Durante los últimos días, se viene desplegando un discurso bastante infame, por parte de representantes radicales de la ultraizquierda, como son Irene Montero y Pablo Iglesias: que si van a echar de España a los que ellos llaman «fachas», que si se tendrán que ir de España, como lleguen al Gobierno los «fachas».

Todo el tiempo a vueltas con los «fachas», unos representantes políticos, que viven del Erario Público, es decir, de la contribución económica al manteniento de la nación española, por parte de todos los ciudadanos del Reino de España, nuestro país, a una buena parte de los cuales insultan y ofenden, y, lo que es peor, les amemazan con su expulsión de su propia casa, creando una alarma social, cercana al delito, si no lo es en sí mismo.

A estos radicales, como a cualquier otro, se les debe recordar que vivimos en un Estado de Derecho, miembro de la Unión Europea, y que en España no existen, o no deberían existir, esclavos.

En un Estado de Derecho, donde cunda la justicia del respeto a los derechos humanos, y a la dignidad de las personas, nadie tiene derecho a remover de su casa a nadie, menos todavía, claro está, sin alegar causa justificada desde la legalidad, y blandiendo amenazas llenas de agresividad, sin ningún otro sentido que el odio y el ánimo de venganza, de quien se toma la justicia por su mano.

Si tienen algo en contra de quien sea, les rogamos que utilicen la vía judicial habilitada al efecto, desde la Constitución y las leyes vigentes, esperando, desde luego, que no lleguen a ostentar tanto poder como para hacer modificación legal alguna, que pueda lesionar los derechos humanos, y la dignidad de ningún ciudadano español.

Españoles somos todos los ciudadanos, que hemos ostentado la ciudadanía del Reino de España, por las vías legales del Derecho de Sangre, y del Derecho de Suelo. Usurpar la ciudadanía de cualquier español, lesionando derechos tan fundamentales, como expulsarle de su casa, o dejarle sin alimentos, es un crimen de muy alta traición, se encuentre tipificado exactamente en estos términos, o no.

Estamos hablando de amenazas muy graves, que vulneran derechos humanos, y que deberían ser analizadas desde las instancias judiciales de la Unión Europea, puesto que ponen en peligro la seguridad ciudadana, y la integridad de una nación como el Reino de España, miembro de esta Entidad supranacional de Estados, distinguida como adalid de los derechos humanos en el mundo, al menos desde la teoría.

FRAN AUDIJE
Fotografía Facebook
Madrid,España, 8 de febrero del 2026
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