La batalla legal de AMLO

Por Antonio TENORIO ADAME

La reforma a la Ley de la industria eléctrica de AMLO ha sido frenada por el amparo extendido a una empresa privada. Se inicia una batalla por la legalidad ya que el presidente acudirá a la Suprema Corte en busca de defender la soberanía de establecer sus propias leyes.

Un juez de distrito ordenó la suspensión temporal de la aplicación de la nueva norma para proteger a una empresa fotovoltaica, al considerar que se violaba el principio constitucional de libre competencia. Este amparo se considera de efectos generales por lo que protege a otras empresas similares.

Se trata entonces de un cuestionamiento entre la soberanía nacional basado en el principio fundamental de formular su legislación, confrontado por un principio de democracia empresarial de dar igualdad competitiva a los productores de energía.

El régimen presidencial se enfrenta a un desiderátum de los once ministros de la Corte, cuya nominación proviene, en ocho de los casos, a regímenes transexenales anteriores, los que sin ambages responderán a los intereses de quienes los nombraron.

El diseño de los órganos constitucionales autónomos y la Suprema Corte de Justicia está construido para tener poderes transexenales.

El triunfo de AMLO en el 2018 sorprendió porque ganó el Ejecutivo y el Legislativo y sumados ambos anulan el poder de la Corte y pueden, juntos, procesar incluso a los ministros.

La Corte dispone de una concentración desmesurada de facultades, además de ejercer capacidades jurisdiccionales en el ordenamiento y observación de la justicia, dispone también de la determinación constitucional, como supremo tribunal de interpretación de la carta magna.

La Sala de ministros determinará en juicio de constitucionalidad, si la Ley (AMLO), de industria eléctrica es constitucional o no, para favorecer o rechazar el amparo que se interpuso en su contra. Las decisiones que se tomen en dichos juicios requieren de una mayoría calificada de ocho votos, en diciembre se prevé la salida de otro ministro al finalizar su periodo. A partir de ahí, es casi seguro que perderá la capacidad de declaratoria de inconstitucionalidad.

LA LEGITIMIDAD DE ORIGEN

El presidente AMLO en su discurso de clausura de la 84 Convención Nacional Bancaria, expresó: “que no se confundan, no cambiarán las reglas”. Son ofrecimientos de certeza jurídica.

El compromiso de gobierno, cabe subrayar, de la 4T durante su periodo 2018-2024, es generar una reforma fiscal que mejore el equilibrio de la distribución del ingreso, y aprovechamiento de la renta nacional.

Por cuanto, a su meta histórica, corresponderá a romper la injusticia de la abismal desigualdad de pocos ricos y muchísimos pobres. En la recién pasada década, 2010 a 2020, el número de pobres se elevó en 10 millones más, lo que equivale a la mitad de mexicanos viven en extrema pobreza.

Las elecciones de este junio marcan el desafío de obtener una mayoría constitucional para moderar a los ministros de la Corte y evitar que sean un obstáculo a las disposiciones legales y legítimas del Congreso.

En el proyecto de largo plazo quedan inscritas las responsabilidades de reconvertir el modelo de control constitucional de la Corte basado en otorgar facultades constitucionales a órganos autónomos, los cuales no disponen de la misma.

Por tanto, se trata de revertir la concepción de igualar la concepción de constitucionalidad que dispone el Congreso como poder de origen y representación nacional, y dichos órganos autónomos que disponen de un reconocimiento constitucional derivado, funcional cuyo objetivo es meramente regulatorio del mercado y no de la nación.

En el debate del Congreso de 1847, (un año antes del despojo de la mitad del territorio por la Guerra de conquista de EEUU), el insigne diputado por Jalisco, Mariano Otero, señalaba, “veamos ahora como la repartición de la propiedad ha dividido a la población en las diversas clases que constituyen el estado, las relaciones que ha establecido entre ellas, y los resultados de estas relaciones. Y este estudio es indispensable, siempre que se quiera conocer la constitución de un país”.

Las lecturas de Otero, se aplican a los cambios a la Constitución de los gobiernos neoliberales, (alrededor de 500 de un total de 800 artículos reformados), mismos que llevaron al sometimiento de la soberanía nacional enmarcada entre otros valores, en la propiedad originaria de la nación (art 27 Constitución), para regresivamente asignar valor constitucional a organismos autónomos del gobierno pero no del mercado, cuando de lo que se trataba era de regular a este y no que la Constitución le reconociera el privilegio de la soberanía.

Hoy se requiere conocer el origen y el desarrollo de la constitución, sus deformaciones y refundaciones, como la demostrada en el quebranto de la reforma de la Ley de la industria eléctrica.

El presidente Andrés Manuel terminará su mandato, <de acuerdo con su predicción de “relevo generacional”>, cubriendo su compromiso de emprender una reforma fiscal, en tanto, la misión suprema de abrir el camino de la igualdad planteado en términos de propiedad será una empresa de mayor envergadura que requiere plazos más largos y retos superiores.

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