Mario Ensástiga Santiago
Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2026

Esta colaboración da cuenta de una experiencia más de los tantos fraudes de tierra rural y urbana, así como su compra, venta y especulación en México, se trata de un caso de fraude que se fue gestando poco a poco a lo largo de prácticamente 25 años en la Tenencia de la Aldea del municipio de Morelia, Michoacán, ha sido una larga travesía de los ideales y derechos humanos, con el propósito de contar con un  lugar para heredar a nuestros hijos e hijas con sus respectivas familias.

Debo advertir que no esta en mi concimiento y alcance de todas las piezas de este rompecabezas de la historia completa y objetiva de la especiencia por narrar. En consecuencia, esta será inevitablemente una visión parcial de lo que he vivido, oído de manera limitadamente, investigado de manera empírica a través de la charla con algunos personas del grupo.

La urbanización de las tierras rurales en México se ha producido durante muchos años. En 1992, con la reforma constitucional del artículo 27 de nuestra Carta Magna, impulsada durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se abrió la posibilidad jurídica de incorporar  tierras ejidales al mercado inmobiliario urbano. Esto propició la boracidad, especualción y acumulación de amplias extensiones de tierra rural por parte de desarrolladores inmobiliarios, así como la construcción de fraccionamientos habitacionales para las clases media y alta, centros comerciales, deportivos etcétera.
La historia por contar inicia el 2000 y 2001, cuando un pequeño grupo de integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de Morelia, tuvo la idea e iniciativa de promover la construcción de un fraccionamiento popular. El proceso comenzo con un acuerdo entrte los promotores y personas del ejido de la tenencia de La Aldea, municipio de Morelia. A partir de ahí se inició la gestión para transformar la tierra ejidal en pequeña propiedad, es decir, pasar del régimen rural al urbano, asimismo, se elaboró el proyecto de urbanización y lotificación, y se promovió la venta de lotes. El nuevo fraccionamiento frecibión el nombre de “Los Jilgueros”.

Al inico, los lotes se vendían, en mi caso, a 10 mil pesos cada uno, con cómodas mensualidades de aproximadamente 300 pesos. Estas cantidades fueron cambiando con los años, al igual que los pagos destinados a la construcción de la obra de infraestructura y los servicios de agua, drenaje, luz, apertura de calles, construcción del depósito de agua y adoquinado de calles.

Varias personas del PRD adquirimos terrenos, básicamente para nuestros hijos e hijas. En 2009 se constituyó legalmente la asociación civil “Programa de Vivienda Agustín Melgar”, de la que todos los compradores de lotes éramos integrantes y responsable colectivos de las decisiones y los avances del fraccionamiento, con base a las reuniones que celebrábamos cada fin de semana.

Durante los primeros años, el proceso estuvo lleno de buenas intenciones, tanto por parte de los fraccionadores como de quienes adquirimos los lotes. Sin embargo con el paso de los años surgieron diferencias entre el grupo original de promotores del fraccionamiento, posiblemente relacionadas con el manejo de los recursos económicos del pago de los terrenos y de otras coperaciones, como las destinadas  al pago del velador y la limpieza del terreno. Algunas de estas solicitudes parecían más bien pretextos  para imponer cuotas de cooperación por cualquier motivo. En ese contexto, creció la desconfianza y se extendió la percepción de que el proyecto se había convertido en la proverbial “gallina de los huevos de oro” para los fraccionadores, quienes, al parecer, obtenían un  beneficio económico mayor al que correspondería por sus servicios a la conducción del desarrollo. Por razones que desconozco falleció el principal promotor y la responsabilidad recayó en su esposa y hermanos;  agunos de ellos también fallecieron. No sé si poe esa razón, los responsables  recurruerieron a la asesoría jurídica de un abogado que, como lamentablemente ocurre en este tipo de proyectos, quien imprimió una dinámica visiblemente agresiva por obtener mayores recursos económicos.

Las tensiones empezaron a aumentar: los fraccionadores presinaban y exigían, mientras los compradores se negaban a seguir pagando. Los fraccionadores argumentaban que no podía avanzar con la pavimentación y el adoquinado de las calles porque no había dinero para pagarle a la constructora. Por su parte, los compradores de terrenos, cada vez más desconfiados, tomamos la desición definitiva de no aportar un peso más. Así transcurrieron  varios años en ese círculo vicioso. Hubo intentos fallidos de algunos integrantes del grupo de liderar al grupo para resolver la entrampada situación.

La experiencia más notable fue el trabajo personal de una conocida militante del PRD, asesorada por un licenciado, quien finalmente después de varios años, renunción sileciosamente a esa responsabilidad. Esta última etapa abarco, aproximadamente, de  2020 a 2024.

Este periodo estubo marcado por la llegada del Covid 19 en 2020, que provoco la disminución y la cancelación paulatina de las reuniones del grupo. Al dejar de recibir  los ingresos económicos que recibían anteriormente, se vieron en la necesesidad de cerrar las oficinas que tenían en el Centro Histórico de Morelia. Mientras tanto, la infraestructura de los servicios básicos que se fue deteriorando drásticamente, hasta quedar prácticamente inservible. 

Fue hasta principios de 2024 cuando volví a interesarme en averiguar por ver por qué la legalización de los terrenos, particularmente después de haber pagado los tres que adqurí y los servicios correspondientes, y tras haberme ausentado durante cuatro años. Sin proponermelo, de pronto me vi inmerso en la dirección y conducción de las gestiones ante las distantes instancias de gobierto municipal de Morelia y del Gobierno de Michoacán, con el fin de conocer  la situación técnica y legal del fraccionbamiento. Fue entonces cuando se aclaro que los fraccionadores, asesorados por el abogado ya comentado, habían constituido  otra asociación civil y cambiado: la asociación pasó a llamarse “Hombres libres y Pensadores de Honor A.,C.” y el fraccionamiento “México Nuevo”. Esta maniobra se realizo sin consultar sin consultar a los compardores de los terrenos.

Al  respecto surgieron muchos rumores  sobre la posibilidad de que ya no fuéramos  propietarios, a pesar, de contar con la carta de compraventa y la carta posesión notariada, firmada por el principal promotor y lider la la asociación civil del “Programa de Vivienda Agustín Melgar”.

Durante los dos últimos años, esta nueva etapa permitió recuperar gradualmente. Se constituyó una Comisión de Coordinación integrada por 7 personas para conducir colectivamente al grupo, denominado México Nuevo Unido, que hasta el moento no cuenta con registro legal. Entre los avances logrados hasta ahora  está la presentación de una querella  por fraude ante la Fiscalía del estado, suscrita por cerca de 100 personas. 

Gracias al seguimiento y a la presión ejercida ante los ministerios públicos que nos han atendido, esta por abrirse la etapa de búsqueda de los mecanismo de mediación y conciliación entre la partes involucradas,con miras a escriturar nuestros predios. No hay otra demanda y disposición a negociar una compensación o aportación económica : nuestra exigencia es simple y llanamente la escrituración. Estamos a la espera de los citatorios  para la mediación con el abogado respresente de quienes ahora son los representantes legales de la nueva asociación civil y fraccionamiento donde seencuentran nuestros terrenos. Si la mediación no porospera, segurá la etapa de judicialización, es decir, la presentación de una contra los presuntos responsables del fraude.
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