Por Martín G. Iglesias

Fotografía redes sociales

Quintana Roo 18 de febrero del 2026

Caso Tulum, para no repetirse

Lo que sucedió en Tulum en estos últimos meses, debe ser un ejemplo para que no suceda más en ninguno de los municipios turísticos, las autoridades federales no midieron el daño local que harían al tomar a su cargo la administración de los bienes de la nación, me refiero a la Zona Arqueológica y a la playa del Parque Nacional, que prácticamente fueron privatizados.
Pero no solo eso, sino que también el “secuestro” de la administración municipal por un grupo de personas, encabezadas por la familia Miranda Miranda, pues dos de sus integrantes, han estado las tres últimas administraciones con daños a la imagen del destino y a la administración pública.
Si bien es cierto que en la primera etapa Diego Castañon Trejo llegó a la presidencia Municipal por circunstancias especiales, no pensó que fuera víctima de quienes manejaban el poder a su antojo, pensando primero en lo económico que en el bienestar de los tulumnenses y los visitantes.
Vayamos por parte; cuando Diego Castañon asume el cargo de Presidente Municipal, 8 de marzo de 2023, Antonio Miranda era el Oficial Mayor, o sea el encargado de las compras e insumos para el funcionamiento de la administración municipal; su hermano Lorenzo, despachaba en la Dirección General de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. En septiembre de 2024, al tomar protesta como Presidente Municipal, el alcalde nombra a Antonio Miranda como Tesorero; pero esto fue parte de la negociación que los Miranda hicieron, según ello, para recuperar lo invertido en campañas.
Desde esas fechas y dos años después, el comentario de los tulumnenses es que los Miranda no eran personas honestas, pues presuntamente desviaban recursos de las arcas de Tulum para sus asuntos personales, al grado de tener propiedades en Yucatán (como la Peña Taurina) y en Quintana Roo. Pasaron muchos años para que la administración de Diego Castañon pudiese librarse de estos oscuros personajes.
Pero los Mirandas son estrategas políticos, así que de manera inmediata buscaron cobijo en otras fuerzas políticas, para que sus “pecados” no fuesen castigados; Bernabé Antonio Miranda Miranda se afiló al Partido del Trabajo (PT) protegido por la síndico Rifka Queruel Nussbaum y; el pasado 11 de febrero, Bernabé Lorenzo Miranda Miranda, rindió protesta como coordinador del movimiento morenista “Construyendo el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”.
Las preguntas aquí son: ¿quedará impune el presunto saqueo realizado a Tulum por parte de los Miranda?, ¿Contraloría Municipal y del Estado no investigarán estos presuntos actos?, ¿por qué permitieron que los Miranda violaran las leyes medioambientales como la de Ordenamiento Ecológico?, entre otras más.
Lorenzo no puede ni debe irse impune, su vida privada es irrelevante, pero su vida pública sì tiene que responder por todos los permisos entregados para la edificación, construcción u operación de fraccionamientos; no puede pasar por encima de la ley, pues a todas luces violó la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Quintana Roo (LAHOyDU), así como de la aplicación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable (Pmotedus) de Tulum.
Recordemos que, en mayo del 2021 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desconoció el Pmotedus Tulum como instrumento para planificación territorial porque “el Programa presenta graves faltas e incongruencias que propician el deterioro ambiental del municipio y del estado de Quintana Roo”.
Con sus autorizaciones, permisos y concesiones de construcción, Lorenzo Miranda violó derechos fundamentales de nuestra Constitución como el derecho humano a un medio ambiente sano, el derecho humano al agua, así como el derecho al desarrollo urbano controlado y sustentable.
El caso de Tulum no puede repetirse en Quintana Roo, ¿qué quiero decir?; que los municipios deben permitir que se viole su autonomía por otros niveles o poderes del Estado. La administración pública no es feudo de una familia, por mucho que haya participado, con dinero o promoción del voto, en una campaña política. Ahí se las dejo…

SASCAB
Por cierto, se les acabará el chance a las y los acosadores, porque la Cámara de Diputados aprobó, sancionar con prisión el acoso sexual y el acecho. Se impondrá pena de uno a tres años de prisión y hasta seiscientos días de multa a quien con fines lascivos acose o intimide de manera reiterada y por cualquier medio, causando a la ofendida algún daño o sufrimiento psicoemocional, que lesione su dignidad, o alguna alteración en el normal desarrollo de su vida cotidiana.
La pena aumentará hasta en una mitad cuando la conducta derive de relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación; se realice contra una persona menor de edad, adulta mayor, con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, o implique actos de vigilancia o seguimiento. El delito será perseguido a petición de la parte ofendida. Al tiempo…
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