Por Bernardo Méndez Lugo, diplomático mexicano en retiro con rango de Ministro del Servicio Exterior Mexicano, actualmente director ejecutivo de Fundación Promigrante Americasinmuros AC en Ciudad de México.

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Ciudad de México 13 de octubre del 2026

Las elecciones intermedias estadounidenses del 3 de noviembre de 2026 serán una prueba relevante para la relación entre México y Estados Unidos. No cambiarán al presidente Donald Trump, pero podrían modificar los equilibrios en el Congreso, la supervisión de su política comercial y migratoria, y los márgenes de negociación de Washington.

Para México, el desafío consiste en anticipar esos cambios sin caer en especulaciones ni confiar en que un resultado electoral resolverá por sí solo las diferencias bilaterales.

La presidenta Claudia Sheinbaum dispone de una responsabilidad central: conducir una relación asimétrica con firmeza, prudencia y capacidad de interlocución.

Su tarea no es evitar los desacuerdos, sino impedir que estos deriven en confrontaciones que perjudiquen a trabajadores, empresas y comunidades de ambos lados de la frontera. Defender la soberanía mexicana y mantener una cooperación eficaz no son objetivos incompatibles.

En este esfuerzo destaca el papel del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y de su equipo negociador. La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) exige experiencia técnica, conocimiento de los intereses empresariales y laborales, y habilidad para identificar coincidencias incluso en un ambiente político adverso.

Las conversaciones sobre automóviles, acero, aluminio, reglas de origen y seguridad económica requieren propuestas concretas, datos verificables y capacidad para distinguir entre las demandas negociables y aquellas que afectarían intereses esenciales de México.

Los avances anunciados en las conversaciones comerciales durante 2026 muestran que existen canales para acercar posiciones, aunque persisten diferencias importantes, particularmente en materia arancelaria.

La decisión estadounidense de no extender el tratado en su forma actual obliga a preparar cuidadosamente la siguiente etapa.

No conviene confundir el diálogo constructivo con un acuerdo garantizado: la negociación será prolongada y exigirá constancia, coordinación institucional y respaldo de los sectores productivos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene, por su parte, una función indispensable y estratégica. El canciller Roberto Velasco Alvarez y el servicio diplomático mexicano incluyendo la red consular, deben fortalecer los contactos con legisladores republicanos y demócratas, gobernadores fronterizos, autoridades locales, organizaciones empresariales, sindicatos y comunidades mexicoamericanas.

La relación bilateral no puede descansar exclusivamente en la comunicación entre los dos presidentes ni limitarse a los interlocutores de la Casa Blanca.

La experiencia diplomática enseña que una negociación eficaz comienza mucho antes de sentarse a la mesa. Requiere conocer los intereses de la contraparte, identificar sus diferencias internas, construir interlocuciones duraderas y presentar argumentos respaldados por hechos. El equipo de la SRE puede contribuir a que México comprenda mejor las dinámicas del Congreso estadounidense y encuentre aliados para preservar la integración económica regional.

En seguridad y migración, la prudencia será igualmente necesaria. México debe mantener una cooperación que produzca resultados contra el tráfico de fentanilo, las armas y las redes criminales, sin aceptar acciones unilaterales que vulneren su soberanía.

En migración, la corresponsabilidad debe incluir respeto a los derechos humanos, vías regulares de movilidad y atención a las causas estructurales del desplazamiento.

También será fundamental coordinarse con Canadá. La integración norteamericana no debe reducirse a una sucesión de negociaciones bilaterales sujetas a presiones políticas.

La competitividad regional depende de cadenas productivas compartidas, infraestructura, energía confiable, agua, innovación y reglas previsibles.

México debe llegar a la próxima etapa con una posición negociadora cohesionada: Presidencia, Secretaría de Economía, SRE, gobiernos estatales, empresas y trabajadores compartiendo objetivos y prioridades.

La preparación técnica y la coordinación entre instituciones pueden ampliar el margen de maniobra del país, aunque no eliminen las diferencias de poder ni garanticen concesiones de Washington.

Las elecciones estadounidenses modificarán, en mayor o menor medida, el entorno político de la negociación. La respuesta mexicana debe ser una diplomacia profesional, activa y estratégica, capaz de defender los intereses nacionales sin cerrar las puertas al entendimiento.

La fortaleza de México no reside en esperar que cambie la política estadounidense, sino en saber negociar con ella: con inteligencia, unidad institucional, firmeza soberana y una visión de largo plazo.

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