Wikipedia Zócalo Puebla

Se pretende destruir el patrimonio cultural de Puebla

Puebla, Puebla a 21 de septiembre de 2021

Foto de portada: Wikipedia / Gustavo Velarde Tritschler

C. JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, EN TURNO.


Atilio Alberto Peralta Merino , Licenciado en Derecho, con cédula profesional número XXXXXXXXX debidamente expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; así como los CC. Bertha de Uriarte García de Acevedo, Luis Gonzaga Benavides Ilizaliturri, Manuel Senderos Bracamonte, Lourdes Muñoz Alvirez, Héctor Arturo Manuel Moreno Toscano, Ernesto García Hernández, Carlos Meza Gutiérrez y Raúl Carpinteyro y Vera; promoviendo por nuestro propio derecho, señalando para oír y recibir notificaciones la casa marcada con el número XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Centro histórico de la Ciudad de Puebla, así como en la siguiente dirección electrónica: albertoperalta1963@gmail.com ; autorizando para los efectos de recibir notificaciones en nuestro nombre al C. Manuel Senderos Bracamonte, señalando por lo demás que, toda vez que los actos que se reclaman de las autoridades responsables en la presente demanda de Amparo no requieren ejecución material, es su señoría competente para conocer de la presente de conformidad con lo que al efecto se dispone en el Artículo 37 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ante Usted C. Juez, respetuosamente comparecemos para exponer:

Que con fundamento en lo estipulado por los artículos 1º, 8°, 14 º, 16 º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; promovemos JUICIO DE AMPARO INDIRECTO y solicitamos respetuosamente el AMPARO y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL en contra del acto de las autoridades que más adelante señalaremos como responsables, por lo cual y cumpliendo con la formalidad que al efecto establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, expresamos:

l.-NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO:
Han quedado establecidos en el proemio del presente escrito.

ll. – NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO:
Bajo protesta de decir verdad manifestamos que en la acción promovida por el quejoso mediante la presente demanda de Amparo no existe tercero perjudicado alguno, toda vez que, lo que se reclama de las responsables es la falta de respuesta a un previo escrito de petición por la autoridad a la que se dirigió aquel, y la infundada respuesta dada al mismo por un servidor público diverso a quién iba dirigida la petición en cuestión.





lll. – AUTORIDADES RESPONSABLES:

A.- ORDENADORA: Lo es el Titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia Diego Prieto Hernández, con domicilio XXXXXXXXXXXXXXXX, Centro, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX.

B.- EJECUTORA: Lo es el titular de la Delegación Federal del propio Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Estado de Puebla Manuel Villarruel Vázquez, con domicilio en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Zona Los Fuertes, con C.P 7270, en la Ciudad de Puebla, Puebla, México; ubicaciones respectivas tanto la autoridad señalada como ordenadora en la presente demanda de garantías pueden ser debidamente emplazadas de la presente litis constitucional.

lV.- ACTO RECLAMADO:

De la autoridad señalada como ordenadora en la presente demanda de garantías se reclama la falta de respuesta a una Petición esgrimida ante la misma por el quejoso; y de la autoridad señalada como ejecutora se demanda el haber dado respuesta a la Petición referida, la misma que había sido dirigida a la ordenadora, siendo que por lo demás la respuesta en cuestión fue expresada de manera indebidamente fundada y motivada y sin plena sujeción a la ley expedida con anterioridad al hecho; la cual se contiene al efecto en Oficio Número Of. 654/2021 y Of. 401.3S.1-2021/1061 de fecha 25 de Mayo del 2021 emitido por la autoridad señalada como ejecutora en la presente demanda de garantías, mismo que fuera notificado por vía de correo electrónico con fecha 08 de Septiembre del presente año 2021.



V.- DISPOSICIONES LEGALES QUE SE ESTIMAN VIOLADAS:

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 8°, 14 y 16 y 73 fracción 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Artículo 52 , 1, 2, 3, 5, 42, 43, 44 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricas.



