(Sexta y última parte)

Municipios Libre de corrupción
Mario Ensástiga Santiago
Morelia, Michoacán, 10 de febrero de 2025

Con esta colaboración termina la serie de colaboraciones relativas a los temas estratégicos mínimos que los gobiernos municipales comprometidos con el segundo piso de la 4T, temas que necesariamente desde mi punto de vista deben operar en función de las posibilidades y limitaciones que sus facultades y funciones constitucionales les permitan; el tema de esta colaboración es el de la corrupción en los gobiernos, poblaciones y territorios municipales, meta/problema que junto con el de la seguridad (construcción de paz para los municipios), son sin lugar a dudas por sus causas y consecuencias los más complicados de resolver por los 2478 municipios que actualmente tenemos en México, de ahí la importancia estratégica de la eficiente coordinación entre los tres órdenes de gobierno, federación, estados y municipios, no hay de otra.
El abordaje de la corrupción es un tema por demás complejo, estructural y multifactorial que por décadas ha echado raíces muy profundas en la vida cotidiana de nuestra sociedad, temática global que constituye un verdadero lastre para realizar las grandes transformaciones que México necesita para generar mejores condiciones de vida para la mayoría de las familias mexicanas.

Existen un importante conjunto de elementos a analizar desde la perspectiva social, económica, cultural, ambiental y política, sin embargo, no me detendré en las definiciones teórico conceptuales de la corrupción, hoy día, la corrupción no se limita sólo a la idea de tomar dinero ajeno u obtener privilegios o beneficios personales fuera de las normas y leyes establecidas, durante las últimas décadas la corrupción ha adquirido nuevas formas, dimensiones y enfoques; por el momento me parece más útil hablar de cuestiones concretas a impulsar y resolver por los gobiernos locales.

El tema de la lucha contra la corrupción es central en la visión de la 4T, Andrés Manuel López Obrador señaló con toda claridad desde un principio en diciembre del 2018 en que arribo a la Presidencia de la República, que la corrupción es la causante principal de los grandes problemas que actualmente padece México, cuestión que se ratificó como una tarea sustantiva del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, es evidente que durante todo el sexenio obradorista se emprendieron importantes esfuerzos de combate a la corrupción en los más diversos frentes, es justo reconocer que hubo importantes avances que frente a la magnitud del problema, se requiere seguir trabajando en la perspectiva global e integral de mediano y largo plazos.

Veamos algunos datos sobre la situación de la corrupción en nuestro país, el reporte de finales del 2024 del Sistema Nacional de Anticorrupción: Análisis y Perspectivas desde la Fiscalización 2023, señala que en el 2022 México se colocó en el lugar 126 de 180; el dato de Transparencia internacional sobre el índice de corrupción, México ocupa el lugar 31 de 100 países; el índice del estado de derecho en el 2023 en los estados de la república de acuerdo a World Proyect, señala que los primeros lugares lo ocupan Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y los últimos Guerrero, Edomex y Morelos, Michoacán ocupa el lugar 22, me llama la atención que los primeros lugares son entidades que gobierna la derecha y los peores la izquierda.

El porcentaje del Barómetro de la corrupción en América Latina y el Caribe en el 2023, Venezuela tiene el 87 % y México el 44 %, México se mantiene estancado en 31 puntos y ocupa la posición 126 de 180 países, por otra parte, México es el país peor evaluado de los países que conforman la OCDE, por cuarto año consecutivo nos hemos mantenido con la misma calificación de 31 puntos en la escala de cero a 100, Transparencia Internacional nos ubica en el lugar 126 de los 180 países evaluados.

Los datos del INEGI del 2023 en relación al grado de percepción de confianza de la sociedad, la mayor confianza se ubica en los familiares (87.4%), las universidades públicas (78.7%), las escuelas públicas de nivel básico (78.5 %), compañeros del trabajo (75.6%). ejército y Marina (71.5%, gobiernos municipales (49.9%) y los peores calificados son los partidos políticos (28.9%), ministerios públicos y fiscalías estatales (38.6%), Cámaras de Diputados y Senadores (34.5%), policías (37.1%) y Sindicatos (38.5%).
En relación a personas que experimentaron algún tipo de corrupción, con la seguridad pública (59.4%), para abrir una empresa (27.5%), trámites relacionados con la propiedad (23.5%), pagos y trámites o solicitudes (21.2%), Ministerio público y fiscalía estatal (21.2%) y trámites municipales (18%).

Las formas más comunes de la corrupción en los gobiernos municipales se presentan en: gastos en temas no prioritarios (autos de lujo, viáticos, festejos, viajes, celulares, oficinas y mobiliario suntuosos; etc.), aumento de salarios y privilegios, moches, sobrecostos de las obras públicas y equipamiento, por permisos y autorizaciones ilegales, nepotismo, favoritismo, aviadores e incorporación de personal no calificado, mal uso de recursos y bienes públicos, disposición de servidores públicas en actividades distintas a su función gubernamental, opacidad, ineficiencia, autoritarismo, negligencia, no cumplimientos de los horarios y cargas de trabajo.

Pero hablemos de algunas opciones para reducir la corrupción: Buen gobierno y administración; transparencia y rendición de cuentas; leyes y reglamentos adecuados; inteligencia institucional, controles adecuados y evaluación de los proyectos y personal; selección y formación ética de las personas del funcionariado; mecanismos adecuados de denuncia, investigación, corrección y sanción; vinculación con la Agencia Federal y estatal de anticorrupción; vigilancia Ciudadana y mecanismos de incidencia social.

Otras cuestiones importantes son el impulso de instancias municipales para prevenir y combatir la corrupción como los observatorios ciudadanos; contralorías ciudadanas; contralorías municipales; comisiones de transparencia; fiscalías especializadas; auditorías públicas; Comisiones municipales de ética y tribunales de justicia administrativa

En definitiva, necesitamos el cambio de paradigmas. Del combate a la corrupción a la consolidación de la ética pública, revisar y actualizar los Bandos de Policía y Gobierno y reglamentación municipal, Manuales de Organización, Procedimientos y trámites, que incorporen los valores éticos, mecanismos y el compromiso con la prevención y el combate de la corrupción, que garanticen los procesos de denuncia, investigación, corrección y/o sanción. Mucho trabajo por delante sin duda.

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