Obligar a que Cataluña y Euskadi permanezcan en España, nunca ha sido rentable para nuestro país, hablando en términos económicos. Si tratamos el tema desde el punto de vista patriótico y sentimental, tampoco sale bien parada España, porque estamos manteniendo a dos pueblos, el catalán y el vasco, que están sufriendo un malestar continuo por no poder independizarse. Malestar, que provoca una mala imagen de España en el mundo, y, en el interior de nuestra nación se resiente la cohesión del pueblo español, globalmente hablando, además de otros males que padecemos, por empeñarnos en no celebrar un referéndum de autodeterminación, haciendo honor a la más elemental ética democrática.

Para que vascos y catalanes se queden, estamos sobornando a estas dos regiones. Les sobornamos claudicando ante las competencias centrales del Estado, las cuales, privilegiadamente, les van siendo concedidas, para evitar que se bloqueen las tomas de poder, y las permanencias en el mismo, de los partidos hegemónicos, puesto que sus votos electorales, por artificio de la ley de cálculo, D’ont, valen más que en el resto de España, y, en consecuencia, les otorga más representantes ante las Cámaras legislativas, constituyéndose, los partidos nacionalistas, en bisagras o en llave para la gobernabilidad.

Ser bisagra política, significa que se tiene que negociar contigo para que se abra la posibilidad de establecimiento de un Gobierno. Los nacionalistas, entonces, muy astutamente, y sin tener en cuanta al resto de regiones, por las que poco aprecio guardan, negocian mediante chantajes, condiciones leoninas para facilitar el gobierno de la nación. Es decir, que obligan a ser tratados privilegiadamente, tanto en concesiones de poder, como en inversiones y en dinero.

Lógicamente, esos privilegios obtenidos por ser bisagra, no salen de una chistera de mago, sino que son detraidos del resto de nuestro país, padeciendo una especie de dejadez y de olvido, por parte gubernamental, que es, simplemente, el recorte de presupuestos correspondientes al desarrollo de Andalucía, Extremadura, ambas Castillas, Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón, Cantabria, Baleares, Valencia, Murcia, y Canarias, con el fin de ceder al chantaje nacionalista, sin lo cual no se podría gobernar España, y se abonaría una revolución independentista muy delicada.

El sistema de cálculo D’ont, el cual traduce los votos electorales, en diputados y senadores, es el origen de todo esto, en un precepto constitucional, que, durante la confección de la vigente Constitución de 1978, fue impuesto por los nacionalistas, y se tuvo que acatar este error, de modo que fuera posible el consenso para la llegada de la Democracia.

Por tanto, y visto el panorama, a España no le vendría mal una segunda transición, para terminar lo que se dejó a medias, y subsanar los errores que se tuvieron que aceptar, por cuestiones imperativas del consenso que posibilitara la Democracia, la cual, en aquellos momentos históricos, contaba con grandes enemigos, siendo acuciante un acuerdo que sacara adelante la Constitución de 1978, bajo la cual hemos conseguido que funcione la democracia, sin perjuicio de algunas importantes disfunciones en la misma, como serían el excesivo poder nacionalista, la inexistencia de separación de poderes, o la excesiva capacidad de autoritarismo del Poder Ejecutivo.

FRAN AUDIJE
Madrid, España, 5 de marzo del 2025
Fotografía Facebook.
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