En el día de ayer, quedó constituido en España, el órgano de gobierno de los jueces, llamado, Consejo General del Poder Judicial, dentro del cual fue elegido como presidente, la magistrada Isabel Perelló, que también será presidenta del Tribunal Supremo. El Consejo General del Poder Judicial, es un órgano colegiado, compuesto por 20 vocales, los cuales han sido elegidos entre jueces y juristas de reconocida competencia, por el Congreso y el Senado, y serán nombrados por el rey.

A efectos prácticos, debemos indicar que ha habido una repartición de vocales, entre el partido en el Gobierno, de carácter socialista y de izquierda, o también calificado de progresista, y el principal partido de la Oposición, de centro-derecha, o también calificado de conservador, a partes iguales. La presidenta fue elegida por consenso entre todos los vocales miembros, habiendo sido calificada de magistrada progresista.

A donde queremos llegar en la siguiente reflexión, es al hecho sumamente contra natura, de que el Poder Judicial español, se encuentre politizado hasta los topes, puesto que los vocales del órgano de gobierno, son elegidos a dedo por los dos principales partidos políticos, por tanto, debemos reconocer que estos jueces y juristas, están condicionados políticamente a la hora de impartir justicia, que es su cometido como profesionales cualificados del Derecho, y vocales del órgano de gobierno de los jueces en España.

Los propios medios de comunicación, asocian la profesión de estos jueces, con su condicionante político, ya que se refieren a ellos, como jueces progresistas o jueces conservadores, incluso, como jueces de izquierdas, o jueces de derechas.

De tal manera, podríamos expresar que la justicia española, se ha vendido a la política, dos oficios muy distintos, y bien diferenciados en sus objetivos. Mientras que la política es el arte de gestionar los asuntos sociales que nos son comunes a todos los ciudadanos, la justicia es el arte de dirimir las diferencias que puedan surgir entre ciudadanos, así como de perseguir la comisión de delitos, ateniéndose a las leyes que rigen el ordenamiento jurídico.

Los jueces deberían impartir justicia como tales, y nunca mediatizados por los poderes políticos, pues, si así fuera, estarían obedeciendo a intereses que no están relacionados con las leyes y con los principios del Derecho, sino con elucubraciones políticas, generalmente lejos de los criterios a los que deben ceñirse los jueces.

La justicia suele ser representada alegóricamente, por una mujer cuyos ojos están vendados, y porta una balanza en equilibrio. Si la justicia responde a razones políticas, y no estrictamente legales, esa mujer alegórica dejaría de llevar tapados los ojos, y su balanza aparecería inclinada del lado de la ideología que, en realidad, defiende.

Las teorías de Montesquieu sobre la separación de poderes, está claro que han dejado de cumplirse en España, en detrimento de la seguridad jurídica, y favoreciendo la impunidad de la corrupción en la política.

FRAN AUDIJE

Madrid, España, 4 de septiembre 2024.

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