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Tenerife,España, 8 de octubre del 2026

 Una vista judicial sobre tres hermanos tutelados tuvo que ser aplazada después de que no compareciera ninguno de los técnicos y profesionales propuestos por la propia Entidad Pública. La Magistrada y el Ministerio Fiscal expresaron en Sala su profunda preocupación por los reiterados retrasos en la remisión de expedientes, informes y documentación necesaria para el control judicial de las medidas de protección._

 Santa Cruz de Tenerife, 7 de octubre de 2026.

La vista prevista este miércoles ante la Plaza n.º 1 del Tribunal de Instancia, Sección de Familia, Infancia y Capacidad de Santa Cruz de Tenerife —antiguo Juzgado de Primera Instancia n.º 7—, relativa a la situación de protección de tres hermanos menores de edad tutelados por la Administración canaria, no pudo celebrarse en los términos previstos debido a la ausencia de los profesionales cuya comparecencia había sido solicitada por la propia Entidad Pública.

Al comienzo de la mañana, la letrada de la familia, Margarita López Anadón, fue requerida para acceder a Sala, donde se encontraba asimismo la representación jurídica de la Administración. Allí se comunicó que la letrada de la Entidad Pública no había tenido constancia del señalamiento de la vista, razón por la que no había comparecido ninguno de los técnicos ni profesionales que la propia Administración había propuesto como prueba para defender judicialmente el mantenimiento de las medidas de protección.

La situación provocó la suspensión de la vista y dio lugar a una conversación especialmente significativa entre la representación de la familia, la representación de la Administración, el Ministerio Fiscal y la titular del órgano judicial.

«ESTO ES INSOSTENIBLE»

La Magistrada D.ª Sofía Elena Valdivia López, titular de la Plaza n.º 1 del Tribunal de Instancia, Sección de Familia, Infancia y Capacidad de Santa Cruz de Tenerife, manifestó su profunda preocupación e indignación por el funcionamiento que viene observando en relación con la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias.

Según lo manifestado en Sala, la Magistrada calificó la situación de insostenible y se refirió a las reiteradas dificultades que encuentra el propio órgano judicial para conseguir que la Entidad Pública remita en plazo las actualizaciones de los expedientes administrativos, los informes solicitados y otra documentación necesaria para resolver procedimientos que afectan directamente a niños y adolescentes.

Se expusieron asimismo situaciones en las que, tras requerimientos judiciales para la aportación de documentación o informes, las respuestas se retrasan o resulta extraordinariamente difícil determinar qué órgano o profesional debe dar cumplimiento al requerimiento.

La relevancia de estas manifestaciones es especialmente importante porque no proceden únicamente de una familia afectada ni de su defensa jurídica: proceden de la propia titular de un órgano judicial especializado en Familia, Infancia y Capacidad.

La Magistrada manifestó además expresamente que si los medios de comunicación desean contactar con ella para contrastar lo ocurrido y conocer las dificultades que está encontrando el Juzgado, está dispuesta a atenderles y a explicar personalmente la situación.

EL MINISTERIO FISCAL TAMBIÉN EXPRESA SU PREOCUPACIÓN

La Fiscal presente en Sala mostró igualmente su indignación y preocupación por lo que está observando en los procedimientos de protección de menores en Canarias.

La representante del Ministerio Fiscal, recientemente incorporada a Santa Cruz de Tenerife tras ejercer anteriormente en Valencia, manifestó que no había encontrado durante su trayectoria profesional de 20 años una situación semejante y expresó su preocupación por las dificultades para disponer de información actualizada y documentación suficiente en procedimientos de enorme trascendencia para los menores.

Según lo expresado durante la conversación mantenida en Sala, esta problemática no sería un episodio aislado sino una situación que está dificultando reiteradamente el trabajo de quienes tienen legalmente encomendada la función de controlar las decisiones administrativas de protección de menores.

