Consideración sobre revocación de mandato previas a la expedición del fallo de la Suprema Corte

Atilio Alberto Peralta Merino, Francisco Baeza y Manuel Senderos.

Ciudad de Puebla, Puebla, 5 de febrero del 2022

La demanda presentada por la minoría de la Cámara de Diputados contra la Ley de Revocación de mandato argumenta que dicho cuerpo legal omitió instituir medios de impugnación respecto a las decisiones tomadas durante el proceso. El proyecto de resolución elaborado por el ministro Pardo Rebolledo, dentro de la acción de inconstitucionalidad 151/2021, declara fundado el agravio en cuestión, pese a lo cual, con miras a no entorpecer el proceso de revocación de mandato en marcha, dispone que el Congreso habrá de legislar al respecto hasta diciembre del presente año. Entretanto, las impugnaciones que surjan habrán de solvenatarse conforme a los procedimientos que resulten adecuados entre aquellos en vigor, aplicables a los procesos electorales ordinarios.

Lo anterior da pie a diversas consideraciones:

A) Que una sentencia judicial obligue a una actuación legislativa es propio de sistemas de control constitucional como el que emblematiza el Consejo de Estado francés más que el que corresponde a un tribunal judicial, inaugurándose fallos de tal especie entre nosotros con el fallo relativo a la publicidad gubernamental cuyo proyecto corriera a cargo del actual presidente de la SCJN, Zaldivar Lelo de Larrea.

B) Que, a fecha, la Sala Superior del TEPJF ha aplicado los medios de impugnación actualmente en vigor, siendo de destacarse que de ser validada por el pleno la propuesta del ministro Pardo Rebolledo, solamente ciudadanos podrán impugnar las medidas tomadas dentro del proceso de revocación de mandato y solamente, por medio del juicio de derechos ciudadanos.

C) Que por ende, el razonamiento especial emitido por la magistrada Otálora Malassis el pasado 29 de diciembre, en el sentido de que las impugnaciones presentadas por Doscientos Libres y otros debieron ser aceptadas en su interés jurídico por parte de la instancia en cuestión, terminará por constituirse en el único criterio válido a solventarse, lo cual, dicho sea de paso, habrá de ser puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro de la queja que al efecto formulara el preferido colectivo por la obstrucción al acceso a justicia de la que fuera objeto.

El proyecto del ministro ponente Pardo Rebolledo, al resolver la controversia constitucional presentada por la minoría de la Cámara de Diputados contra la Ley de Revocación de mandato, considera infundado el agravio de los demandantes relativo a la insuficiencia presupuestal; lo curioso del caso es que lo hace sin haber acumulado la controversia presentada por el mismo tópico por parte del INE y contra la Cámara de Diputados que se tramita con número de expediente 209/2021. La falta de acumulación en causas que son conexas podría llevar a la adopción de criterios diversos e, incluso, contrapuestos.

Es de aclararse, por lo demás, que el colectivo Doscientos Libres presentó ante la SCJN sendos escritos como amicus curiae señalando la improcedencia de las controversias formuladas contra el INE por el Congreso y por la Presidencia de la República, en los que al unísono se argumentaba que el primero, a su vez, también carecía de atribuciones para emprender controversia alguna contra actos que son competencia exclusiva de una sola de las Cámaras tales como lo es la aprobación del presupuesto, situación que queda en plena ambigüedad ante la falta de la acumulación concerniente de las acciones. La minoría de la Cámara de Diputados, al presentar una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Revocación de mandato, señala que la disociación transitoria de la ley en materia presupuestal transgrede la «independencia de poderes» en relación con el Consejo General del INE.

En este sentido, el argumento en cuestión parte de la existencia del INE como un poder electoral del Estado, siendo de llamar la atención que tal criterio no sea materia controvertida por los informes rendidos lo mismo por la Cámara de Diputados que por el Senado y por la Presidencia de la República, y que, incluso, no fuera objeto de los considerados del ministro Pardo Rebolledo en el proyecto de resolución conducente.

Es de destacarse, en primer término, que la Constitución no establece a la fecha un poder electoral, no obstante, este sí llegó a existir en 1993 cuando se dotó al tribunal electoral de plena jurisdicción sin que estuviera en ese momento adscrito al Poder Judicial y sin que se le considerara un tribunal administrativo más adscrito al Poder Ejecutivo.

Todas nuestras instituciones fueron erigidas sobre el rechazo expreso a un cuarto poder a partir del colapso de las Siete Leyes constitucionales de 1836. Rechazar, por lo tanto, un cuarto poder electoral, a diferencia de lo que sucede en otros sistemas constitucionales, no representa para nosotros un derrotero de lealtad histórica sino de principio matemático. Siguiendo a Kelsen, el orden legal no es más que un sistema y los elementos discordantes a un sistema crean entropía siempre, pero cuando estos inciden en el elemento rector del mismo la entropía conduce al caos.

Ciertamente, el INE no está regulado como un poder electoral, sin embargo, su funcionamiento corresponde a uno, a grado tal que no solo atrajo la elección extraordinaria de Puebla en 2019 sino que cambió la ley aplicable al ventilar el proceso no conforme a la ley local sino conforme a la ley general sin contar con facultades para ello; así mismo, en 2020, pospuso las elecciones locales de Hidalgo y de Coahuila en contravención del texto expreso del Artículo 116 constitucional, hecho propio no solo de un cuarto poder sino de un suprapoder constitucional. Por lo anterior, resulta más que sorprendente que la demanda presentada por la minoría de la Cámara de Diputados no haya obtenido respuesta alguna en dicho tópico por los contraventores ni por la SCJN en su proyecto de resolución.

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