La justicia electoral

Por: Atilio Alberto Peralta Merino

albertoperalta1963@gmail.com

Puebla, Puebla, 6 de agosto del 2021

De tiempo atrás hemos señalado el hecho de que asignar al poder judicial la calificación de los procesos electorales por vía contencioso procesal es ignorar lo que en nuestra historia política representó la crisis derivada del conflicto por la denominada “competencia de origen”, la reciente crisis en la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación lamentablemente confirma tal aserto.

Un sujeto disparó hace dos años con un rifle de asalto y con clara intención genocida contra integrantes de la comunidad México-americana en la localidad de El paso, Texas; causando entre los concurrentes al sitio donde acontecería el percance en cuestión diversas víctimas, no pocas de ellas mortales.

La policía local invocó el delito de terrorismo como cargo a formularse en la ocasión y la cancillería mexicana invocaría el tipo penal de genocidio estatuido por la Convención conducente de la Organización de las Naciones Unidas en 1948.

A dos años,  al unísono de que la cancillería mexicana emprende  ante las cortes de los Estados Unidos la causa “México vs Barret et al“, contra once fabricantes y distribuidores de armas,  se suscita una crisis fulminante en el pleno de la sala superior del tribunal electoral, una eventual conexión de tales hechos con el célebre  operativo “Rápido y Furioso”, así como la consabida y temible “Asociación Nacional del Rifle de los Estados Unidos”,  se habría tejido, en la Comisión de Justicia del Senado cuando la presidía Gil Zuart y su asistente, y era el hoy entronizado presidente de la referida instancia judicial; la “Asociación Nacional del Rifle” ¿estará acaso actuando en México ante la falta de ratificación de Ken Salazar por parte del senado de los Estados Unidos?

La organización de Estados Americanos por conducto de Almagro ¿emitirá acaso algún pronunciamiento al respecto? ¿las maniobras de Bladimiro Montesinos ante las instancias peruanas competentes de calificar el pasado proceso electoral estarían siendo imitadas a cabalidad en otras latitudes más cercanas?

Existe una nueva edición del debate sobre la calificación de los procesos electorales, sin que medien en él talentos como los de Iglesias o Vallarta, pero si variantes desestabilizadoras mucho más potentes que las que habría tenido que afrontar la generación de 1876.

Los criterios sustentados por José María Iglesias como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegaron a una situación climática y culminante durante la sucesión presidencial de don Sebastián Lerdo de Tejada, dándose pie con ello al título de la célebre obra de Iglesias: “La cuestión presidencial en 1876”, obra de lectura fundamental y que se constituye en uno de los documentos clásicos de la literatura política mexicana.

Criterios que fueran sustentados en torno a diversos amparos promovidos contra autoridades de los estados de Puebla, Querétaro; y de manera muy destacada el promovido por don Isidro Montiel y Duarte en nombre de diversos terratenientes de Morelos, entre los que se encontrarían el padre del célebre yerno de Don Porfirio “Nacho” de la Torre, en contra de diversos actos imputables a las autoridades de dicha entidad.

El artículo 16 de la Constitución de 1857 al igual que la tercera enmienda de la Constitución de Filadelfia exigía que todo acto de autoridad debía estar debidamente fundado y motivado, sólo que, a diferencia de lo que acontece con el texto norteamericano, la constitución mexicana exigía y exige a la fecha, que la autoridad en cuestión debe estar debidamente investida de “competencia”.

José María Iglesias al frente de la corte mexicana decidió conceder el amparo a los quejosos en cuestión, al determinar que la integración de los poderes públicos en las entidades referidas no habrían quedado integrados con sujeción a lo dispuesto por las propias y respectivas constituciones locales, por lo que, los actos de autoridad en cuestión, habrían sido emitidos, en consecuencia, por autoridades que carecían de competencia para ello.