Vl. – BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD PASO A MANIFESTAR LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO:
I.- Desde principios del presente año, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal hizo sabedora a la opinión pública del hecho que pretendía realizar obras en la Plaza Principal Zócalo de la Ciudad de Puebla.
Zona clasificada en la ficha de Anotaciones del Catálogo de Inmuebles Históricos del Instituto Nacional de Antropología de Historia, como Zona de Monumento Histórico con Índice de Clave: CNMH: 211140011481.
II.- En consecuencia de lo anteriormente referido, los integrantes de la parte quejosa de la presente demanda de garantías formulamos escrito de petición a la Responsable Ordenadora, en los siguientes términos:

“C. Diego Prieto Hernández
Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia


Atilio Alberto Peralta Merino, Ricardo Villa Escalera, Carlos Meza Gutiérrez, Guillermo Medina y Álvarez, Telésforo Américo Guerrero González, Bertha de Uriarte García de Acevedo, Eva Clara Geronés Toriz, Luis Gonzaga Benavides Ilizaliturri, Manuel Senderos Bracamonte, Lourdes Muñóz Alvirez, Héctor Arturo Manuel Moreno Toscano, Ernesto García Hernández, por nuestro propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el cito en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C.P. 06170, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; Con fundamento en el Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 12, 44 y demás relativos aplicables de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas; y asimismo Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el tratado de Londres del 16 de Noviembre de 1945, constitutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; así como en lo dispuesto en lo conducente en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ante usted Director General atentamente comparecemos para exponer:

Que por medio del presente ocurso solicitamos su participación en términos de ley a efecto de que se proceda a dar vista ante el ministerio público federal en contra de quien o quienes resulten responsables, por la presunta comisión del delito que al efecto se prevé en el Artículo 52 de la referida Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, que en lo referente establece:

“Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.”
Lo anterior al tenor de las siguientes consideraciones de:

HECHOS
I. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, declaró al centro histórico de la Ciudad de Puebla de Zaragoza como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
II. Declaratoria que marca un perímetro cuyo eje central es la plaza zócalo de la Ciudad de Puebla.
III. La declaratoria correspondiente fue expedida con fecha del 8 de Junio para surtir efectos el 11 de Diciembre de 1987; lo anterior con sujeción al instrumento constitutivo de la propia UNESCO, del que México es Estado parte suscribiente.
IV. En los términos de lo dispuesto por la ley de la materia son monumentos históricos todos aquellos edificados a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII.
V. La plaza Zócalo de la Ciudad de Puebla data al menos desde la época del intendente Joseph Merino en el Siglo XVIII.
VI. Por lo demás, con fecha del 11 de Diciembre de 1977 se expidió decreto, declarando la referida plaza como monumento histórico; de donde el sitial en cuestión, reviste el carácter jurídico de zona monumental tanto por ministerio de ley como por declaración expresa.
VII. A partir del día dieciocho de Marzo de 2021, la empresa constructora GARBER S.A. de C.V. lleva a cabo obra pública de remodelación en la referida plaza del zócalo, sin mediar las autorizaciones conducentes por parte del Instituto a su cargo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado a usted C. Director, atentamente pedimos se sirva:
ÚNICO.- Actuar de conformidad con lo expresado en el cuerpo del presente ocurso.

PROTESTAMOS LO NECESARIO.




Atilio Alberto Peralta Merino Ricardo Villa Escalera Carlos Meza Gutiérrez

Guillermo Medina y Álvarez Telésforo Américo Guerrero González

Bertha de Uriarte García de Acevedo Eva Clara Geronés Toriz

Luis Gonzaga Benavides Ilizaliturri Manuel Senderos Bracamonte

Lourdes Muñóz Alvirez Héctor Arturo Manuel Moreno Toscano

Ernesto García Hernández Raúl Carpinteyro y Vera

Ciudad de México a 5 de mayo de 2021.”

