El Programa de Desarrollo Urbano de Morelia a consulta (primera parte)


Mario Ensástiga Santiago

El gobierno municipal de Morelia, a través del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), está convocando ampliamente a la ciudadanía en estos días a la a la consulta pública para conocer, revisar y hacer propuestas que enriquezcan el Proyecto que una vez que concluya la consulta que por ley se tiene que hacer, será el Programa de Desarrollo de Morelia 2020-2040; en efecto, Morelia como municipio y ciudad al igual que todas las del país y en general de América Latica, presenta un crecimiento urbano desordenado con el agravamiento y  deterioro del medio ambiente, con el incremento de la desigualdad social, económica, inseguridad y grandes desequilibrios territoriales.

El objetivo de este instrumento técnico político es claro, se trata de responder a los problemas y necesidades actuales y futuras del ordenamiento territorial del municipio de Morelia en una perspectiva sustentable y sostenible, poniendo al centro el interés superior de la sociedad, el bienestar y la prosperidad la población, asegurando que se trata de un programa de la nueva generación de instrumentos de la planeación territorial en México, dejando en claro que los grandes retos y desafíos a enfrentar no se podrán alcanzar si no es a través de un amplio proceso participativo de la sociedad.

Este importante documento está enmarcado en la aplicación de la Agenda 20-30, que contiene los objetivos del desarrollo sostenible, bajo los principios rectores de sostenibilidad, resiliencia y respeto a los derechos humanos considerados en la ley de General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano. Para ello cuenta con el apoyo, gestión y asesoría de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) como parte del programa de planeación urbana metropolitana y ordenamiento territorial del gobierno federal.

Este programa municipal de Morelia además está inspirado en el Nuevo Proyecto de Nación, más conocido como la 4aT, con la visión de disminuir las áreas de riesgo, el cuidado de las áreas de valor ambiental, la promoción de las principales localidades para la consolidación social y económica, y el crecimiento y desarrollo de la ciudad y poblaciones rurales en un periodo de 20 años.

Ciertamente el proceso de planeación territorial urbano de Morelia tiene 36 años, aunque hay antecedentes en décadas anteriores: es a partir de 1983 que se elabora el primer Plan Director de Desarrollo Urbano de Morelia. En 1987 sufre una modificación en base a la Ley de Desarrollo Urbano y Aprovechamiento del Territorio de Michoacán de Ocampo promulgada en 1983, y en función del Sistema Nacional de Planeación Democrática a partir de las modificaciones a los artículos 27,73 y 115 constitucionales de 1976 y la Ley General de Asentamientos Humanos de 1976.

Durante estos años hemos conocido distintos y numerosos instrumentos técnicos y jurídicos, narrativas y estrategias para orientar el crecimiento y desarrollo urbano de nuestra entidad y municipio, con prácticamente las mismas reflexiones, preocupaciones, objetivos y estrategias para la ocupación de los territorios de manera más ordenada, armónica y ambiental en beneficio del bienestar de la población. Palabras más, palabras menos, aun cuando, sin duda con nuevos conceptos, nuevos instrumentos, nuevas metodologías, nuevas herramientas y nuevas estrategias.

De ahí que me pregunto, sí en la nueva etapa de la vida del país de la 4t y la pospandemia del COVID-19, ¿se alcanzarán los objetivos y metas planteadas por el Programa de Desarrollo Urbano de Morelia 2020-2040?, esta gran interrogante inevitablemente me lleva a algunas reflexiones de mayor fondo.

Si entendemos por desarrollo urbano como el proceso de operación de las políticas públicas de gobierno y sociedad, para la transformación del patrón territorial y de los asentamientos humanos que permita mejorar la calidad de vida de la población, social y económicamente,  entonces estamos hablando de señalar en principio algunos problemas observados que han prevalecido por décadas en nuestro país en la forma de gestionar y administrar técnica y jurídica, económica y políticamente  el crecimiento y desarrollo urbano de nuestros estados y municipios.

En mi opinión la corriente de análisis sobre fenómenos sociales y urbanos de apropiación del territorio, es en principio y basamento teórico conceptual, la escuela francesa de la sociología urbana marxista iniciada por Henri Lefebvre, continuada por Manuel Castells y Jean Lojkine, entre muchos otros autores latinoamericanos y mexicanos que han retomado e interpretado las líneas de investigación sobre las disputas de poder en la ocupación territorial y las políticas públicas neoliberales del Estado. En México mi profesor Emilio Pradilla de la UNAM y amigos como Ángel Mercado, Enrique Ortiz y Roberto Eibenschutz, por mencionar algunos que rápidamente vienen a mi mente.

En plena segunda década del siglo XXI persiste en términos generales la dinámica de desarrollo urbano iniciada con la Revolución Industrial de la segunda mitad del siglo XVIII (1760), proceso que aceleró la migración del campo a las ciudades; la ONU estimó que en el 2018 el 55 % de la población mundial vivía en las ciudades. En México, el INEGI señaló que en 1950 poco menos del 43 por ciento vivía en las localidades urbanas, en 1990 el 71 por ciento y proyectó que para el 2010 casi el 78 por ciento, así que posiblemente en este 2020 tengamos un proceso urbano del 80%.

A lo largo de la historia han surgido distintas propuestas para resolver los problemas generados por el uso y apropiación del espacio, como el crecimiento caótico de las ciudades y la degradación de recursos naturales, el ordenamiento territorial tiene sus antecedentes en el urbanismo europeo de finales del siglo XIX. En Francia se conoce como aménagement du territoire y en Estados Unidos como land use planning. En América Latina los primeros intentos de ordenamiento territorial se dieron en los años de la década de los 80´s, con una clara preminencia de visiones, metodologías y herramientas de trabajo promovidas por organismos internacionales vinculadas a los intereses y paradigmas del desarrollo de los Estados Unidos y países del primer mundo.

Durante las casi últimas 4 décadas en nuestro país, en la que se impulsaron las políticas económicas neoliberales, inducidas por organismos supranacionales y por el mercado global, tienden a configurar el marco jurídico normativo de muchos países latinoamericanos, las firmas hegemónicas y los bancos toman el lugar de las instituciones gubernamentales nacionales y locales, para insertar e imponer a través de diversos organismos como el FMI, el BID, la USAID y otras, las reglas de operación a muchos países y ciudadanos.

Así nos explicamos por qué los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN han operado  los Consensos de Washington, el Marco Lógico, La Gestión del Presupuesto Basado en Resultados (GPBR), más recientemente a través de diversas mediaciones de reuniones cumbres de países, la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana Mundial, que pese a toda la racionalidad social, económica y técnico ambiental, no dejan de ser instrumentos para  estandarizar a los países emergentes y en desarrollo como el nuestro, en función de los grandes intereses del mercado global y de los países económicamente hegemónicos.

En la segunda parte de esta colaboración entraremos más en materia de cómo se expresan en nuestro país esas metodologías y herramientas que no surgen de nuestro esfuerzo de pensar por cuenta propia en función de nuestra vasta experiencia comunitaria y territorial, de nuestra idiosincrasia y de nuestros grandes problemas, para el ordenamiento urbano y rural en nuestros territorios.

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