El Cabildo tinerfeño demora ya casi una década el concurso público para el alumbrado de la red insular de carreteras

Redacción

Fotografías cortesía

Tenerife, España, 6 de marzo del 2026

El contrato se adjudicó de manera provisional a la compañía pública Tragsa en 2018 y desde entonces las empresas privadas y los profesionales del ramo esperan por su licitación, convencidos de que se ahorraría dinero público y mejoraría el servicio, equiparándolo al de Gran Canaria, cuyo Cabildo lo adjudicó por libre concurrencia en 2024

El mantenimiento del alumbrado exterior y de túneles de la red insular de carreteras de Tenerife lleva desde 2018 en manos de la empresa pública Transformación Agraria (Tragsa), a pesar de que se trataba de un encargo provisional del Cabildo tinerfeño, a la espera de convocar un concurso público que permitiera la presentación de ofertas de compañías privadas, como sí ha ocurrido en Gran Canaria, que licitó este servicio público en 2022 y lo adjudicó en 2024.

Las empresas privadas del sector, que esperan desde hace una década por esta licitación, aseguran que la libre concurrencia permitiría al Cabildo de Tenerife valorar ofertas para mantener el alumbrado a un menor coste que con Tragsa y que, comparativamente, resultarían también más ventajosas en términos de calidad y modernización del servicio.

Advierten de que el alumbrado de la red viaria insular necesita una mejora de eficiencia energética, ya que se ha quedado obsoleto, con luminarias de vapor de sodio, frente a la tecnología LED —ya generalizada en las carreteras de Gran Canaria—, que proporciona un importante ahorro de consumo y, en consecuencia, un menor gasto en la factura de la luz que se paga con dinero de la ciudadanía.

El propio decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, Carlos Medina, ha criticado en recientes declaraciones a la prensa el abuso que hacen las Administraciones públicas, tanto la estatal como las canarias, a la hora de hacer encargos a empresas públicas, en lugar de sacarlos a licitación, hasta el punto, denuncia, que «las excepciones a la ley se han convertido en procedimientos habituales» en los organismos públicos.

Medina menciona como ejemplos los casos de Tragsa, Gesplán o Ineco, y pone de relieve que mientras con una empresa privada los precios son los más ajustados y se trabaja de forma eficiente, los presupuestos con empresas públicas como Tragsa se encarecen y los resultados empeoran.

CÓMO SE LLEGÓ A UN CONCURSO BLOQUEADO

El mantenimiento del alumbrado en Tenerife formaba parte antiguamente del contrato general de conservación de las vías. Para la prestación de este servicio, la isla estaba dividida en varias zonas con distintas adjudicatarias.

A finales de diciembre de 2017, el Cabildo tinerfeño optó por licitar el alumbrado de manera independiente, mediante un contrato de seis meses, sin posibilidad de prórroga, como medida temporal mientras se convocaba y adjudicaba un concurso para un contrato de regulación armonizada de mayor duración.

El contrato se adjudicó en marzo de 2018 a la Compañía de Eficiencia y Servicios Integrales, S.L. (Effico), por 59.400 euros (IGIC excluido) y seis meses de duración. Se firmó en junio de ese mismo año y supuso la subrogación por parte de esta empresa privada de varios operarios de la anterior adjudicataria, la mercantil Señalizaciones Villar.

Dado que no existía posibilidad de prórroga y ante el retraso de la licitación definitiva, en noviembre de 2018 el Cabildo comunicó a Effico que en diciembre el servicio pasaría a prestarlo la empresa pública Tragsa, a través de la figura jurídica del encargo de medio propio, con la previsión de que también fuera solo por un semestre. El Cabildo pagó a Tragsa 131.602 euros, es decir, más del doble de lo que había abonado por un periodo equivalente a la mercantil privada.

Hay que tener en cuenta que el Cabildo encargó a Tragsa únicamente la mano de obra directa y los vehículos, mientras que en el caso de Effico el contrato incluía también un ingeniero y un administrativo, además de una bolsa —de pequeño importe— para el suministro de materiales. Cualquier otro coste de suministro de materiales o de trabajos extraordinarios, Tragsa tendría que facturarlo aparte.

Esta empresa pública, para poder atender las necesidades del servicio, debía a su vez licitar la compra de materiales o la ejecución de determinados trabajos, lo que introdujo un intermediario adicional en la cadena: descargó de esa tarea al Cabildo, pero encareció el coste final del servicio.

El Consejo de Gobierno Insular aprobó posteriormente nuevas prórrogas de seis meses en junio y noviembre de 2019, junio de 2020 y así sucesivamente hasta el año 2026, sin que a día de hoy haya salido a concurso público este servicio.

