Por Juan Pérez Medina.

Morelia, Michoacán, 13 de abril del 2025

El ejercicio de gobierno de Alfonso Martínez Alcázar ha sido una oportunidad para beneficiar a sus amigos y, naturalmente, para beneficiarse él. El negocio principal, sin ser el único, ha sido el de la construcción. Ahí varios de sus correligionarios han intervenido, ya sea como responsables de obra o bien, en el sello distintivo de su gobierno: como desarrolladores habitacionales.
Es un rumor permanente que muchos de esos desarrollos vienen siendo parte del negocio de Alfonso Martínez por medio de varias empresas en donde es el socio principal y en algunas, de plano, se ha hecho de un prestanombre.
El número de nuevos desarrollos habitacionales brotan de un día para otro en la Ciudad ya sea como de interés social o en sendos desarrollos residenciales, que últimamente se han situado en los alrededores como fraccionamientos campestres de enorme plusvalía, afectando notoriamente el medio ambiente de Morelia, aunque al parecer, eso es lo que menos importa.
Este negocio que es altamente rentable ha contado con la venia y complicidad de las autoridades municipales que otorgan a diestra y siniestra permisos y licencias para fraccionar, sin importar que junto con ello vayan sembrando problemas posteriores que ya se reflejan y tendrán un alto costo para los habitantes.
El problema central a que se enfrenta Morelia desde hace años es el de la falta de agua. Son cientos las colonias y miles las familias que no cuentan con el servicio de agua potable que es un derecho humano fundamental.
Es verdad que no pocos de estos asentamientos son irregulares y el gobierno municipal se escuda en esta situación para intentar esquivar la obligación de otorgar agua y el resto de los servicios a las familias que allí viven; pero ese argumento no basta, sobre todo cuando, insisto, brotan fraccionamientos nuevos dañando el entorno y con el compromiso de dotarlos de agua, negándoselas a otras. Mientras éstos florecen, las colonias languidecen y su exigencia se pierde en la indiferencia de quienes usufructúan el negocio inmobiliario de la mano del actual presidente.
Muchos de estos negocios son un fraude. Se ofrecen de una manera y acaban siendo de otra más limitada y, en donde el agua es el problema. Porque no hay más agua que la ya existente e, incluso, cada día hay menos ante las condiciones de sequía de los últimos años.
Pero eso no importa. Pues al parecer, la constante es que mientras se pueda hacer negocio se seguirá otorgando concesiones, aunque signifiquen negar el agua a quienes hoy no cuentan con ella. El enorme desarrollo de Altozano, por ejemplo, ha significado la disminución de agua para las colonias adyacentes ya instaladas con muchos años atrás y que hoy ante la exigencia de la gente, el ayuntamiento las dota de agua en pipas -si tienen suerte-, al son de una por cada cuatro o cinco familias a la semana. Pero incluso, el propio desarrollo ya presenta una importante disminución del flujo de agua y aún se sigue construyendo. Aquí no aplica la famosa máxima jurídica de que quien es primero en tiempo es primero en derecho y, conforme a la lógica del sistema, se aplica aquella más contundente del poder económico.
Los amigos del presidente han aprovechado esta circunstancia para aumentar sus negocios y fortuna. Así les ocurrió a los vecinos del desarrollo habitacional de “Ríos Mexicanos” que cuenta con 498 lotes, que supuestamente y, de acuerdo con los contratos de compraventa, gozarían de todos los servicios. Ha más de 15 años las personas que adquirieron un lote, que se ofertó como fraccionamiento residencial, siguen careciendo de ellos, considerados como derechos humanos, sobre todo el derecho a contar con agua potable.
Este desarrollo fue vendido por Eduardo Flores Vizcaino a partir de 2007, muy cercano al equipo del actual presidente. La esposa de éste – Arquitecta María Elisa Garrido Pérez-, fue en el trienio de 2015 a 2018 regidora del ayuntamiento que encabezaba Alfonso Martínez Alcázar. A la muerte del desarrollador siguió al frente su hijo José Eduardo Flores Garrido quien terminó de vender o revender y promovió su municipalización. Al término de ese periodo el fraccionamiento fue municipalizado, pero ocurrió algo insólito, pues quien hace entrega del desarrollo es el comisariado ejidal de ejido “Los Laureles”, el Licenciado Rodrigo Luengo Salivie, desapareciendo el carácter de fraccionamiento residencial y estableciéndolo como de “interés social”. Cabe mencionar que el terreno en donde se asienta el desarrollo habitacional “Ríos Mexicanos”, formaba parte del ejido de Santa María de Guido, pero al final entregó el comisariado ejidal de “Los Laureles” como ya lo he mencionado. Da la casualidad de que Luengo Salivié quien entrega al ayuntamiento el fraccionamiento para su municipalización, en ese entonces comisariado ejidal, en 2021 resultó electo Regidor del ayuntamiento, como parte del equipo de Alfonso Martínez Alcázar.
De este enorme negocio con olor a suciedad, también forman parte los desarrollos habitacionales de “La Ciudadela” con 915 lotes y “Arcos del Valle” con 240. Más de 1500 personas defraudadas con la complicidad del presidente municipal. Una enorme rede de complicidades han enmarañado esta situación con la afectación de sus compradores.
Los amigos de presidente gozan de cabal salud, mientras sus víctimas no encuentran más que oídos sordos en el gobierno de Alfonso Martínez. Como este caso, hay muchos. La ambición los está llevando a sacrificar la sustentabilidad de la Ciudad. Tómelo en cuenta cuando abra la llave y no salga el agua.
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