Incoherencias en el Congreso del Estado de Michoacán en su trato con sus ex trabajadores

Morelia, Michoacán, 10 de febrero del 2022

Al dar respuesta por escrito a la petición de un grupo de ex trabajadores del congreso local para que les entreguen copias de sus convenios individuales, tanto la Secretaría de Administración y Finanzas, como la coordinación de Transparencia y Acceso a la información Pública de la misma institución, aparte de mentir dolosamente al negar ambas instancias que tales acuerdos existan, incurren en diversos desatinos e incoherencias, porque la primera respuesta, solicitada desde el 29 de diciembre del año pasado, está fechada el 24 de enero y la segunda el 13 del mismo mes, pero firmadas ambas por el titular del área administrativa de la Cámara de Diputados, Mario Alberto Villegas Alfaro, y contestadas exactamente en los mismos términos.

Cuando los nuevos titulares del área jurídica comunicaron el 28 de diciembre del años pasado a los ex empleados que el finiquito no incluiría el bono, tres meses y medio después de haber concluido las relaciones laborales, luego de varias protestas frente a la sede del Congreso y muchos intentos por dialogar con los directivos, los afectados solicitaron por escrito copias de los convenios, información sobre los trabajadores que ya había cobrado esa prestación exactamente como lo había decidido la legislatura LXXIV y el monto de la partida presupuestal que sustentaba los finiquitos.

A lo largo de casi todo el mes de enero los ex trabajadores demandaron respuesta a su petición y el argumento fue siempre que el titular de Finanzas no lo había firmado. Sin embargo, en el oficio de respuesta del 13 de enero ya aparece la rúbrica de Villegas Alfaro, no obstante que fue recibido en la Coordinación de Transparencia el 6 de enero, ocho días después que el primero, es decir, lo pudo firmar casi de inmediato, en tanto que el de Administración y Finanzas de donde es titular lo firmó hasta el 24 de enero, pese a que lo recibió desde el 29 de diciembre.

A las inexplicables contradicciones anteriores se agrega el hecho de que si bien el oficio de Transparencia está fechado y firmado por Villegas Alfaro el 13 de enero, fue retenido en sus oficinas durante más de 15 días, puesto que el coordinador de esta dependencia del Congreso, Leopoldo Romero Ochoa, lo recibió hasta el primero de febrero. Resulta perfectamente explicable entonces que la prueba madre de los ex empleados, los convenios individuales, haya sido ocultada con fines perversos. Esta serie de inconsistencias, por torpeza de los nuevos responsables de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso o en el peor de los casos debido a una premeditada mala fe, fueron provocados por el conflicto entre un grupo de ex trabajadores de la legislatura anterior y los directivos de la actual, que primero soslayan dolosamente el carácter institucional del organismo gubernamental que dirigen al desdeñar el acuerdo de la Jucopo anterior y luego desconocen los convenios en un alarde de prepotencia, dado que los nuevos representantes del área jurídica sustrajeron de las oficinas de sus homólogos salientes los más de 250 convenios y luego los ocultaron.

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