El objetivo político número uno, es el de llegar al poder, o acaparar el máximo poder que fuere posible. El objetivo político número dos, es el de perpetuar el poder en el tiempo, con los mínimos límites.

Sin embargo, llegada la democracia, estos dos objetivos se deben moderar y supeditar a unas reglas legales. El poder en la democracia deja de ser un objetivo por sí solo, puesto que cobra sentido más allá de una mera ostentación tiránica del mismo. Es decir, que el poder en la democracia, deja de estar al servicio del poderoso, para quedar al servicio de la ciudadanía. Por tanto, ya no es una cuestión de alcanzar el poder por alcanzarlo, sino que se trata de llegar al poder con un sentido ético y moral, de servicio a los ciudadanos, puesto que los mismos ostentan la propiedad de la nación. Ya no es propietario de los confines nacionales un monarca o un zar, sino que es soberano el conjunto de los ciudadanos, siendo aquellos por los que cobra sentido el poder.

El poder del pueblo, o de la ciudadanía, se ha hecho realidad ante las nuevas democracias producto de la Revolución Liberal. Es el pueblo el que manda, no ya la camarilla o el grupo de gobernantes de la nación, que solo ostentan el poder en virtud de una delegación que se les hace, por meras cuestiones operativas. Operatividad obvia, por otro lado, puesto que es imposible que una masa de millones de ciudadanos pueda ejercer un gobierno sobre sí misma. Es imprescindible la formación de un Gobierno, es decir, de un equipo de gestores sociales, que se ocupen de la resolución de los problemas y de la organización de la sociedad en su conjunto.

Todo ello, mediante una férrea sujeción a un Estado de Derecho, es decir, a un Estado organizado entorno a sistemas normativos de leyes, que marquen las pautas de actuación en los diferentes ámbitos sociales. Para que la sujeción a estos sistemas sea férrea, como hemos señalado, es necesaria la formación de órganos independientes que vigilen por la constante adhesión político-social al Estado de Derecho, de modo que la ley ostente una supremacía incuestionable, sobre cualquier otro criterio o hábito.

El conocimiento antropológico del hombre, nos lleva a establecer limitaciones y cauces, en la democracia, para que los poderosos se ciñan a unas reglas de actuación, guiadas por el sentido democrático que adquiere la política, compendiado en un principio máximo, como es el de servicio delegado a la nación. Que ya no estamos hablando, como en la Edad Media, de un poder omnímodo y centralizado en una sola voluntad, sino de un poder repartido y compartido, cuya directriz principal es la de lograr un bienestar o una felicidad en los ciudadanos de la nación.

Cobran una particular importancia, pues, nuevos valores a la hora de gobernar, como son los del diálogo, la escucha, el consenso, el respeto a un organigrama legal, fruto de las decisiones parlamentadas entre los diferentes representantes políticos de la sociedad. Deja de tener sentido el ordeno y mando, puesto que todo está ordenado y mandado ya, solo se trata de gestionar las cuestiones públicas, bajo las directrices acordadas de antemano, y bajo la vigilancia y el control de órganos especializados e independientes.

FRAN AUDIJE