Por Bernardo Méndez Lugo, diplomático de carrera en retiro, actualmente director de fundación promigrante Americasinmuros.org

Fotografía Facebook

Ciudad de México 9 de octubre del 2026

Las migraciones forzadas constituyen uno de los grandes desafíos humanitarios, sociales y políticos del siglo XXI. Las guerras y la persecución no son sus únicas causas: los desastres naturales, la violencia criminal, la pobreza, la inseguridad alimentaria y los efectos del cambio climático pueden obligar a millones de personas a abandonar sus hogares.

En octubre de 2026, los terremotos registrados este año en Venezuela y Colombia recuerdan la urgencia de vincular la prevención de desastres con la protección de los derechos humanos y la cooperación internacional.

Desastres y desplazamiento: una crisis global

El Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC), en su informe mundial de 2026, reportó que 82,2 millones de personas vivían en situación de desplazamiento interno al cierre de 2025. De ellas, 68,6 millones habían sido desplazadas por conflictos y violencia, y 13,6 millones por desastres. Durante 2025 se registraron más de 62,2 millones de movimientos internos forzados. Estas cifras contabilizan desplazamientos repetidos y no equivalen necesariamente a personas diferentes.

Los datos confirman que el desplazamiento no es exclusivamente un fenómeno fronterizo. Una familia puede perder su vivienda por un terremoto, abandonar su comunidad por inundaciones o huir de amenazas criminales sin salir de su país.

El cambio climático agrava determinados riesgos, aunque la magnitud de sus consecuencias depende también de la pobreza, la infraestructura, la planificación territorial y la capacidad institucional.

Venezuela y Colombia: los terremotos de 2026

El 24 de junio de 2026, Venezuela sufrió dos terremotos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El segundo tuvo su epicentro cerca de Catia La Mar, en la costa central venezolana. Los movimientos afectaron gravemente a Caracas y otras zonas del norte del país.

Una evaluación difundida por el Banco Mundial, citada por Reuters el 23 de julio, estimó en aproximadamente 19.600 millones de dólares los daños físicos directos ocasionados por ambos sismos. La reconstrucción podría costar considerablemente más al incluir la retirada de escombros y el reforzamiento de las edificaciones.

La dimensión de los daños evidencia la necesidad de contar con construcciones resistentes, hospitales preparados y mecanismos de respuesta y recuperación. <Cite refs={[“turn244538news35”,“turn244538news36”,“turn144990search0”]}/>

En Colombia, el 10 de agosto de 2026 se registró un terremoto de magnitud 7,4, con epicentro próximo a San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y una profundidad aproximada de 108 kilómetros, de acuerdo con el USGS y el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El SGC ha mantenido el seguimiento de la actividad sísmica posterior en Chocó y Tolima, con actualizaciones oficiales hasta octubre. <Cite refs={[“turn244538search1”,“turn244538search7”,“turn244538search10”]}/>

Estos acontecimientos deben analizarse con rigor. La magnitud de un sismo no determina por sí sola el número de víctimas, los daños ni los desplazamientos. Tampoco debe suponerse que todo terremoto produce una migración masiva.

Para establecer cuántas personas fueron evacuadas, perdieron sus viviendas o debieron trasladarse permanentemente, es indispensable recurrir a los balances oficiales correspondientes.

Asimismo, las diásporas venezolana y colombiana no pueden atribuirse a estos terremotos. Sus causas incluyen factores políticos, económicos, sociales y de seguridad acumulados durante años. Los desastres pueden agravar vulnerabilidades anteriores, pero esa relación debe demostrarse con información verificable.

México y Centroamérica: prevención y protección

México enfrenta riesgos sísmicos, huracanes, inundaciones, sequías, incendios forestales y deslaves. Sus consecuencias afectan especialmente a comunidades rurales, indígenas y de bajos ingresos, donde la pérdida de vivienda, cosechas o fuentes de empleo puede comprometer la recuperación familiar.

En Centroamérica, las sequías y las pérdidas agrícolas del Corredor Seco se combinan con inseguridad alimentaria, desempleo y violencia. Cuando las familias carecen de alternativas para sostener sus medios de vida, desplazarse puede convertirse en una estrategia de supervivencia.

En México, además, la extorsión, las amenazas, el control territorial de grupos criminales y el reclutamiento forzado pueden provocar desplazamiento interno. Las cifras deben distinguir entre personas damnificadas, evacuadas, desplazadas y migrantes internacionales: son categorías diferentes y requieren metodologías específicas.

La respuesta pública debe integrar atlas de riesgos, sistemas de alerta temprana, reglamentos de construcción, simulacros, infraestructura resiliente y fondos para la recuperación. También debe garantizar protección jurídica, atención psicológica, alojamiento digno y alternativas de subsistencia para las personas que no puedan regresar a sus comunidades.

De la contención a la cooperación regional

México es país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Por ello, su política migratoria no puede limitarse al control fronterizo ni a atender las exigencias de Estados Unidos. Necesita vincular desarrollo regional, adaptación climática, protección civil y derechos humanos.

La cooperación con Centroamérica, Colombia, Venezuela y el Caribe debe fortalecer la prevención de desastres, la seguridad alimentaria, la reconstrucción y la integración de las personas desplazadas. También requiere mecanismos legales de movilidad y protección para quienes, ante circunstancias extremas, no encuentran condiciones seguras para permanecer en sus hogares.

Desde mi perspectiva, después de décadas de observar y participar en asuntos diplomáticos, académicos y de derechos humanos, el desafío consiste en pasar de la contención a la prevención. La seguridad no puede entenderse únicamente como control de fronteras, sino como protección efectiva de las personas y de sus comunidades.

La migración forzada no es siempre una elección: puede ser la consecuencia de perder el hogar, los medios de subsistencia o la seguridad. México y América Latina deben impulsar una agenda regional que reduzca esas causas y garantice que, cuando el desplazamiento resulte inevitable, nadie quede desprotegido.

El objetivo debe ser que migrar constituya una decisión libre y no una obligación impuesta por el desastre, la violencia, la pobreza o el miedo.

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