CUESTIONABLES PRECIOS DE MERCADO

A diferencia de las empresas privadas debido a la ley de desindexación de 2015, Tragsa tiene derecho a la actualización de precios. En septiembre de 2020 solicitó al Cabildo la actualización de tarifas, que fueron aprobadas por primera vez en abril de ese mismo año por la Subsecretaría de Hacienda del Gobierno estatal, “lo cual garantiza a esta empresa la compensación de los costes reales totales”.

Tras este aumento de precios, al que dio su visto bueno el Cabildo de Tenerife, el presupuesto del nuevo semestre para Tragsa pasó a ser de 140.271 euros, con un informe en el que se señalaba que las tarifas de la empresa pública no podían exceder los precios de mercado.

Sin embargo, en el estudio que debía acreditar el cumplimiento de esta condición, el Cabildo no realizó una comparación con el importe del contrato anterior de seis meses adjudicado a Effico —que además incluía una bolsa de suministro de materiales—, última referencia real del coste del mantenimiento del alumbrado de la red de carreteras. En su lugar, se analizaron otros contratos en vigor correspondientes a servicios distintos: el de conservación de la viabilidad de la red de carreteras, el del Centro de Información de Carreteras (CIC) y el de las zonas verdes adyacentes. Además, se verificaron otras fuentes, como el convenio provincial de siderometalurgia y la Base de Precios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones en Canarias.

En este estudio se comparó un supuesto coste de una jornada si el servicio hubiera salido a concurso público con el ofrecido por Tragsa, aplicando las tarifas actualizadas en 2020. El resultado fue que todos los costes de una licitación pública a empresas privadas serían menores, pero el total final salía a favor de Tragsa (719,07 euros frente a 763,36 euros). Esto se debió a que, en el caso de la empresa pública, no se consideró el coste del ingeniero ni del administrativo; se le aplicó un 7 % de gastos generales, frente al 13 % más un 6 % de beneficio industrial en el caso de una empresa privada; y, además, al cálculo de Tragsa no se le imputaba el 7 % del IGIC como coste, cuando en realidad se trata de un impuesto.

El cálculo del Cabildo parte también de la premisa de que, en un concurso público, la oferta ganadora suele suponer un 20 % de descuento respecto al presupuesto base de licitación.

Las empresas privadas del sector discrepan de los cálculos elaborados por el Cabildo para justificar que Tragsa continúe encargándose ‘sine die’ del mantenimiento del alumbrado de la red de carreteras.

EN GRAN CANARIA, CON CONCURSO PÚBLICO

A diferencia de lo ocurrido en Tenerife, en Gran Canaria —con cerca de 18.000 puntos de luz exterior y de túneles en su red de carreteras insular— el mantenimiento del alumbrado lo presta una compañía privada que, según observan las empresas de ingeniería del sector, ofrece una calidad de servicio visiblemente superior.

En 2024, tras una licitación en la que participaron ocho empresas, el Cabildo de Gran Canaria adjudicó y firmó el contrato con Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A. (ACEINSA), por un importe anual de 1.823.900 euros, con una duración de cuatro años y la posibilidad de un año de prórroga. El pliego técnico de esta licitación incluía también el mantenimiento de las estaciones transformadoras, cuyo titular es el Gobierno de Canarias.

El contrato contempla labores de inspección y control; trabajos eléctricos (mantenimiento preventivo y correctivo, así como mejoras); obra civil; revisiones obligatorias y legalización de las instalaciones, incluyendo para ello todo tipo de materiales y medios auxiliares.

MÁS PERSONAL EN GRAN CANARIA QUE EN TENERIFE

El personal directo del contrato en Gran Canaria lo componen 17 trabajadores a tiempo completo: cuatro oficiales electricistas para inspecciones, dos almaceneros, cuatro oficiales electricistas como equipo eléctrico principal, dos oficiales electricistas para torres y un oficial y un ayudante para obra civil. El personal indirecto incluye un ingeniero industrial (o técnico industrial), un auxiliar técnico-administrativo y un encargado, todos con dedicación exclusiva a este contrato.

Estos recursos humanos contrastan con el personal asignado por Tragsa al encargo del Cabildo tinerfeño, que se limita a dos operarios y un encargado.

LED EN GRAN CANARIA, AÚN VAPOR DE SODIO EN TENERIFE

Además de contar con más medios humanos, en Gran Canaria se han realizado importantes inversiones para sustituir el alumbrado de vapor de sodio por tecnología LED.

En cambio, en la red de carreteras del Cabildo de Tenerife buena parte del alumbrado sigue utilizando lámparas de descarga. El caso más visible es el de la autopista del Sur (TF-1), que aún cuenta con luminarias obsoletas de vapor de sodio y numerosos puntos de luz permanentemente apagados, mientras que en Gran Canaria todo el alumbrado es LED y se encuentra en correcto estado de funcionamiento.

Hay que tener en cuenta que la comercialización de lámparas de vapor de sodio está próxima a su prohibición, prevista para febrero de 2027, y aunque es probable que ese plazo se amplíe, no pasará mucho tiempo hasta que su uso quede definitivamente prohibido.