LA CIUDADANÍA ESTRENA DEMOCRACIA DIRECTA ESTE 10 DE ABRIL

.

Ana Yaneth Coss González

La Revocación de mandato representa un derecho humano de participación porque nos da la garantía de retirar a un gobernante de su cargo cuando no cumple con sus responsabilidades, obligaciones y compromisos, y esto lo lleva a perder la confianza ciudadana. En la Historia de México desde 1934 el presidente de los Estados Unidos Mexicanos ha asumido un periodo de cinco años y diez meses, siendo un mandato inamovible que convierte al sistema político mexicano en una excepción a nivel mundial. Esto, durante muchos años, representó un valor de estabilidad, sin embargo, como ya lo hemos venido viviendo desde la llegada de gobiernos neoliberales que han llevado a nuestro país a la privatización y explotación barbárica de los recursos naturales y al secuestro de la soberanía nacional, convirtieron en una mina de oro de cierta clase política que no tiene amor por México.

Lo anterior ha impregnado a los gobernantes e instituciones de desconfianza, así como a quienes las representan porque han dejado a un lado la voluntad del pueblo. En dado caso, este mecanismo de participación rompe con los privilegios de una clase política dominante que había mantenido un supuesto de estabilidad bajo el sometimiento de la voluntad popular. Por lo tanto, al establecer en la constitución política de los estados unidos mexicanos que la ciudadanía tenga el derecho a decidir si un mandatario se destituye o se le permite continuar su periodo, no solo dota de herramientas de participación sino involucra a las y los mexicanos en la toma de decisiones de manera directa, permitiéndoles vigilar el actuar de quienes gobiernan el país. Asimismo, los coloca en un nivel de responsabilidad superior y también garantiza el poder de desplazarlos de manera pacífica, lo cual obliga a las y los electores a estar mejor informados.

El espíritu de la revocación de mandato puede verse con complejidad porque se vincula con un sistema político presidencial que es menos flexible que un sistema parlamentario, por ello se sujeta a diversas matizaciones de puntos a favor y puntos en contra, sin embargo, la reforma constitucional en la ley que se aprobó en 2019 previó evaluar el primer periodo de gobierno que consta de tres años.
Cuando la ciudadanía puede tener el poder de decidir si continua o no un mandatario, haciendo que termine anticipadamente su cargo, habla de una democracia consolidada porque tiene el poder de decidir de manera directa y también contribuye para que sea una ciudadanía mejor informada.

En 2019 México aprobó una reforma constitucional para el proyecto de decreto por el que se reforma y se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato, y este año se detonó el proceso que va a llevar a su celebración. Cabe recordar que este proceso también representa uno de los compromisos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, refiriéndose a que “Es de demócratas no tenerle miedo al pueblo” quien podrá decidir si continua o no su periodo como presidente.

Para que el Instituto Nacional Electoral pudiera aplicar este mecanismo necesitó en un principio que fuera la ciudadanía la que lo solicitara y en apego al Art. 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aprobó cumpliendo el umbral establecido del 3% mínimo de firmas de la lista nominal de personas electoras. Ese porcentaje equivale a 2.7 millones de personas en esta ocasión y en las que vengan dicha solicitud deberá provenir de por lo menos 17 entidades del país. La revocación del mandato solo podrá pedirse una vez por sexenio y deberá realizarse a los 15 días del mes siguiente a la finalización del tercer año de gobierno. Este mecanismo de democracia directa responde de manera correctiva a la democracia representativa y al principio republicano mediante el que se eligen los cargos por un periodo determinado y de manera anticipada.

Para que el proceso del 10 de abril sea vinculante y la votación sea válida, tendrá que contar con la participación mínimo del 40% de personas inscritas de la lista nominal de electores, lo que equivale a 36 millones de personas. Algunas de las dificultades que se han presentado para garantizar el derecho de participar a las y los mexicanos tiene que ver con que no ha sido suficiente el número de casillas destinadas a este ejercicio. No todas las colonias cuentan con una casilla e incluso hay zonas en las que van a tener que viajar hasta una hora para poderse trasladar a su casilla.

Otra de las complicaciones que se ha presentado en este proceso también tiene que ver con que en un principio las y los servidores públicos no podían promover el proceso de revocación del mandato, desencadenando varias denuncias que se interpusieron por el represéntate del PAN en la ciudad de México, censurando la opinión de las y los servidores públicos. Fue hasta que las Cámaras de Diputados y Senadores aprobaron un decreto mediante el que se permitió difundir información del proceso siempre y cuando no se ocuparan recursos públicos. Con ello se hicieron valer los derechos políticos de las personas servidoras públicas. Podemos señalar que la ciudadanía está viviendo un proceso de transformación y eso la lleva a transitar a emplear nuevos mecanismos de fortalecimiento a nuestro sistema político.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s