Un informe pericial concluye que varias instalaciones del complejo vulneran las restricciones de la Ley de Costas y la Fiscalía cuestiona gravemente la actuación de los responsables de Costas que autorizaron el proyecto.

La investigación judicial sobre el proyecto turístico Cuna del Alma continúa abierta. A día de hoy, desde el pasado 10 de noviembre,  Antonio Manuel Acosta Felipe (CC), Director General de Costas del Gobierno de Canarias, y Valeriano Díaz Castro, jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental, siguen imputados en la causa.

Pese a los intentos de Coalición Canaria por transmitir tranquilidad y dar por hecho que el asunto quedaría en nada, la jueza ha rechazado las solicitudes de sobreseimiento y archivo presentadas por los dos investigados.

La decisión se produce después de que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación popular ejercida por la Asociación Puertito Libre personadas en el procedimiento se opusieran al archivo y solicitaran que continuase la investigación, con las diligencias y pruebas periciales todavía pendientes.

Especialmente contundente ha sido el escrito presentado por la Fiscalía, que no solo se opone al archivo, sino que incorpora las conclusiones de un informe pericial que considera acreditadas importantes incompatibilidades del proyecto con la Ley de Costas.

El informe distingue dos grupos de actuaciones. Por un lado, concluye que los cuartos de instalaciones y las piscinas privadas pertenecientes a las unidades alojativas T2-XL 01 y 02 forman parte de edificaciones destinadas a habitación, expresamente prohibidas por el artículo 25.1.a de la Ley de Costas dentro de la servidumbre de protección, sin que concurran las condiciones excepcionales que permitirían su autorización.

Por otro lado, considera que el edificio destinado a restaurante y las infraestructuras que dan servicio al establecimiento tampoco encajan en ninguno de los supuestos que la legislación permite dentro de esa franja de protección. También señala que no se ha acreditado que el túnel de servicio proyectado carezca de un trazado alternativo.

Pero el escrito de Fiscalía va más allá de las conclusiones técnicas. El Ministerio Público afirma que el informe técnico obrante en el expediente era negativo y que ambos investigados conocían esa circunstancia. Cuestiona asimismo que la resolución administrativa omitiera el sentido desfavorable de dicho informe y que presentara como recibido un informe de Biodiversidad cuando, según explica el fiscal, lo que se había recibido era una solicitud de documentación complementaria para poder emitirlo.

La Fiscalía considera que estas omisiones no fueron irrelevantes. En palabras del propio escrito, se habría actuado con la finalidad de «conceder una autorización que debió ser denegada».

Para las organizaciones personadas como acusación popular, la decisión judicial de mantener abierta la investigación supone un paso importante para esclarecer cómo se tramitó y autorizó un proyecto que ya había recibido objeciones técnicas dentro de la propia Administración de Costas.

La investigación deberá continuar ahora con las diligencias pendientes y las pruebas periciales acordadas, que permitirán profundizar en las circunstancias que rodearon la autorización del complejo y en las posibles responsabilidades de otras administraciones derivadas de su tramitación.

La petición de archivo ha sido rechazada. La investigación sigue abierta y las graves cuestiones señaladas por la Fiscalía todavía deben ser esclarecidas en sede judicial.

En Santa Cruz de Tenerife

Guacimara Fuentes, Presidenta de la Asociación Puertito Libre,

Pedro Afonso, Presidente de la Asociación de Taxistas Asalariados Costa Adeje – ATACA,

Juan Fracisco Galindo, afectado directamente por las obras,

Eloy Cuadra, portavoz de ARCAN

*Fotografías cedidas por la Asociación Puertito Libre .

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