El ex presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, como sabemos por el bombazo de la noticia, ha sido imputado por diversos delitos de corrupción, tras una exhaustiva investigación llevada a cabo, con un determinante antecedente, el apresamiento del ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por tropas de operaciones especiales del Ejército de los Estados Unidos de América, y su puesta a disposición de las autoridades judiciales de la primera potencia del mundo.

El apresamiento de Nicolás Maduro, hizo posible el avance en la investigación sobre las relaciones del mismo con distintos exponentes de la política en España, como Rodríguez Zapatero, del cual se conocían profusas relaciones con el régimen totalitario venezolano, siendo este nexo el que, probablemente, ha impulsado de una manera más importante, su imputación.

Después de este hecho, han surgido distintas voces de extrañeza, porque ha sido posible la imputación de un ex presidente del Gobierno en España, y, por otro lado, la voz del presidente, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, en defensa de Zapatero, y volviendo a rechazar todas las acusaciones contra el mismo.

No me parece anormal en absoluto, que un ciudadano en España, tenga el pasado que tenga, u ostente el cargo que ostente, pueda ser investigado por los órganos judiciales españoles, y ser puesto a disposición judicial, si se concluye que existen indicios suficientes al respecto. Lo anormal, sería lo contrario, es decir, que en un Estado de Derecho demócrata, de la Unión Europea, dejara de existir igualdad ante la Ley, y ante la Judicatura.

Que los poderosos se vayan de rositas, si han abusado de su poder, o si han delinquido, de la manera que fuere, es, sin duda, una falta muy grave en cualquier lugar con unas leyes justas, y donde los Jueces se ciñan a su profesión, lejos de razones políticas, o de otra índole, que no tenga que ver con la interpretación de las leyes a la luz de la jurisprudencia, y de los principios del Derecho.

En España no deberían existir “Intocables”, cuando se trata de responder ante la Justicia, por mucho que, en determinadas instancias políticas e institucionales, existan determinados procedimientos especiales, a la hora de investigar o de juzgar. Lo mismo que ese privilegio del indulto, que se ha venido utilizando como un medio para salvar a los amigos de que respondan por sus delitos.

En cuanto a la defensa tan apasionada, e imprudente, del actual presidente español, Pedro Sánchez, que niega como verídicos los cargos que existen contra su correligionario de partido, me sigue pareciendo una falta de respeto hacia el Poder Judicial, porque se pone en duda su deontología, y su capacidad para liderar la preservación del imperio de la Justicia en España, la cual, en ningún caso, corresponde al Poder Ejecutivo, que, como bien indica su nombre, se debe dedicar a ejecutar las leyes y las sentencias judiciales, pero, en ningún caso, ponerse a ejercer justicia, algo que excede completamente sus competencias.

No sería la primera vez que el actual Gobierno español, se mete a redentor en cuestiones que no le competen. Hemos visto cómo ceden a la tentación de dirigir la vida de los ciudadanos, en lugar de protegernos a todos como españoles, y a facilitar la prosperidad de este país, con un bagaje y una Historia, de calado tan impresionante, que bien se merece políticos con un talante de mayor altura, mucho más fieles a la Constitución y a las Leyes, y con declarados ascos hacia la corrupción y el crimen organizado.

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FRAN AUDIJE