Antonio TENORIO ADAME.

Las iniciativa de reforma constitucional del Ejecutivo, en materia electoral, se enviará este lunes 2 de marzo a la Cámara de diputados.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que: “ a todos los Diputados, senadores y regidores los elija el pueblo“. Destacó como elementos fundamentales de la reforma: la eliminación de las listas plurinominales, reducción del gasto a partidos y campañas, así como mayor democracia participativa con el voto electrónico; además, se propone la eliminación del cómputo seccional por el escrutinio de casilla.

Minorías por la réplica

A partir de la creación del Sistema del pluralismo de partidos de reforma electoral de la L Legislatura (1977), cada Presidente promovió su cambio político; así, el predecesor quiso superar a su antecesor, de manera que en media centuria el Estado mexicano cuenta con una decena de sistemas electorales.

La propuesta de la Presidenta es relativamente modesta, modifica la forma de elegir a los 200 diputados plurinominales y cancela la lista nacional de senadores electos,así como reduce el gasto electoral, además de transparentar el cómputo de votos.

De tal suerte que no es causa de su rechazo el alcance de los cambios propuestos a favor de una racionalidad cívica, sino que son los partidos de minorías los ejecutores de aprobar la iniciativa que los va afectar, quienes se resisten, con la salvedad de que, sin ellos, no hay mayoría calificada; por tanto, tampoco reforma aprobada…
Bien resulta aplicar el sonetillo sorjuanino: “Partidos necios que acusáis a la Presidenta sin razón etc,”.

Como es propio de una democracia, los cambios son impugnados; de las propuestas de cambio que manifiestan mayor resistencia se cuentan la de
1.Supresión del cómputo electoral por resultados de casilla;
2.Disminución en los gastos a los partidos y a las campañas y
3.Cambio en la forma de designar a diputaciones plurinominales.

Entre las propuestas en contra de realizar el escrutinio electoral en la casilla electoral se manifestó la presidenta del INE, Guadalupe A, quien argumenta que se cancela la revisión de actas electorales. Lo cual abre la disputa de ¿en dónde descansa la confianza,?: ¿en la mesa de votación, o, en la coordinación de distrito? Como, por otra parte, desde el interés del elector se siembra la duda cuando su voto sale de la casilla y corre el tiempo en ser validado.

En cuanto a las sumas de dinero erogadas hay inconformidad de las minorías por flagelarse sus ingresos, muchas veces derrochado o carente de su aplicación transparente.

La respuesta de inconformidad es abierta, pero negociable a márgenes de negociación.
Donde los pequeños son más vulnerables es en la pérdida de seguridad en las designación de sus senadores, diputados y regidores, cuyo “muro” representaba hasta ahora, la estructura vertebral del partido.

Derribar esa estructura significa perder la posibilidad de su vida orgánica formal y pasar a configurar una competencia abierta en la arena política, donde carece de medios y recursos humanos, como son comunicadores , líderes de opinión, ideólogos y actores sociales, para lo que no están preparados.

En cuanto a impedir la “tómbola”, o las “ acciones afirmativas”, la propuesta es muy valiosa, se trata de una recuperación de la representación de la democracia, al suprimir vicios de distorsión para recuperar categorías republicano de la ciudadanía.

Ahora la reforma implica que esos 200 lugares se distribuyan de la siguiente manera: 97, para los candidatos que no resulten ganadores, pero obtengan los mejores resultados de sus partidos; 95, para candidatos por quienes los electores voten directamente en una lista por cada circunscripción, y ocho para candidatos residentes en el extranjero.

La cancelación de la “lista nacional” reduce 32 senadores correspondientes a un procedimiento carente de representación ya que el principio de equidad entre las entidades de variada dimensión se establece a través de que, sin importar el tamaño de entidad, tenga la misma proporción de representes; es decir, tres por cada estado.

La contraréplica de Mayoría

En cuanto a los diputados plurinominal, se dijo en un principio que el número total de ellos se reduciría, e incluso se llegó a decir que desaparecerían. Es importante que el Congreso no se reduzca por esta vía, ya que existe el antecedente del primer imperio de Agustín de Iturbide, quien llevó a cabo la reducción del Congreso con el fin de tratar de impedir su caída.

Este hecho aborrecible basta para rebatir la propuesta simple de su reducción.
Ahora se conserva su número, pero se procede a elegirlos de distinta manera. Se trata de de otorgar la representación a 97 candidatos que obtengan los mejores resultados de su partido, sin ser ganadores, pero ocupen el segundo lugar, así como también 95 para candidatos elegidos directamente por los ciudadanos en una lista por cada circunscripción; mientras los ocho restantes serán para candidatos residentes en el extranjero electos directamente.

La Presidenta asegura dar más poder a los ciudadanos para definir quiénes llegan a esas diputaciones, en vez de que sean los partidos, ya que el reparto circular de posiciones generaban una “endogamia” de relevos entre funcionarios de partido, acompañada de nepotismo y compadrazgos, e incluso suplantación en las llamadas “acciones afirmativas”, como se denunció más de una vez.

El sistema de partidos funciona con precariedad de resultados, sin contribuir al pluralismo ideológico, sino, al contrario, quedó atrapado en la “partidocracia», cuya función principal es conceder sus votos a la mayoría oficial a cambio de posiciones federales en gobiernos locales, Congresos y municipios.

La fauna de arrastre de minoría asociada a la mayoría del Congreso se etiqueta como una “minoría de Estado”, como el caso del PVEM. Esta postura deriva en un “raquitismo ideológico” que impide a los partidos de minoría crecer, como tampoco son capaces de atraer a los electores a un compromiso a su partido electoral por no ofrecer ideas o propuestas que enlacen a la demanda de los ciudadanos, donde se reflejen en la agenda legislativa.

El proceso legislativo del Congreso enmarca la historia social de la nación expresado en las reformas en la Constitución.

Así ocurre en el noticiero de Aristegui Noticias, donde se afirma que: “El año 2024 marcó un punto de inflexión en la historia política y social de México, con la aprobación de cinco reformas constitucionales de gran calado que transformaron el panorama institucional del país”.

Entre todas, las cinco reformas destacaron por su impacto en áreas clave: la estructura del Poder Judicial, la reafirmación de la Supremacía Constitucional, la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la consolidación de programas sociales y la desaparición de órganos autónomos”.

Luego a pesar de la decena de reformas presidenciales puestas a prueba, no todas adquieren importancia y profundidad de calado, debido a los objetivo propuestos y consecuencias alcanzadas; de tal manera que las reformas liberales de Salinas y las once reformas estructurales de Peña Nieto son reformas regresivas a favor de la liberación y supremacía del mercado.

En tanto las reformas del obradorismo van en recuperación de las facultades originarias del Estado; por tanto, propician el acotamiento y regulación del mercado.

La declaratoria Constitucional

El problema que subsiste se localiza en la válvula de control del imperio a través de un modelo de desintegración del mercado a la órbita neoliberal financiera, a través de la deuda externa y demás mecanismos financieros, los que impactan en la dependencia del Estado al exterior.

De tal suerte que si se busca realmente favorecer al Estado nacional, como factor de equilibrio y de contención del desorden y abuso del mercado, es necesario que los cambios corregidos a las reformas neoliberales sean protegidos abriendo el cauce del referéndum, en caso de volverse a plantear su regresión. .

Que el soberano, el pueblo decida.