Por: Atilio Alberto Peralta Merino
Ciudad de Puebla, Puebla, 3 de noviembre del 2024

Al instante de que el deceso de Gerónimo Miguel Barbosa Huerta fuera dado a conocer al público, un destacado cardiólogo de la entidad señaló la posibilidad, de que, el deceso en cuestión, hubiese acontecido a consecuencia de negligencia en el tratamiento en los males del finado por parte de los profesionales responsables de atenderlo.

Haber sido ingresado a ortopedia a consecuencia de una fractura en la pierna que le quedaba, en lugar de a una unidad cardiológica en momentos en que dejaba traslucir una grave dolencia de tal índole derivado de la diabetes que le aquejaba, habría llevada aparejada, al decir del cardiólogo en cuestión, una práctica a la que no cabría calificar sino de abierta y clara iatrogenia profesional.

La máxima autoridad sanitaria en la localidad, de inmediato, conminó al declarante a guardar total y absoluto silencio al respecto, recordándole , en una no tan velada amenaza vertida de manera por demás pública ante la prensa , que existían cuentas pendientes de su gestión en las instalaciones hospitalarias del estado.

Resulta curioso que, al paso del tiempo, cuando la gestión sustituta en el mandato de Gerónimo Miguel Barbosa Huerta está a semanas de concluir, el mismo cardiólogo que advirtió sobre la eventual iatrogenia que determinó el deceso del gobernante, hubiese protagonizado un episodio por demás lamentable.

Difícilmente resultaría acoplable la imagen de una eminencia de la fisiología y la práctica médica como lo fuera Ignacio Chávez, con la imagen de un hombre que durante la noche de conmemoración de “fieles difuntos” , arroya a un adolescente que conducía una motocicleta acompañado de una muchacha, conduciendo un lujo Porshe de su propiedad a exceso de velocidad , en sentido contrario al establecido en la señalización de tránsito y en presumiblemente estado de ebriedad.

Tampoco resultaría acorde a la imagen del ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México como al efecto lo fuera el referido cardiólogo Ignacio Chávez, que aquel hubiese acumulado un largo historial de fotomultas sin solventar debido a una manera atrabancada de conducir, ni tampoco que , tras el trágico incidente que tiene a un joven motociclista en una situación clínica por demás delicada, hubiese huido del lugar del siniestro, dejando en él a una mujer que le acompañaba, así como un disfraz y dos espadas, propias de un disfraz de “Halloween”.

Recuerdo que corría el inicio de la década del noventa, cuando el gobierno de México a cargo de Salinas de Gortari anunciaba la creación institucional de la “comisión de arbitraje médico”, anuncio que me pareció en su momento la entronización de un tribunal inquisitorial contra las profesionistas de la salud, hasta que, verdaderos conocedores de los intríngulis del gremio y de su relación con el poder estatal y social del país, llamaron mi atención para hacerme ver, que, tal sospecha , resultaba del todo precisa por lo que hace al médico que careciera de toda influencia, pero que, respecto a lo que en la jerga de la burocracia gremial suele llamarse “la mafia de bata blanca”, la referida institución habría de derivar en precisamente todo lo contrario.

Las arcanas reglas del poder social de un gremio llamado contradictoriamente a la vocación de servicio, fue desentrañada magistralmente por un galeno y novelista llamado Xavier López Ferrer, y reconfirmadas en el andamiaje de su funcionamiento en la adaptación que realizara José Revueltas de la trama de “El Rebozo de Soledad”; trama compuesta en los días en que el paradigma profesional de la medicina se erigía en torno a la atención de los males “contagioso-infecciosos” , abandonado por la actual generación para ser sustituido por el concerniente a la atención a los males “crónico-degenerativos”. Para, a su vez, quedar nueva y severamente cuestionado y en entredicho tras el surgimiento de la reciente pandemia de Covid-19.

Al formular en abril del 2010 un proyecto de iniciativa de ley para regular la llamada “medicina estética” en la legislación de salud de la capital del país que presentara el legislador del Partido del Trabajo José Arturo López Cándido, me enfrenté , nuevamente, al complejo entramado que la legislación referente a la salud encierra en el marco de nuestro Derechos Constitucional y Administrativo, tal y como lo habría hecho años atrás, al formular otra iniciativa en materia de “plantas medicinales” para la entonces novel representación política de la Ciudad de México.

Entramado legal por demás acorde a un abigarrado complejo de intereses políticos y sociales que permiten las compras de silencio, en transcursos de tiempo tan relativamente breves, que bien pudieran abarcar una gestión sustituta que, comenzando con la entronización de un gobernante en clara contravención a los requisitos constitucionales de elegibilidad, y tras el deceso de un gobernante que no se indaga por la autoridad competente pese a la existencia de “notitia criminis” en relación con el mismo; finaliza en una grave crisis de inseguridad y violencia emblematizada por el asesinato de un guarda vía en las afueras del tempo de San Judas Tadeo precisamente en el que la grey conmemora al santo de su devoción.

Brevedad de plazo en el que bien puede socavarse la conciencia de un hombre o el juramento mismo de los sacerdotes de Hipócrates y, en cuyo transcurrir, se ha ido de la asignación de contratos de obra signado mediante el más oneroso instrumento de financiamiento que hombre alguno pudiera imaginar, a la abierta falsificación de documentos de identidad justificando el paso de migrantes provenientes de China o de América del Sur en lo que bien podría ser una red infame en el trasiego internacional de seres humanos , en tanto que, el titular del mando, se apresta a asumir como breve comisionado de migración, el regalo envenado que, como a MacBeth en la trama shakespeareana, le brindan en los bosques quienes han trazado ya lo que bien puede avizorarse como un infame y lamentable destino. ¿Qué habrá sido del “Protocolo de Avicennia”?

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