Tierra Bonita tacha de “grave error histórico” el anteproyecto de ley de protección del Tajogaite y las fajanas

Redacción

Fotografías cortesía.

La Palma,Tenerife, 7 de abril del 2026

La asociación alega contra la propuesta del Gobierno canario para declarar estas zonas espacios protegidos, “una medida desproporcionada, jurídicamente deficiente, sin garantías de compensaciones para los afectados y con serias sombras sobre el cauce real de participación pública”.

La Asociación Tierra Bonita ha presentado alegaciones al anteproyecto de ley de ampliación del Parque Natural de Cumbre Vieja sobre el cono volcánico del Tajogaite y su entorno de fisuras eruptivas y campo lávico, así como a la declaración de las dos fajanas como espacios naturales protegidos:  la  Reserva Natural Integral del Delta Lávico Norte Costa del Perdido y de la Reserva Natural Especial del Delta Lávico Sur Costa del Guirre, en la isla de La Palma.

Este colectivo ciudadano considera que la aprobación de este texto en el Parlamento canario supondría “un error histórico: no solo por la extrema dureza y desproporción de las figuras de protección que se pretenden imponer sobre un territorio devastado por la erupción, sino porque el anteproyecto nace de una visión demagógica, propagandística y jurídicamente endeble, elaborada de espaldas a la realidad humana, social, patrimonial y económica de las zonas afectadas”

Tierra Bonita sostiene que la Administración autonómica pretende presentar esta iniciativa como “una gran operación de protección ambiental, cuando en realidad incurre en serias insuficiencias legales y jurídicas, omite las debidas garantías hacia los damnificados y opta por la vía más restrictiva sin una justificación técnica y normativa suficientemente sólida”.

Entre las razones de oposición a esta pretendida ley, destaca una concepción del paisaje “jurídicamente incompleta y contraria a los estándares europeos”. Las alegaciones subrayan que el anteproyecto “incurre en una lectura reduccionista del paisaje, tratándolo casi exclusivamente como una realidad geológica o natural, e ignorando su dimensión humana, cultural, histórica y perceptiva.” Esa omisión “resulta especialmente grave en un territorio marcado por una erupción que destruyó viviendas, explotaciones, redes de vida, vínculos comunitarios y referentes identitarios”.

Para Tierra Bonita, esta forma de legislar “desconoce los principios del Convenio Europeo del Paisaje, que obliga a integrar también la percepción social del territorio y sus valores culturales”, por lo que “no puede construirse un régimen de protección serio sobre la negación de la población que ha vivido, sufrido y configurado ese paisaje”.

MEDIDA “DESPROPORCIONADA”

La asociación rechaza una protección “manifiestamente desproporcionada”. Ya que el anteproyecto recurre a algunas de las categorías de protección “más intensas” del ordenamiento para ámbitos donde los ecosistemas son todavía incipientes y donde concurren, además, valores humanos y territoriales que el anteproyecto minusvalora o directamente silencia.

A juicio de Tierra Bonita, la Administración “ha elegido deliberadamente la solución más rígida, más limitativa y gravosa, como es la ampliación del Parque Natural Cumbre Vieja, sin acreditar que sea la única ni la más adecuada”. Esa opción resulta desproporcionada y revela una voluntad política de blindaje máximo sin la necesaria ponderación de derechos, usos, realidades preexistentes y consecuencias futuras”, señala.

Frente a ello, la asociación defiende que, si realmente se pretende una ordenación equilibrada, debería estudiarse una figura más adecuada, como la de Paisaje Protegido, acompañada del correspondiente instrumento de ordenación territorial y de una zonificación clara de usos, limitaciones y compatibilidades.

Se trata de “una protección muy rigurosa, basada en los informes de los equipos científicos que desde y después de la erupción trabajan en la zona y la quieren convertir en un laboratorio natural, limitando también de forma muy restrictiva el uso turístico”.

“GRAVES DEFECTOS JURÍDICOS”

El anteproyecto presenta además graves defectos jurídicos en la utilización de la excepción al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Por ello, las alegaciones advierten además de la “incorrecta” utilización de la vía excepcional que permitiría declarar espacios protegidos sin la previa aprobación del correspondiente de esta planificación.

