Por Dr. Rodolfo Ondarza Rovira*
El Dr. Hussam Abu Safiya es un pediatra neonatólogo palestino y director del Hospital Kamal Adwan de Gaza en Beit Lahiya. Siguió trabajando incluso después de la trágica muerte de su hijo durante un ataque aéreo israelí.
El 27 de diciembre de 2024, fuerzas israelíes irrumpieron en el hospital Kamal Adwan —el último que seguía funcionando en el norte de Gaza en ese momento— y arrestaron a su director, el doctor Hussam Abu Safiya, junto con otros miembros del personal médico y pacientes.
Desde entonces ha sido retenido en una prisión israelí militar de Ofer. sin cargos ni juicio, en condiciones inhumanas y bajo tortura.
El Dr. Hussam Abu Safiya ha sido reconocido como «el héroe» de Gaza. Se le otorgó en 2026 la «ciudadanía honoraria» por la ciudad de Lyon, Francia. La ciudad dijo: «Safiya es una de las figuras principales en el sistema de salud de Gaza y encarna el coraje de los trabajadores de la salud frente a lo inenarrable».
Una publicación israelita lo acusa de ser “coronel de Hamas”, poniendo como referencia algún artículo de opinión del artículos de opinión del New York Times, pero sin mostrar ninguna prueba de ello, ni una foto del Dr. Hussam Abu Safiya con uniforme militar, ni mencionar ninguna acción bélica del pediatra. Únicamente se mencionan sus actividades médicas en un hospital civil. Y afirman que “El propio Hospital Kamal Adwan también es considerado un bastión de Hamas”, lo mismo han dicho de otros hospitales que han destrozado.
Las terribles acciones del Dr. Hussam Abu Safiya fueron las de salvar la vida de niñas y niños palestinos.
La reciente aprobación de la pena de muerte para prisioneros palestinos superó su tercera y última lectura en la Knéset (parlamento unicameral de Israel) por 62 votos a favor y 48 en contra. Contó con el voto a favor del primer ministro, Benjamin Netanyahu.
El proyecto de ley estipula que los palestinos condenados por tribunales militares israelíes por llevar a cabo ataques mortales considerados «actos de terrorismo», serían ejecutados en la horca en un plazo de 90 días, con un posible aplazamiento de hasta 180 días.
Esta medida ha sido ampliamente criticada internacionalmente por ser considerada discriminatoria y orientada específicamente a la población palestina.
La Autoridad Palestina, que administra Cisjordania, condenó la aprobación de la ley, afirmó que «pretende legitimar las ejecuciones extrajudiciales bajo el amparo legislativo».
Por su parte, Hamás, que controla Gaza, declaró en un comunicado emitido el lunes en la noche que la aprobación del proyecto de ley «amenaza la vida» de los presos palestinos en las cárceles israelíes, y pidió a la comunidad internacional que «garantice la protección de, nuestros presos».
Yair Dvir, portavoz de B’Tselem, el Centro Israelí de Información sobre Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, califica la nueva ley de pena de muerte como un «ejemplo horroroso de la profundidad del apartheid» que constituye una “violación directa” del derecho a la vida. La nueva ley de pena de muerte marca “otra etapa en la profunda deshumanización de los palestinos” que ha permitido años de opresión, despojo y discriminación a través del sistema judicial israelí, señaló Dvir.
La resistencia libanesa advierte que la entidad sionista intenta otorgar carácter legal a prácticas como la tortura, negligencia médica y otros abusos en las cárceles israelíes. Todo ello se suma a más de 72,280 palestinos asesinados desde el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza el 7 de octubre de 2023.
La institucionalización de la práctica de “asesinato legalizado”, pone en riesgo la vida de más de 9,500 palestinos encarcelados; de ellos 3,442 permanecen bajo detención administrativa—una figura que permite el encarcelamiento indefinido sin cargos ni juicio—, mientras que 1,249 están clasificados como “combatientes ilegales”, la mayoría de los cuales provienen de la Franja de Gaza.
Existe un consenso en que esta legislación no solo viola principios fundamentales de derechos humanos, sino que constituye un crimen de guerra al contradecir abiertamente los Convenios de Ginebraa.
Amnistía Internacional planteó que se eliminan “garantías fundamentales para prevenir la privación arbitraria de la vida y proteger el derecho a un juicio justo”, reforzando aún más “el sistema israelí de apartheid, mantenido mediante decenas de leyes discriminatorias contra la población palestina”. “Al autorizar a los tribunales militares —tristemente célebres por no respetar el debido proceso y las garantías de un juicio justo, y cuya tasa de sentencias condenatorias supera el 99% cuando las personas acusadas son palestinas— a imponer la pena de muerte preceptiva y ordenar la ejecución en un plazo de sólo 90 días a partir de la sentencia definitiva, Israel se está otorgando descaradamente carta blanca para ejecutar a personas palestinas al tiempo que elimina las garantías elementales de un juicio justo”.
En este contexto la vida del Dr. Hussam Abu Safiya y la de muchos trabajadores de salud, al igual que la de muchos ciudadanos corre el riesgo de terminar en la horca sionista. Por la que nuevamente, como médico activista por la Paz y los Derechos Humanos alzo la voz exigiendo como muchas organizaciones en el mundo civilizado la liberación del Dr. Hussam Abu Safiya, así como la derogación de la ley que condena a muerte a palestinos “sospechosos” para el sionismo.
*Rodolfo Ondarza-Rovira. Neurocirujano. Médico en Contra del Genocidio y la Guerra Nuclear, activista en la defensa de los Derechos Humanos. Miembro fundador de la Academia Mexicana de Geopolítica y Estrategia. Ex candidato a la titularidad de la CNDH. Diputado, presidente de la Comisión de Salud durante la VI Legislatura, ALDF.
Los artículos de opinión son responsabilidad exclusiva de sus autores
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