Sanciones a Francesca Albanese por sus informes sobre el genocidio en Gaza
SM Rico
En un movimiento que ha generado críticas y debate a nivel internacional, Estados Unidos ha anunciado la imposición de sanciones contra Francesca Albanese, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967. La decisión, hecha pública por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, el miércoles 9 de julio de 2025, se basa en lo que Washington describe de manera ridícula como: «esfuerzos ilegítimos y vergonzosos» para impulsar acciones de la Corte Penal Internacional (CPI) contra funcionarios, empresas y ejecutivos estadounidenses e israelíes.
Albanese, una abogada y académica italiana especializada en derechos humanos, ha sido una voz clara sobre las acciones militares de Israel en Gaza, llegando a calificarlas como genocidas. Su reciente informe, «De la economía de ocupación a la economía de genocidio», nos aclara la complicidad corporativa en las acciones de Israel y ha sido un punto clave en la escalada de tensiones. En este informe, Albanese menciona a docenas de entidades, incluyendo grandes empresas estadounidenses, acusándolas de beneficiarse de lo que describe como: un «proyecto de colonización de colonos» y una «economía de genocidio» en Gaza.
Las sanciones, en venganza por evidenciar estos hechos, prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar negocios con Albanese. El secretario Rubio declaró que la «campaña de guerra política y económica de Albanese contra Estados Unidos e Israel no será tolerada», y reafirmó el apoyo de EE.UU. a lo que ellos llaman: “el derecho de autodefensa de sus aliados”. Esta medida sigue a una campaña de presión por parte de Estados Unidos para que el organismo internacional la retire de su puesto, argumentando un «patrón de antisemitismo virulento y sesgo anti-Israel implacable».
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La decisión estadounidense ha provocado diversas reacciones. La propia Albanese ha desestimado las sanciones como «técnicas de intimidación estilo mafia», y ha reafirmado su compromiso con su trabajo. Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha pedido la «pronta anulación» de las sanciones, señalando que el uso de sanciones unilaterales contra relatores especiales sienta un «precedente peligroso» y que los Estados miembros deben «dialogar de manera sustantiva y constructiva» en lugar de recurrir a medidas punitivas. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional también han condenado las sanciones, viéndolas como un intento de silenciar a una experta de la ONU por hacer su trabajo.
Por su parte, Israel ha rechazado enérgicamente las acusaciones de Albanese, calificando sus informes de «legalmente infundados, difamatorios y un abuso flagrante de su cargo». El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, celebró la acción de Estados Unidos, afirmando que la «campaña implacable y sesgada de Albanese contra Israel y Estados Unidos ha cruzado la línea de la defensa de los derechos humanos a la guerra política».
La imposición de estas sanciones subraya las crecientes tensiones geopolíticas en torno al conflicto en Gaza y el papel de los mecanismos de derechos humanos de la ONU. La comunidad internacional permanece pasiva a las implicaciones de esta acción, que podría sentar un precedente sobre la independencia de los relatores especiales y la respuesta de los Estados a las críticas en el ámbito de los derechos humanos.
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