En el Centro Cultural Clavijero, en Morelia, el 14 de enero de 2026 no se presentó un programa cultural más: se intentó responder, desde la política pública, a una herida que sigue abierta. El asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, nos recordó que la violencia no solo quita vidas: también busca arrebatarnos el derecho a encontrarnos en la plaza, a crear sin miedo, a mirar futuro.
En ese contexto, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, con su titular Claudia Curiel de Icaza, junto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de cultura estatal Tamara Sosa, presentó los resultados de las mesas de diálogo del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: cinco líneas de acción cultural para operar durante 2026.
Lo relevante —y lo que veníamos exigiendo— es que el “deber ser” apareció con nitidez: método, ejes, reglas, calendario y un lenguaje de territorio, no de escritorio. Se informó una bolsa federal de alrededor de 103 millones de pesos, se habló de 11 mesas con participación de más de 500 agentes culturales, y se trazaron cinco rutas: música comunitaria, circuitos y festivales, proyectos e infraestructura, patrimonio e identidad, libro y lectura.
Los datos duros, sintetizados, se parecen a metas alcanzables si se opera bien: fortalecer agrupaciones musicales comunitarias con impacto en miles de niñas y niños; activar circuitos para miles de creadoras y creadores; acompañar proyectos comunitarios e infraestructura; abrir acciones puntuales en patrimonio; y empujar lectura con una entrega masiva de libros y atención a decenas de miles de lectoras y lectores.
Pero aquí viene la parte incómoda —y necesaria— del análisis: este primer paso no es un cheque en blanco. El plan, en su presentación, cumple condiciones mínimas de transparencia y escucha; sin embargo, el verdadero examen empieza ahora, en el tramo donde se cae la retórica y se levanta la operación. El “deber ser” ya está escrito; el “hacer” está a prueba en los próximos meses: en la calidad de las convocatorias, en la claridad de los criterios, en la rapidez de la ejecución, en la rendición de cuentas y en la capacidad de corregir sobre la marcha.
Y hay un punto que el sector cultural no puede pasar por alto: el diseño y la operación, tal como se plantean, dejan en un lugar secundario —cuando no fuera— a la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán. Eso no solo es un problema administrativo; es un riesgo político y territorial. La cultura se sostiene con redes locales, infraestructura estatal, equipos municipales y acompañamiento cercano. Si la federación opera “en paralelo” sin una articulación real con el estado, el plan puede volverse una suma de acciones dispersas: visibles, sí, pero frágiles; anunciadas, sí, pero sin arraigo.
Por eso el llamado al sector no es solo a “participar” sino a vigilar y organizarse: acompañar proyectos, compartir información, exigir criterios públicos, denunciar opacidades, y medir resultados. Que cada convocatoria tenga seguimiento ciudadano; que los jurados sean verdaderamente mixtos y con trayectoria comprobable; que haya evaluación trimestral pública; que se corrija lo que no funcione.
La oportunidad está ahí: si el Plan Michoacán logra convertir eventos en procesos, y procesos en tejido social, puede aportar a la pacificación desde lo que la cultura sabe hacer mejor: reconstruir comunidad. Pero no confundamos el arranque con la meta. Enero puso el mapa sobre la mesa. Ahora viene lo difícil: caminarlo.
Eden Ensatiga
Morelia, Michoacán, 15 de diciembre 2026
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