Tierra Bonita recuerda que esa excepción “sólo es posible de forma restrictiva y debidamente motivada, y no como atajo para eludir la secuencia ordinaria de planificación ambiental, de modo que  cuando se prescinde del instrumento previo de ordenación sin una justificación rigurosa, se debilita la cobertura jurídica de la norma y se compromete su solidez”.

“SIN GARANTÍAS DE COMPENSAR A LOS AFECTADOS”

La asociación denuncia igualmente que el anteproyecto “avanza sobre restricciones intensísimas del territorio sin ofrecer garantías claras, suficientes y verificables de compensación e indemnización para las personas afectadas”.

Para Tierra Bonita, resulta “inaceptable imponer nuevas cargas, limitaciones y sacrificios sobre propietarios, vecinos y damnificados de la erupción sin establecer con claridad un marco cierto de reparación, compensación y seguridad jurídica”.” No es admisible que, después del daño sufrido, la respuesta institucional consista en añadir incertidumbre, restricciones y desposesión de expectativas legítimas”, opina este colectivo.

El anteproyecto, además, “crea un agravio comparativo significativo, y contradictorio con los propietarios de otras zonas de las coladas, ya que la ley 2/2024 de reconstrucción permite la recuperación de fincas e incluso viviendas en coladas; y, sin embargo, para los propietarios de las casi 300 hectáreas que se protegen no les da ningún tipo de garantías”.

WEB NO HABILITADA PARA ALEGACIONES

Tierra Bonita denuncia además  lo que considera un “hecho especialmente grave”: el portal web anunciado para alegar no aparece habilitado para presentar alegaciones, “lo que refuerza la apariencia de demagogia participativa por parte de la Administración”.

El anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias indica expresamente que las alegaciones “pueden ser formuladas en este mismo portal”  de participación ciudadana

(https://www.gobiernodecanarias.org/planificacionterritorial/materias/exposicion-de-planes-y-normas/exposicion-de-normas/)

Sin embargo, “no consta de forma visible que esta  web esté efectivamente habilitada para presentar alegaciones, ni se aprecia un cauce claro, inmediato y verificable para formalizarlas con las debidas garantías”.

Para la asociación, esta “discordancia” entre lo anunciado oficialmente y lo realmente accesible para la ciudadanía constituye “un obstáculo al derecho de participación, especialmente grave en un procedimiento de tanta trascendencia territorial, social y patrimonial”.

“FALTA DE TRAZABILIDAD REGISTRAL”

A ello añade Tierra Bonita “otro problema de fondo: la ausencia de una garantía clara de trazabilidad registral electrónica, lo que compromete la constancia formal de la presentación, la fecha, el contenido aportado y la seguridad jurídica de los comparecientes”. La asociación entiende que esta situación “debe ser esclarecida de inmediato”.

Este colectivo sostiene que  la propuesta de ley “está mal planteada desde su raíz, porque borra la dimensión humana del territorio y utiliza el prestigio de la conservación como cobertura para imponer soluciones extremas, sin consenso social, sin planeamiento previo suficiente y sin garantías indemnizatorias”.

Por todo ello, Tierra Bonita exige al Gobierno de Canarias que retire o rectifique de forma profunda el anteproyecto, que abra un proceso “real y no meramente aparente” de participación pública, de acuerdo con el Convenio de Aarhus, que garantice canales efectivos y registralmente trazables para la presentación de alegaciones, y que reconsidere tanto las categorías de protección escogidas como la arquitectura jurídica del texto.

La asociación reclama una respuesta institucional “seria, proporcionada y jurídicamente solvente, que proteja los valores naturales sin sacrificar los derechos, la memoria, la realidad social y la seguridad jurídica de La Palma”. “Lo que se pretende aprobar sería un error histórico”, concluye.

La asociación ha elaborado un modelo de alegaciones que se puede solicitar por email (info@asociaciontierrabonita.org).

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