III.- Omitiendo respuesta la autoridad señalada como Ordenadora en la presente demanda de garantías la petición en cuestión fue respondida por la autoridad ejecutora señalando en lo conducente, párrafo cuarto, foja dos que:
“De acuerdo con el reporte de los peritos…no se ha determinado alguna afectación que pudiera constituirse como un delito”.
Primer Agravio.

El acto que se reclama de la autoridad señalada como ordenadora en la presente demanda de garantías, transgrede en perjuicio de la parte quejosa la garantía que al efecto se consagra en el Artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, en lo conducente establece:

“Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República”.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”
La parte quejosa formuló petición por escrito a la autoridad señalada como ordenadora por el acto que de la misma se reclama en la presente demanda de garantías.
Petición que fuera fundamentada de manera expresa en el Artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que fuera presentada ante la referida autoridad señalada como ordenadora en la presente demanda de garantías por de la parte quejosa con fecha seis de mayo del presente año de 2021.
El objeto de la petición en cuestión, tal y como se refiere en el capítulo de ANTECEDENTES de la promoción estribó en solicitar: “su participación en términos de la ley a efecto de que se proceda a dar vista ante el Ministerio Público Federal en contra de quien o quienes resulten responsables por la presunta comisión del delito que al efecto se prevé en el Artículo 52 de la referida ley…”.
Por su parte, la respuesta emitida por la autoridad señalada como ejecutora en la presente demanda de garantías da respuesta atribuyendo al personal pericial a su cargo facultades que corresponden en exclusiva a la autoridad ministerial o en su caso judicial como lo es la determinación de la existencia de un delito.
Respuesta que fuera formulada por la ejecutora en la que, por lo demás, la ordenadora delegó, de manera improcedente y en clara contravención de lo dispuesto por el Artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el dar respuesta a una Petición que a ésta le fuera dirigida de manera expresa y directa.
Segundo Agravio

El acto que se combate de las Responsable Ejecutora en la presente demanda de garantías causa agravio a los promoventes de la presente demanda de garantías, al señalar en el acto que de ella se demanda; en el párrafo cuarto, foja dos de la misma, que:
“De acuerdo con el reporte de los peritos…no se ha determinado alguna afectación que pudiera constituirse como un delito”.
Referida respuesta que resulta del todo infundada y constituye una imprecisa e inadecuada motivación del acto que de la referida responsable ejecutora se demanda mediante la presente demanda de garantías.
En efecto, el Artículo 52 de la multicitada Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que al efecto establece:
Artículo 52.- Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.
Cuando el daño no sea intencional, se estará a lo dispuesto en el capítulo de aplicación de sanciones a los delitos culposos del Código Penal Federal.
precepto que si bien es cierto no da a la eventual querella por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia el carácter de requisito de procedibilidad penal como si sucede en el caso de la Procuraduría Fiscal en la persecución de delitos tributarios; deja en claro por su ubicación en el contexto de la ley que es a dicha instancia a la que de manera primigenia corresponde querellarse por los delitos que eventualmente puedan afectar el patrimonio histórico. No estableciéndose la condición de requisito de procedibilidad penal en especie, no obstante denunciar los hechos presumiblemente constitutivos de delito que se prevé en el Artículo 52 de la referida Ley de Monumentos, no es materia discrecional por parte del Insttituto Nacional de Antropología e Historia.
No puede ser una atribución discrecional, toda vez que el bien jurídicamente tutelado no se percibe a querella de parte ofendida que pueda ser renunciable a voluntad, si no que se trata del patrimonio histórico que al efecto se encuentra protegido por la disposición de orden público de mayor embergadura de nuestro orden legal y que al efecto se contempla en la fracción 25 del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Realizar obras por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal en una zona monumental declarada como protegida en términos de ley, encuadra en la descripción típica del delito referido en el citado ARTÍCULO 52 de la ley de la materia y no es atribución discrecional responsable dejar de realizar la denuncia en cuestión, ni renunciar voluntariamente a la protección que el precepto penal en cuestión tiende sobre un bien cuyo titular es la Nación y no un particular que pudiese renunciar al mismo.
Por lo demás, no es al cuerpo de peritos a cargo de la responsable a quien compete determinar si en la especie se integran los elementos del delito, a saber conducta tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, punibilidad y elementos subjetivos de lo injusto.
Basta que la conducta en cuestión encuadre en la tipicidad prevista en la disposición penal así sea en mero grado de tentativa para que corresponda a la responsable ejecutora formular denuncia, y en todo caso es a la autoridad ministerial o en su defecto judicial a quien corresponde determinar si en la especie se presenta alguna causa excluyente de responsabilidad penal, la responsable ejecutora al acto en el que se combate mediante la presente demanda de garantías, señala su abstención a formular denuncia, sin justificar plenamente que puede disponer a su arbitrio de la misma, sin justificar tampoco que pueda disponer del bien jurídicamente tutelado en el tipo penal que fuera invocado por los quejosos, en su escrito original de petición, y, por el contrario, atribuye a su personal pericial atribuciones que en nuestro sistema legal, son de la exclusiva competencia de las autoridades ministeriales o en su caso judiciales. Por lo que en conclusión, el acto que se combate de la responsable ejecutora, en la presente demanda de garantías resulta indebidamente fundado y motivado y por ende, en consecuencia transgrede en perjuicio de los integrantes de la parte quejosa la garantía que al efecto se contempla en el ARTÍCULO 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN
Atilio Alberto Peralta Merino , Licenciado en Derecho, con cédula profesional número XXXXXXX debidamente expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; así como los CC. Bertha de Uriarte García de Acevedo, Luis Gonzaga Benavides Ilizaliturri, Manuel Senderos Bracamonte, Lourdes Muñoz Alvirez, Héctor Arturo Manuel Moreno Toscano, Ernesto García Hernández, Carlos Meza Gutiérrez y Raúl Carpinteyro y Vera; promoviendo por nuestro propio derecho, señalando para oír y recibir notificaciones la casa marcada con el número XXXXXXXXXXXXXXXXX del Centro histórico de la Ciudad de Puebla, así como en la siguiente dirección electrónica: albertoperalta1963@gmail.com ; autorizando para los efectos de recibir notificaciones en nuestro nombre al C. Manuel Senderos Bracamonte comparecemos para exponer:

