Por Jaime Martínez Veloz

Guadalupe Tepeyac – San Quintín – Ocosingo: un camino para la Dignidad

En el corazón de la selva chiapaneca, entre caminos de lodo y cielos que no llegan al centro del poder, permanece suspendida una promesa: la construcción de los 172 kilómetros de carretera que conectaría a Guadalupe Tepeyac, en el municipio de Las Margaritas, con el poblado de San Quintín y de ahí hasta Ocosingo.

No es una obra técnica. Es una demanda histórica. Es un puente entre el abandono y la justicia.

Aquí, donde nació el zapatismo, no por ideología sino por hambre y enfermedad, las comunidades siguen esperando lo que debería ser básico: atención médica, caminos transitables, educación digna, posibilidad de sembrar sin perder la cosecha en la ruta.

En Guadalupe Tepeyac y sus alrededores, más del 70% de la población vive en pobreza, muchas de las viviendas no tienen acceso a agua potable ni servicios sanitarios, y las fuentes de empleo son mínimas, casi inexistentes.

Los indicadores son tan crudos como persistentes:

Analfabetismo por encima del 20% en zonas rurales. Mortalidad materna e infantil superior al promedio nacional, agravada por la falta de traslados urgentes.

Presencia médica fragmentada o nula: en algunas comunidades no hay ni siquiera personal de enfermería permanente.

Altos niveles de desnutrición infantil, con consecuencias irreversibles en el desarrollo cognitivo. Desplazamientos de horas o días para acceder a una escuela, un hospital o un mercado.

Esta carretera es más que asfalto. Es una infraestructura de vida.

Su construcción traería impactos positivos de gran alcance: Impacto social: permitiría integrar decenas de comunidades hoy desconectadas, fortaleciendo el tejido comunitario, reduciendo la migración forzada y facilitando el acceso a programas sociales, servicios de justicia y participación cívica.

Impacto en salud y educación: acortará drásticamente los tiempos de atención médica y facilita la llegada de maestros, materiales y mejoras escolares.

También permitiría la instalación de unidades móviles de salud y campañas de vacunación más amplias. Impacto económico: abriría rutas para la comercialización del café, la miel, el maíz, las artesanías y otros productos de la región, fortaleciendo la economía local sin despojar ni contaminar.

Favorece cadenas de valor con justicia para el productor. Impacto ambiental positivo: al ofrecer alternativas de asentamiento y productividad fuera del núcleo de la Reserva de Montes Azules, ayudaría a preservar la selva, canalizando el desarrollo hacia zonas definidas, con participación y planeación sostenible.

Pero además, este tramo tiene un valor eminentemente simbólico: recorrerlo es reconocer el origen de una insurrección que fue, ante todo, una exigencia de dignidad.

Aquí surgió un movimiento que obligó a la nación a voltear los ojos hacia los pueblos indígenas. Ignorar este camino es ignorar esa historia.

Es negar que hubo una palabra firmada —los Acuerdos de San Andrés— que sigue sin cumplirse.

Esta carretera no es un lujo ni una dádiva: es una deuda estructural con pueblos que nunca dejaron de sembrar memoria ni esperanza, incluso caminando descalzos.

Una obra de 172 kilómetros, sí. Pero también una señal de país.

Una línea trazada no sólo sobre la tierra, sino sobre la conciencia de quienes hoy tienen en sus manos la responsabilidad de actuar.
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