Edén Ensástiga
Morelia,Michoacán, 11 de noviembre del 2025
El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado el pasado 9 de noviembre de 2025 en Palacio Nacional, es una señal política contundente tras el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo: el Estado asume la responsabilidad de recuperar territorio y comunidad, no sólo con despliegue de fuerza, sino con 12 ejes y una inversión superior a 57 mil millones de pesos. Que la Presidencia prometa seguimiento quincenal eleva el costo de fallar y abre una ventana para exigir resultados verificables. Es un buen punto de partida.

El plan reconoce una verdad incómoda: no habrá seguridad duradera sin justicia social. Por eso, además de más de 10,500 efectivos y capacidades de inteligencia, incorpora componentes de bienestar, infraestructura y empleo, entre otros. Esta mezcla —operativo + derechos— corrige inercias de planes que se agotaban en el patrullaje. Pero el diablo está en el cómo: sin métricas, sin gobernanza local y sin continuidad presupuestal, el entusiasmo inicial se evapora.

Aquí cultura deja de ser ornamento y se vuelve política de seguridad. El eje anunciado no es cosmético: 100 Coros en Movimiento para 5,000 niñas y niños; programación escénica con 3,000 creadoras/es y talleres para infancias y juventudes; convocatorias para 10,000 artistas y redes comunitarias para recuperar espacios públicos; además, el FCE desplegará lectura con 180 mediadoras/es, ferias en 17 municipios, gira del Librobús y 20,000 libros de “25 para el 25”. Esta arquitectura está bien pensada: forma talento, activa economías creativas locales y devuelve la plaza al barrio. Ahora toca convertirla en calendario, contratos y evidencias.

Antecedentes: lo que ya aprendimos (y no debemos repetir)

No partimos de cero. México, Cultura para la Armonía (2013–2015) intento posicionar el arte y la cultura como herramientas de reconstitución del tejido social, con convocatorias y despliegue nacional; en Michoacán se financiaron proyectos específicos y concursos estatales. Aprendimos que cuando hay reglas claras, bolsas concursables y procesos trasparentes, así como acompañamiento técnico, el impacto crece; cuando hay dispersión, opacidad o “eventitis”, se diluye.

En paralelo, PRONAPRED dejó una herencia metodológica valiosa (y a veces olvidada): diagnóstico territorial, definición de población objetivo, indicadores y evaluación. No era perfecto, pero insistía en medir causas y resultados, algo imprescindible si la cultura va a ser parte —no adorno— de una política de paz.

Más cerca en el tiempo, Cultura Comunitaria (2019–ya en el sexenio de AMLO) desplegó Misiones por la Diversidad Cultural, Territorios de Paz, Semilleros Creativos y Comunidades Creativas. Evaluaciones independientes han reconocido su pertinencia, pero señalaron retos de enfoque a resultados, logística y datos. Traducción: programar actividades es posible; probar que transforman inercias violetas requiere mejores datos. Ésa debe ser la vara del nuevo eje cultural en Michoacán.

Y hay un factor político que conviene subrayar: En la militancia del sector cultural de izquierda llevamos años empujando estos ejes. En 2021, artistas, artesanas/os y agentes culturales conformamos la Red Estatal para la Transformación Cultural por Michoacán en respaldo a la candidatura de Alfredo Ramírez Bedolla, con la intención de consolidar redes culturales comunitarias y recoger propuestas para el nuevo gobierno desde los 113 municipios. Ese impulso , que en términos prácticos no se tomó en cuenta en el nuevo gobierno y que se organizó en decenas de comités— mostró capacidad de articulación y maduración programática. Dicho de otro modo, los ejes no son nuevos; lo relevante es que por fin son escuchados (aunque forzados por la coyuntura )y encuentran una ventana de implementación y evaluación pública.

Lo que acierta el Plan (y por qué importa para el sector cultural)

• Territorializa la cultura: barrios, tenencias y comunidades como escenario de intervención, no sólo capitales culturales.
• Paga trabajo cultural local (programación, talleres, mediación de lectura): eso es empleo, no voluntariado encubierto.
• Conecta infancias y juventudes con procesos formativos (coros, lectura, talleres) que fortalecen habilidades socioemocionales y sentido de pertenencia —dos factores asociados a menor incidencia de violencias.
Para el ecosistema cultural, esto puede significar circuitos estables, públicos nuevos y profesionalización.

Lo que falta (crítica leal)
1.Métricas públicas desde el día uno. No basta contar eventos. Indicadores simples y auditables: permanencia en coros a 12 meses; empleos culturales generados y remuneraciones promedio; espacios recuperados y su uso sostenido; tasas de lectura juvenil; y percepción de seguridad por colonia. Publicarlos mensualmente junto con avances de seguridad cerraría el triángulo recursos–acciones–resultados.
2.Gobernanza cultural local. Comités por sede con creadores, escuelas, municipios y pueblos originarios para decidir sedes, horarios, repertorios y cuidados. La apropiación social no se decreta: se construye.
3.Blindaje cívico y continuidad. Evitar la “eventitis” electoral: convenios multianuales, reglas claras de asignación y transparencia en convocatorias. Lección directa de Armonía y de Cultura Comunitaria.
4.Articulación transversal. Enlazar cultura con mujeres, juventudes, educación y salud mental: las mismas niñas que entran a un coro deben poder acceder a becas, espacios seguros y seguimiento psicosocial.

Veredicto editorial: El Plan Michoacán pone a cultura en el lugar correcto: no como espectáculo, sino como infraestructura cívica para la paz. Si el gobierno cumple su promesa de seguimiento, y si el sector cultural exige medición, continuidad y co-gobernanza, Michoacán puede convertir una crisis en laboratorio nacional de política cultural para la seguridad. La paz se defiende con inteligencia y presencia, sí; pero se sostiene cuando una comunidad canta junta, lee junta y se reconoce en su espacio público.
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