La competencia, conforme a nuestra Teoría General del Proceso, se determina tanto objetiva, circunscribiéndose por ende a la materia, el territorio, la cuantía y el grado; así como subjetiva, estribando ésta en el hecho de que, respecto a que en relación con la autoridad abocada a conocer del asunto en cuestión no medie causa de recusación que impida al juzgador conocer de la misma.

La “Curia Philipica”, texto que delineó la formación procesalista de José María Iglesias y de toda su generación, comienza abordando el tema de la competencia, precisamente, a partir de la legal asunción de poder público por parte de toda autoridad.

La doctrina jurisprudencial norteamericana denominada “political questions”, por su parte, impide a los tribunales entrar a deliberar sobre tales tópicos, con la salvedad, de que dicho criterio habría sido emitido con base y fundamento en el texto de la tercera enmienda de la Constitución de Filadelfia, misma que, como ya lo habríamos señalado no exige a la autoridad la condición de estar revestida de “competencia” para emitir un acto de autoridad.

El abierto fraude electoral por medio del cual don Sebastián Lerdo de Tejada pretendió imponer su reelección ante la popularidad creciente de Porfirio Díaz como líder de la oposición, reflejaba a la perfección, como un espejo cristalino, la elección fraudulenta de ese mismo año llevada a cabo en los Estados Unidos, y mediante la cual, el presidente Ulysses S. Grant, el célebre héroe de la Batalla de Gettysburg, determinó el triunfo de su correligionario republicano Hayes en detrimento del aspirante Tilden quién a la sazón habría obtenido el triunfo en la urnas electorales.

El presidente de la Corte desconoció la asunción de Lerdo de Tejada para un segundo período presidencial al considerar que su autoridad carecía de “competencia de origen” dado el manifiesto “fraude electoral” en el que habría incurrido , y, en consecuencia, toda vez que la Constitución de 1857 concedía al presidente de la Suprema Corte la condición de sucesor por ministerio de ley en caso de ausencia total del presidente de la República, se aprestaba a asumir el cargo, pretensión que se habría topado con los fusiles de la sublevación de “Tuxtepec” encabezadas por don Porfirio y que dieron con él y con el propio Lerdo de Tejada en el exilio.

El régimen entrante impulsó la designación de Don Ignacio Luis Vallarta como presidente de la Suprema Corte, sus célebres “Votos” al recopilar sus deliberaciones en los principales asuntos fallados por la Corte, sentó las bases para la expedición de la Ley de Amparo de 1882 mediante la que, entre otros aspectos, asumimos parcialmente el modelo jurisprudencial anglosajón del “stare decisis”, dejando atrás el sentido “res inter alios acta” en los fallos judiciales emitidos en materia constitucional por la Suprema Corte.

Por lo demás, el máximo valor político de los “Votos” de Vallarta, obra fundamental de nuestra literatura política, habría estribado, precisamente en echar por tierra de manera definitiva el criterio de “la competencia de origen” que quedó proscrito durante 120 años, el largo transcurso de siete épocas de jurisprudencia de la Suprema Corte.

La jurisprudencia adquiere una dimensión muy distinta cuando se analiza en su contexto histórico y político como bien lo ha hecho notar el constitucionalista peruano David Aníbal Ortiz Gaspar en un reciente ensayo denominado: “ALGUNAS REFLEXIONES ACERCA DE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A PROPÓSITO DEL “CASO MARBURY VS. MADISON

Las reformas de 1993 y subsecuentes, sin embargo, establecieron que los procesos electorales eran plenamente susceptibles de resultar judiciables, creándose en consecuencia un tribunal electoral, primero como cuarto poder constitucional, en un país en el que todas sus instituciones se erigen precisamente sobre la base de un rechazo tajante a la erección de un cuarto poder, a partir del colapso de las “Siete Leyes Constitucionales de 1836” y su “Supremo poder Conservador”; y, posteriormente como un tribunal adscrito al Poder Judicial de la Federación, en un país en donde, todas su definición política institucional se asentó a lo largo de un prolongado período de su historia sobre la base del rechazo total a los criterios que en otro momento de nuestra historia habrían sido sustentados por don José María Iglesias.

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