Morelia, Michoacán, 18 de febrero del 2022

Con la destitución del secretario de Administración y Finanzas del Congreso del estado, Mario Alberto Villegas Alfaro, los presidentes tanto de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), como de la mesa directiva, Fidel Calderón Torreblanca y Adriana Hernández Iñiguez, respectivamente, pretenden eludir sus responsabilidades respecto al manejo irregular del conflicto con los ex trabajadores de la legislatura pasada y de las confrontaciones internas, las cuales hicieron crisis la semana pasada cuando el primero de ellos acusó a la segunda de entorpecer “los procedimientos legislativos” y el coordinador del partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar, advirtió que en la cámara de diputados “no podemos tolerar ineficiencias”.

La conducción de la LXXV legislatura comienza sus desatinos con la falta de respeto al carácter institucional del Congreso en el que la continuidad, requisito indispensable para garantizar que los acuerdos se cumplan más allá del relevo trianual, norme el criterio de un organismo representativo de la voluntad popular que debe estar por encima de los intereses personales, y al desechar la resolución asumida en julio pasado por los diputados salientes de pagar a sus colaboradores un bono de dos meses de salario, violenta la institucionalidad del organismo.

Luego, al eludir la responsabilidad que el compromiso de pagar los finiquitos entraña, en un acto doloso y atentatorio de los derechos elementales en materia laboral, desparecen los convenios que prueban el acuerdo de la legislatura anterior y para colmo mienten sobre su existencia. Todos estos actos, que en una sociedad de leyes deberían ser punibles, prueban que la soberbia y la prepotencia siguen siendo distintivos de una “clase política” que de “política” no tiene nada. En reparto de las posiciones que corresponden al área administrativa del Congreso, todos los funcionarios de alto nivel representan a alguna de sus fracciones partidarias y por eso, en las recientes confrontaciones, “el hilo se rompe por lo más delgado” y quien paga los platos rotos es el Secretario de Finanzas, como “chivo expiatorio” de los yerros de sus jefes. Las recientes confrontaciones cuando apenas llevan cinco meses en el cargo, si las diferentes fracciones no asumen la gravedad de la situación y no se hacen los ajustes necesarios, preludian un escenario de conflictos que van a hacer todavía más inútil a la cámara local de diputados.

Los ex empleados de la legislatura pasada que no han cobrado los finiquitos porque la Secretaría de Finanzas, por órdenes obviamente de los directivos del Congreso, solo está pagando un tercio de lo que consigna el convenio y lo que establece la ley, que protege a la parte débil de una relación laboral cuando se pactan mejoras para los trabajadores, exigen que se respeten sus derechos y que se les pague conforme al acuerdo de la legislatura LXXIV.