la década de 1980, haciendo referencia principalmente a dos puntos; por un lado, a la caída generalizada de salarios y desprotección social progresiva y, por otro lado, a la flexibilidad en los contratos laborales a favor de las empresas.

El problema con la precarización laboral es que apunta al hecho de que la precarización no solo se debe en muchas ocasiones a una duración limitada del contrato, sino también a la insuficiencia salarial y la progresión salarial, la falta o la reducción del acceso a las leyes laborales y la protección social, y la organización de los procesos laborales y el control laboral.

En estas líneas anteriores, menciono algo fundamental en este tema de problemáticas estructurales de las Universidades Públicas como lo es el ACCESO A LAS LEYES LABORALES, la relación directa de este tema con la precarización laboral es la violación constante de los derechos de los trabajadores consagrados en la Ley, en Los Contratos Colectivos y en las Condiciones Generales de Trabajo, derechos obtenidos que son el producto de décadas de lucha y esfuerzo de la clase trabajadora en contra de los patrones y del propio gobierno con el afán de tener mejores condiciones laborales y de vida para el trabajador y para sus propias familias.

Infortunadamente, hoy podemos ver con tristeza que el acceso a estas leyes por parte del trabajador no es tan fácil, ni rápido y en el peor de los casos, el acceso a la justicia laboral por motivos diversos no se obtiene a favor del trabajador. Si bien, la esencia del Derecho del Trabajo es afinar el sistema de producción y hacerlo viable para mantener el equilibrio social y lo podemos definir como la rama del derecho que regula las relaciones laborales y de producción entre patrón y trabajador para la armonía entre ambas partes, nosotros como líderes y trabajadores en activo debemos de seguir luchando para que estos conceptos sean lo más apegados posibles a nuestra realidad jurídica, porque tenemos un país con una jerarquización de leyes muy bien definida, nuestra carta magna define plenamente en su artículo 123 el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil, tenemos una Ley Federal del trabajo que data de 1931, la cual fue sustituida y perfeccionada en 1970 y que recientemente ha sufrido una reforma de gran calado el 1º de mayo del año 2019, teniendo como puntos principales:

1. Transformación del sistema de impartición de justicia laboral.
2. Creación de nuevas autoridades del trabajo, entre ellas los juzgados laborales, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los centros de conciliación a nivel local.
3. Implementación de mecanismos que aseguren el ejercicio del derecho de libertad y asociación sindical y reconocimiento efectivo a la transparencia en la negociación colectiva y elección de sindicatos y sus dirigencias.

Derivado de esto podemos decir que tal vez en México no nos hacen falta leyes, hay mecanismos de justicia en todos los ámbitos jurídicos, pero si es necesario revisar la efectividad y la eficacia del Derecho, la norma está ahí para ser cumplida, pero si estoy claro de que los procedimientos y algunas de las instituciones encargadas de que estas normas se apliquen con la finalidad de impartir justicia laboral deben ser revisadas constantemente con la finalidad de que los procesos sean ágiles y la justicia sea pronta y accesible tanto para para el trabajador como para el patrón.

En este punto hago un llamado fuerte a los actores políticos que están y a quienes pretenden estar en un futuro a corto plazo en el ejecutivo federal, y en los escaños y en las curules del Congreso de la Unión de nuestro país, a quienes representarán a la sociedad civil en general desde la presidencia y en ambas cámaras, un llamado a que volteen a ver a la clase trabajadora, somos el motor de este país y merecemos ser tratados de manera justa, con pleno respeto de nuestros derechos laborales que no son improvisados ni pactados de un momento a otro, como ya lo mencione, son producto de grandes luchas desarrolladas en el tiempo y están escritos en nuestra CONSTITUCIÓN POLÍTICA, EN CONVENIOS INTERNACIONALES de los cuales forma parte nuestro país a través de nuestra propia carta magna y en la LEY FEDERAL DEL TRABAJO, respeto para nuestros derechos sin procedimientos burocratizados ni instituciones viciadas que dilaten o corrompan los procesos legales para acceder a ellos.

Hago un llamado también a que desde los más altas tribunas de nuestra nación se definan las políticas públicas idóneas para que la clase trabajadora no sea rehén de los conflictos financieros que algunas de estas instituciones sufren año con año y que se garantice el pleno acceso a la legalidad y derechos laborales ya obtenidos sin distingo ni discriminación ninguna por parte de las empresas a las cuales pertenezca cada trabajador, ya que esto garantiza el bienestar social de la clase trabajadora y fomenta en gran medida el estado de bienestar y paz social que hoy día, tanto anhelamos los michoacanos y todos los mexicanos.

Los artículos de opinión son responsabilidad exclusiva de sus autores. @UnidadParlamentariaEuropa