Que venimos a manifestar que toda vez que los actos que se reclaman respectivamente de las autoridades que se señalan en la presente demanda de garantías tanto la señalada como ordenadora así a la que se señala como ejecutora, no llevan aparejada ejecución material, no se solicita en la presente demanda, la suspensión que al efecto se contempla en los términos del Artículo 128 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado a Usted, C. Juez atentamente pedimos se sirva:

Único..- Tener por expresadas en tiempo y forma las consideraciones que se contemplan en el presente incidente, acordando en el momento procesal oportuno de conformidad con las mismas .



PROTESTO LO NECESARIO





Atilio Alberto Peralta Merino Bertha de Uriarte García de Acevedo




Luis Gonzaga Benavides Ilizaliturri Manuel Senderos Bracamonte




Lourdes Muñoz Alvirez Héctor Arturo Manuel Moreno Toscano




Ernesto García Hernández Carlos Meza Gutiérrez




Raúl Carpinteyro y Vera









Por lo anteriormente expuesto y fundado a Usted, C. Juez atentamente pido se sirva:


l.- Tener por presentado este escrito con la documentación que le acompaña, así como con todas las formalidades que al efecto la ley exige.

ll. – Dar a la presente demanda la sustanciación que conforme a Derecho corresponda.

III.- En su momento, concederme el Amparo y la Protección de la Justicia Federal.




PROTESTO LO NECESARIO
Puebla, Puebla a 21 de septiembre de 2020





Atilio Alberto Peralta Merino Bertha de Uriarte García de Acevedo




Luis Gonzaga Benavides Ilizaliturri Manuel Senderos Bracamonte





Lourdes Muñoz Alvirez Héctor Arturo Manuel Moreno Toscano




Ernesto García Hernández Carlos Meza Gutiérrez




Raúl Carpinteyro y Vera

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s