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CUTV Sobre Reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos

Pérdida total de la soberanía petrolera ante Estados Unidos

El pasado jueves 29 de enero, la Asamblea Nacional dominada por diputados del PSUV y presidida por Jorge Rodríguez, aprobó la Ley de Reforma a la Ley Orgánica de los Hidrocarburos, en medio de una movilización convocada por el partido de gobierno y las gerencias de PDVSA para expresar respaldo y celebrar tal apresurada decisión legislativa, como si se tratara de un gran triunfo del pueblo y la nación venezolana.

Desde la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), con base a nuestra concepción sindical clasista y mientras realizamos un análisis más exhaustivo de la reforma, expresamos una primera opinión en los términos siguientes.

El contexto y las causas inmediatas de la aprobación de esa reforma están en la imposición de los designios del Gobierno de Estados Unidos, luego de la agresión militar, la extracción de Nicolás Maduro y la instauración en Venezuela de un gobierno tutelado. La idea de reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) no surgió como una iniciativa soberana del Estado venezolano, ni responde a una necesidad de nuestro pueblo, sino que obedece exclusivamente a la decisión del gobierno de Trump de tomar control del petróleo venezolano para que sean las empresas estadounidenses y sus socias europeas las únicas que gestionen el negocio petrolero de Venezuela. Si bien el tirano imperialista Donald Trump amenazó con la posibilidad de un nuevo ataque si el gobierno transitorio no “cooperaba”, inmediatamente afirmó y lo ha reiterado -al igual que su Secretario de Estado- que no sería necesario un nuevo ataque, porque el actual gobierno está cooperando de buena gana. El afán de los hermanos Rodríguez Gómez de convencer a sus seguidores de que lo que hacen es lo mejor para el país, aunado al entusiasmo que le imprimen a la ejecución de los cambios dictados por Trump, indican una total identificación con el proceso regresivo que echó a andar luego del 3 de enero.
La reforma de la LOH, ajustándose a los intereses de las empresas transnacionales y no de la nación venezolana, tiene antecedentes muy cercanos en el tiempo: los acuerdos secretos a los que llegó el Gobierno de Maduro con la empresa Chevron, al momento en que la OFAC decidió la Licencia General 41 en noviembre del 2022, que permitió a la empresa petrolera estadounidense tomar el control total de la empresa mixta Petropiar, aún siendo socio minoritario de PDVSA. Ese es el denominado “modelo Chevron”, acordado con base a la mal llamada Ley Antibloqueo, que permite al Ejecutivo Nacional suscribir acuerdos que comprometen activos e intereses de la República sin autorización previa de la Asamblea Nacional, en abierta violación a la Constitución. Precisamente la Dra Delcy Rodríguez, al entregar al parlamento venezolano el Proyecto de Reforma, explicó que con los cambios a la legislación petrolera venezolana aplicarán el “modelo Chevron” fundamentado en la “Ley Antibloqueo”. La cúpula madurista-rodriguista ya tiene experiencia en ceder soberanía petrolera frente al imperialismo estadounidense.
La radical reforma a la Ley Orgánica de los Hidrocarburos (LOH), que no fue consultada con los trabajadores de la industria, significa un vuelco total a la política petrolera soberanista -fundamentada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)- y nos retrotrae a los tiempos previos a la insuficiente nacionalización petrolera de 1975, cediendo a las empresas transnacionales el control sobre las actividades primarias de exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento de los hidrocarburos, en abierta violación al artículo 302 de la CRBV que reserva al Estado “la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico”; de igual manera, se le concede a las empresas privadas la comercialización de los hidrocarburos naturales, debilitando el papel del Estado venezolano y su empresa (PDVSA) en la gestión directa del negocio petrolero. Entre otras novedades lesivas al interés nacional: en las empresas mixtas, el socio privado extranjero siendo accionista minoritario, podrá ejercer el control real sobre la gestión operativa relegando a PDVSA (como sucede hoy en Petropiar con la Chevron); las empresas del Estado podrán cederle totalmente a las operadoras privadas el derecho a realizar actividades primarias, así como el uso de bienes muebles e inmuebles de dominio privado de la República; en los contratos realizados con empresas petroleras transnacionales, cuando surjan dudas y controversias, se podrán utilizar mecanismos alternos a los tribunales de la República, lo que lesiona la soberanía jurisdiccional de la nación y es violatorio del artículo 151 de la Constitución; para la creación de empresas mixtas y establecer contratos de participación productiva con empresas extranjeras, se elimina la aprobación y regulación previa de la Asamblea Nacional, violando así lo ordenado en el artículo 150 de la Constitución; las empresas privadas podrán recibir retribuciones a través de volúmenes de hidrocarburos y se disminuye el porcentaje máximo de regalías que las empresas mixtas y las privadas deben entregar a la República, de tal manera se reducirán los niveles de renta que pudiera captar el Estado venezolano, mientras se garantizan altas ganancias a las empresas transnacionales.
En conclusión, la reforma a la LOH solo está concebida para satisfacer las apetencias de las poderosas empresas transnacionales de Estados Unidos y algunas de Europa, a la vez que perjudica el interés nacional; la reforma no apunta a la industrialización soberana de Venezuela sino a la perpetuación y profundización de la dependencia frente a una potencia extranjera.
La clase obrera y el pueblo trabajador venezolano no estamos ganando con esa reforma reaccionaria y antinacional. Los recursos serán masivos y seguros para el capital privado extranjero, mientras que el Estado tendrá estrechez financiera para cubrir necesidades sociales, sobre todo al continuar en ejercicio una administración estatal burguesa y abiertamente antiobrera. Se avizora que PDVSA -hoy en extrema precariedad y virtual paro técnico- reducirá personal y muchos de sus trabajadores, el personal de mayor tecnificación, migrarán a las operadoras privadas extranjeras sin garantías de contrato colectivo y probablemente con ingresos que mayoritariamente no tendrán carácter salarial, tal como ahora. Es necesario que los trabajadores y todo el pueblo, luchemos de manera organizada por el rescate de las libertades democráticas, por el restablecimiento de los derechos laborales y por la reconquista de la soberanía petrolera; pero no para continuar con una gestión corrompida y sin transparencia administrativa, con trabajadores mal pagados y maltratados, sino para establecer una gestión democrática y eficiente, bajo control de sus propios trabajadores, donde la presencia de capital privado se acepte bajo determinadas condiciones y de acuerdo a un plan de desarrollo nacional al servicio del interés popular, en función del avance de nuestras fuerzas productivas con soberanía y no para someterse al dominio de potencias extranjeras.

Comité Ejecutivo de la CUTV

Caracas, 3 de febrero 2026

https://sindicalismoclasistavenezolano.wordpress.com/2026/02/04/cutv-sobre-reforma-a-la-ley-organica-de-hidrocarburos/
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