Desde hace dos años, el que suscribe este artículo viene denunciando ante los juzgados de instrucción, en la madrileña plaza de Castilla, presuntas violaciones de los derechos humanos, por parte de la élite del poder en el Estado español, concretamente, sospechamos que son impulsadas desde el Poder Ejecutivo, y que el responsable principal es el propio presidente del Gobierno español, al mando de una organización político-criminal, que opera a la sombra del poder en España, aprovechando las instituciones públicas, y los cuantiosos recursos del Estado.

Aunque el origen de estas violaciones se retrotrae al año de 1988, cuando la víctima era un adolescente que estudiaba la carrera de Derecho en Madrid, desplazado de su hogar en la capital cacereña, lugar de residencia familiar, ha sido durante las legislaturas en las que ha presidido el Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, cuando se han producido, y se están produciendo, las violaciones de mayor calado, hasta la lesa humanidad, que incluyen, tortura a distancia, con presuntos medios tecnológicos militares, y un acoso constante y continuo, allá donde se encuentre la víctima, o desarrolle su vida, la cual se trata de aislar y de marginar, utilizando estrategias fraudulentas, en una persecución bastante agresiva, que se trata de hacer pasar por una enfermedad mental, puesto que las manifestaciones sintomáticas que presenta la víctima, son susceptibles de interpretarse como algo patológico, cosa que se da por hecho, por pura comodidad, y porque la víctima se ha visto completamente indefensa, ante tamaño abuso, muy bien escamoteado, y justificado como enfermedad desde los medios oficiales.

El móvil que estamos denunciando ante la judicatura, y ante la Corte Penal Internacional, es el de la perversión moral, a la que se pretende forzar a la víctima, mediante un acoso sexual continuo, en el que se le trata de abocar a ejercer la prostitución, en un primer lugar, para, posteriormente, hacer que se vaya entrando en los vicios asociados a este tipo de vida denigrante para un ser humano, de modo que se acabe por destrozar y destruir la vida de esta persona, como señalamos, de manera forzada, e incluso, violenta, puesto que se utilizan métodos de tortura literal, y un acoso bastante agresivo, que invaden todos los momentos de su cotidianidad, de forma que se produce, en la práctica, una esclavización, puesto que se están vulnerando los derechos más fundamentales, contemplados desde la vigente Constitución de 1978, y el Derecho español y de la Unión Europea.

Continuamos solicitando, pues, una exhaustiva investigación, sobre estas presuntas violaciones de los derechos humanos, hasta la lesa humanidad, de modo que se aclaren las fundadas sospechas que venimos formulando ante los Jueces de las más altas instancias.

En una democracia, nunca se debería consentir que nadie se tomara la justicia por su mano, puesto que existen mecanismos para que los ciudadanos podamos defendernos de cualquier tipo de delito, de manera pacífica y civilizada, como son los medios jurídicos puestos a disposición por el Poder Judicial, cuya independencia es fundamental para que sea posible llevar a cabo una defensa de la honradez y de la concordia en una nación, que siempre implica perseguir a la criminalidad, venga de donde venga, y aunque nos duela que la misma provenga de líderes políticos con los que simpatizamos.

La impunidad, y, sobre todo, si esta proviene de una criminalidad organizada desde el poder del Estado, la debiéramos denunciar todos, sin ambages ni excusas, porque, si se violan los derechos más fundamentales de una sola persona, significa que nadie está a salvo de caer víctima de idénticos abusos. Hoy soy yo el violado, pero, mañana, podría ser cualquiera, si permanecen impunes semejantes delitos.

FRAN AUDIJE
Fotografía Facebook.
Madrid, España, 25 de mayo del 2025
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