Un Golpe de Estado, podría definirse como el levantamiento, ya sea armado o civil, contra el orden legal que existe en el conjunto de una nación, con la intencionalidad de cambiar dicho orden legal, al margen de esa legalidad establecida, utilizando métodos fraudulentos o violentos.

La actualidad del panorama político español, podría inducir a pensar que se ha producido un Golpe de Estado, en toda regla, el cual se ha ido cuajando durante las tres últimas legislaturas, en las que ha gobernado España, una coalición de partidos de izquierdas, e independentistas.

Para ello, como hemos sido informados por los medios de comunicación, sobre todo de aquellos medios que han conseguido una mayor independencia, se ha ido, paulatinamente, tomando el control de órganos vitales del Estado, así como de Empresas estratégicas, para facilitar la toma de decisiones, tanto ejecutivas como legales, las cuales, aun yendo en contra, o siendo de dudosa constitucionalidad, lograran un vuelco solapado, en el cariz de la jurisdicción española, dentro de la cual, la vigente Constitución de 1978, pasara a convertise, prácticamente, en un cascarón inoperativo.

Pero esto no ha terminado, porque continúa la acción del Poder Legislativo, controlado por la coalición gobernante de la izquierda, que pretende formar un cerco defensivo contra las actuaciones del Poder Judicial, tratando de poner orden en la ilegalidad subrepticia en la que está instalado el Gobierno, al menos, en una parte del mismo, como se ha venido sabiendo por diversos casos gravísimos, que afectan, de manera eminente, al presidente Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Se intentan colar las meras sospechas de criminalidad en el Estado, como delitos de odio, o meros bulos, en una presunción demasiado presunta, de santidad y de ausencia completa de mácula, en los órganos políticos del Estado, a los que sabemos, no solo potencialmente corruptos, sino que han estado corrompidos, y, a día de hoy, algunos de ellos se encuentran en procesos judiciales por corrupción.

Se intenta evitar que el sistema judicial español, sea capaz de investigar los presuntos casos de corrupción que puedan surgir, para, de tal manera, afianzar el presunto Golpe de Estado que podría estarse fraguando.

El mantra que repite la izquierda, una y otra vez, es que la Oposición política, partidaria de la continuidad constitucional, pretende usurpar el poder, fuera de la legitimidad electoral. Sin embargo, nunca deberíamos olvidar que, un Gobierno como el actual, sumido en un mar de procesos judiciales, particularmente concentrados alrededor de su presidente, ya ha perdido la legitimidad democrática para continuar gobernando, y, según los usos éticos de la democracia, debería haber dimitido, y haber anticipado las Elecciones Generales.

FRAN AUDIJE

Madrid, España, 6 de diciembre del 2024
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