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Por el profesor Juan Pérez Medina.

Morelia, Michoacán, 6 de mayo del 2024

De manera cotidiana el poder judicial vulnera las acciones del actual gobierno y, con ello, afecta a la gran mayoría de la sociedad. Es el poder judicial el que a diario ordena la libertad
de delincuentes, sobre todo de aquellos que forman parte de la delincuencia organizada.
Cada semana el presidente expone un sinfín de casos de este tipo en donde un juez ordena la libertad de quienes han llegado a la cárcel, por cometer actos contra la sociedad, incluso, bajo contundentes evidencias, habiéndose encontrado en flagrancia.
El papel jugado por este poder, que forma parte de los tres poderes autónomos que integran la nación, es absolutamente contrario a lo que la Constitución establece y está lejos de representar los intereses de los mexicanos. No hay duda alguna de que es un poder altamente corrupto, en donde jueces y magistrados actúan sobre la base de la compraventa de la justicia, incluso, utilizando para ello la extorsión a las personas.
Los ciudadanos comprueban día con día, que escapar del ministerio público o de las determinaciones de un juez sin haber tenido que aceptar ser sobornado es algo prácticamente imposible. La aplicación de la justicia puede dilatar o complicarse cuando el
ciudadano se niega a aceptar lo que le insinúa en un primer momento, que es cuando se le da la oportunidad de hacer una oferta al ministerio público o al juez de la causa o, cuando
en un segundo momento, se le hace abiertamente una propuesta so pena de irse al abismo del infierno judicial.
El primer signo del poder judicial es la corrupción. Así es imposible que la justicia sea y que además se haga pronta y expedita. Nada hay que escape a la rigurosa “espada flamígera”de los “moches” anticipados. La negativa de los ministros de la Suprema Corte para atender lo que la Constitución dice, acerca de no percibir más que lo que gana el presidente es una de las actitudes que los denuda claramente como contrarios a los intereses de la nación.
Pues es vergonzoso que existan funcionarios que perciban más de 600 mil pesos mensuales, en un país en donde más del 50 por ciento de la población vive con menos de dos salarios
mínimos. No sólo es vergonzante, sino también un insulto y una verdadera desproporción.
Lo peor de todo es su activismo político. Responsables de garantizar la justicia en este país, son los primeros que la vulneran en aras de continuar sirviendo a la casta que los encumbró y les permitió llegar hasta donde ahora se encuentran, convertidos en verdaderos canallas.
Su actuación ante el poder ejecutivo y legislativo es aberrante. El poder judicial actual no es representativo de la nación sino solamente de la casta a la que sirven. Desclasados, se han
convertido en servidores de una élite perniciosa y conservadora que se opone con todo a que el país cambie. Eso explica que sea este poder (jueces y magistrados) el que, en todos

los casos relevantes, se opongan a las determinaciones del ejecutivo y legislativo, favoreciendo con ello a la oposición reaccionaria y la ultraderecha oligárquica que representa Claudio X González.
Los partidos de la élite, los del viejo régimen, saben que, aunque pierdan las votaciones en el Congreso, aún les queda el poder judicial y lo dicen abiertamente.
Así pasó con los libros de texto gratuitos, con la reforma a los hidrocarburos, la de la industria eléctrica, sólo por citar algunos casos. Constitucionalistas han afirmado que es un “mal síntoma” que los “grandes temas nacionales se estén judicializando” y cuando el juicio de amparo era una “excepción”, hoy es la “regla general». Precisamente, al juicio de amparo recurre la derecha cuando el ejecutivo o el legislativo emiten una nueva regla o hacen cambios a las leyes ya existentes. Así se ampararon contra la consulta sobre el aeropuerto de Texcoco, contra el Tren Maya y contra el aeropuerto Felipe Ángeles.
El poder judicial, único poder conque cuenta la derecha reaccionaria y sus partidos y legisladores, se ha encargado de negar, incluso, el poder de legislar que tiene el Congreso
de la Unión. Por encima de éste se ha venido erigiendo como el poder superpoderoso que, hasta hoy, detiene los necesarios grandes cambios que el país necesita y que son la voluntad de todos nosotros. Su actuación, sólo refleja su enorme y total compromiso con el régimen anterior.
Es necesario sanear el poder judicial. Renovar los marcos regulatorios de su actuación permitiendo que se ciñan a los intereses de la nación y no a los de unos cuantos. Uno de los
más grandes compromisos de la Doctora Claudia Shembaum es, precisamente, el de garantizar un poder judicial socialmente democrático y comprometido con el país y, sobre todo, con la inmensa mayoría de los mexicanos. El 2 de junio está cerca. No nos disparemos en el pie. Se trata de hundir más a nuestros adversarios y enemigos, que seguramente se preparan para judicializar la nueva ley contra los bancos que administran para sí nuestras afores.

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