NO ESTAMOS HABLANDO DE BUROCRACIA: ESTAMOS HABLANDO DE INFANCIAS

Lo ocurrido este miércoles no puede reducirse a un error de agenda ni a un simple retraso administrativo. Los procedimientos de protección de menores deciden cuestiones de extraordinaria gravedad:

-si un niño permanece separado de sus padres;

-si continúa bajo tutela administrativa;

-si puede regresar algún día con su familia;

-si sus visitas se amplían o se reducen;

-si permanece durante años en un centro;

-o si varios hermanos continúan juntos o son separados.

Cada retraso administrativo tiene consecuencias en la vida real de un niño. Y mientras los expedientes no se actualizan, los informes no llegan o los requerimientos judiciales quedan pendientes, el tiempo continúa transcurriendo para los menores. Y ese tiempo no puede recuperarse.

LOS JUECES NO PUEDEN CONTROLAR A LA ADMINISTRACIÓN SIN INFORMACIÓN ACTUAL

El control judicial de las decisiones adoptadas por la Administración en materia de protección de menores exige que los jueces dispongan de expedientes completos, informes actuales y profesionales capaces de explicar y defender técnicamente las decisiones que se han adoptado. Sin esa información, el control judicial queda extraordinariamente dificultado. Lo mismo sucede con el Ministerio Fiscal, que tiene atribuida constitucional y legalmente una función esencial en la protección de los menores.

La Administración de protección de menores adopta algunas de las decisiones más intensas que puede adoptar un poder público sobre la vida privada y familiar de una persona: puede asumir la tutela de un niño y separarlo de su familia. Precisamente por eso, esas decisiones deben estar sometidas al máximo rigor y al máximo control judicial.

EXPEDIENTES DE MILES DE PÁGINAS NO PUEDEN SUSTITUIR A UNA VALORACIÓN ACTUAL

El asunto que debía juzgarse este miércoles afecta a tres hermanos que llevan varios años dentro del sistema de protección. Como ocurre en otros procedimientos similares, los expedientes administrativos alcanzan miles de páginas, acumuladas durante años. Pero la existencia de miles de folios no garantiza por sí misma una correcta protección de los menores. La cuestión esencial es otra: ¿existe una valoración actual de la situación de esos niños y de su familia?, ¿se han revisado realmente las circunstancias que originaron la separación?, ¿se han evaluado los cambios producidos durante los años transcurridos?, ¿se está trabajando para la reunificación familiar cuando ésta sea posible?, ¿se cumplen los requerimientos de los órganos judiciales encargados de revisar esas decisiones? Éstas son las preguntas que deben poder responderse en un Estado de Derecho.

SE PEDIRÁN EXPLICACIONES Y SE HARÁ PÚBLICA LA SITUACIÓN

Ante la gravedad de lo ocurrido, se están valorando quejas y actuaciones ante los organismos competentes, así como otras iniciativas dirigidas a poner de manifiesto las dificultades que están encontrando familias, profesionales, Ministerio Fiscal y órganos judiciales en el funcionamiento del sistema de protección de menores en Canarias.

Asimismo, se prepara un acto público ante la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias en Santa Cruz de Tenerife, al que serán convocados los medios de comunicación. La finalidad no es atacar el sistema público de protección de la infancia. Es exactamente la contraria. 

Un sistema que puede separar a un niño de su familia debe ser uno de los sistemas más rigurosos, transparentes y fiscalizados de toda la Administración.

Debe cumplir los requerimientos judiciales. Debe remitir los expedientes en plazo. Debe actualizar las valoraciones. Debe justificar sus decisiones. Y debe responder ante los tribunales cuando esas decisiones sean impugnadas. Porque cuando todo eso falla, no estamos hablando de una deficiencia burocrática. Estamos hablando de niños cuya infancia continúa transcurriendo mientras la Administración llega tarde.

Firman esta Nota de prensa:

Margarita López Anadón – abogada de la familia (teléfono de contacto 649541315)

Eloy Cuadra – portavoz de la Asamblea Reivindicativa Canaria (teléfono de contacto 669447122)

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