Si San Diego es herida, Tijuana también sangra

Pronunciamiento del Centro de Estudios y Proyectos para la Frontera Norte “Ing. Heberto Castillo Martínez” A.C.

Jaime Cleofas Martínez Veloz
Presidente

Fotografía Facebook

Las recientes declaraciones atribuidas al Presidente Donald Trump, en las que se plantea la eventual destrucción de ciudades como San Diego o Los Ángeles como un supuesto “pequeño precio a pagar” dentro de un conflicto internacional, ameritan una reflexión seria desde la perspectiva de la seguridad regional, la cooperación binacional y el derecho internacional.

Para quienes observan la frontera desde la distancia, quizá se trate de una frase más dentro de la confrontación política.

Para quienes vivimos aquí, no.

San Diego no es un punto lejano en el mapa.

Es parte de la dinámica cotidiana de una región binacional donde millones de personas comparten trabajo, comercio, educación, cultura, infraestructura y vínculos familiares. Tijuana y San Diego constituyen uno de los espacios transfronterizos más integrados del mundo, y lo que ocurre en una ciudad repercute inevitablemente en la otra.

Por eso, cuando alguien habla de destruir San Diego, también está hablando de poner en riesgo a Tijuana.

Y cuando se menciona a Los Ángeles como si fuera una pieza prescindible dentro de un cálculo estratégico, se olvida que ahí vive una de las comunidades de origen mexicano más numerosas e influyentes del mundo, profundamente vinculada a la historia, la economía y la vida social de nuestro país.

No estamos hablando de territorios.

Estamos hablando de personas.

De familias.

De trabajadores.

De estudiantes.

De millones de vidas humanas.

El sistema internacional contemporáneo se encuentra sustentado en principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la solución pacífica de controversias y la cooperación entre los Estados.

Asimismo, los principios contemporáneos del Derecho Internacional Humanitario, reflejados en el artículo 48 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 y ampliamente reconocidos por la práctica internacional, establecen que las partes en conflicto deben distinguir en todo momento entre población civil y objetivos militares. Del mismo modo, el artículo 51 del mismo instrumento prohíbe los ataques dirigidos contra la población civil y los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos recuerda una verdad que trasciende cualquier coyuntura política:

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

Por su parte, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce que el derecho a la vida es inherente a la persona humana y que nadie podrá ser privado arbitrariamente de la vida. El propio Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que se trata del derecho supremo, indispensable para el ejercicio de todos los demás derechos humanos.
Sin prejuzgar sobre el alcance jurídico de declaraciones políticas específicas, consideramos que toda narrativa que normalice escenarios de destrucción masiva resulta contraria al espíritu de los principios humanitarios que la comunidad internacional ha construido después de las tragedias del siglo XX.

Los pueblos de la frontera sabemos algo que muchas veces se olvida en los centros del poder:

Las guerras comienzan con palabras.

Pero terminan cobrándose vidas humanas.

LLAMADO A LA PAZ Y A LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL

La región Tijuana-San Diego demuestra todos los días que la cooperación genera más prosperidad que la confrontación y que el entendimiento entre los pueblos produce más seguridad que la amenaza.

Por ello hacemos un llamado respetuoso al Gobierno de México, al Gobierno de los Estados Unidos, a los gobiernos estatales y locales, a las universidades, a los organismos internacionales y a la sociedad civil de ambos países a fortalecer los mecanismos de diálogo, cooperación y entendimiento que durante décadas han permitido construir una de las regiones binacionales más dinámicas del mundo.

Los desafíos globales de nuestro tiempo exigen más diplomacia y menos confrontación.

Más cooperación y menos amenazas.

Más puentes y menos muros.

Desde esta frontera afirmamos que la seguridad duradera sólo puede construirse sobre el respeto al derecho internacional, la defensa de la dignidad humana y la voluntad compartida de resolver las diferencias por medios pacíficos.

San Diego, Los Ángeles y Tijuana no representan espacios de confrontación.

Representan comunidades humanas, economías profundamente integradas y generaciones enteras que comparten un futuro común.

Por ello reiteramos nuestra convicción de que ninguna ciudad debe ser considerada sacrificable, ningún pueblo debe ser considerado prescindible y ninguna vida humana puede ser reducida a un cálculo político o estratégico.

Desde la frontera norte de México levantamos nuestra voz en favor de la paz, convencidos de que el futuro de América del Norte debe edificarse sobre la cooperación, el respeto mutuo y la responsabilidad compartida entre naciones vecinas.

La paz no es una concesión.

Es una obligación política de los gobiernos, una responsabilidad ética de los liderazgos y una exigencia legítima de los pueblos.

Porque la seguridad verdadera no nace de la amenaza.

Nace de la confianza.

No surge de la confrontación.

Se construye mediante el diálogo.

Y no se sostiene por el miedo.

Se fortalece mediante la cooperación.

Por ello hacemos un llamado a que prevalezcan la razón sobre la confrontación, la diplomacia sobre la fuerza y la cooperación sobre el conflicto.

Porque ninguna ciudad debe ser vista como sacrificable.

Porque ningún pueblo debe ser considerado prescindible.

Porque la vida humana constituye el valor superior que da sentido a toda convivencia civilizada.

**Atentamente**

**Por la paz, por el derecho internacional y por la responsabilidad compartida entre los pueblos de América del Norte.**

Tijuana BC a 7 de octubre del 2026
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