NOTA DEL ARCHIVO PARA PÓRFIRIO SÁNCHEZ

Por: Atilio Alberto Peralta Merino

Ciudad de Puebla, Puebla, 17 de febrero del 2022

Durante los primeros días de la administración de Enrique Peña Nieto se designó a Alberto Amador Leal al frente de la División de Inteligencia de la Policía Federal, la misma que poco antes había estado a cargo de un personaje de siniestro historial llamado Armando Espinoza de Benito, y a la que se encuentra adscrita la Unidad de Operaciones Encubiertas.

Durante los muy breves días en que Alberto Amador estuvo al frente de dicha División antes de ser sustituido por Francisco Enrique Galindo Ceballos, quién fuera destituido como mando policial tras comandar una agresión represiva a manifestantes del magisterio en Nochistlán, Oaxaca, recibí la encomienda de desahogar una consulta por parte del director de operación encubiertas que a la sazón no era otro más que Porfirio Sánchez.

El correspondiente desahogo a la consulta en cuestión daría paso subsiguiente, y tras un análisis un tanto más meticuloso, aclarándose por lo demás que la consulta en cuestión se circunscribía a una mera interpretación de la legislación y no a situación particular alguna, la cual daría paso a la siguiente nota escrita meses después y que hoy se reproduce:

“La facultad de realizar investigaciones de índole policial, se establece de manera genérica en los párrafos primero y noveno del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que al efecto se establece:

“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva,….”

El Artículo 16 de la Constitución establece asimismo disposiciones concernientes a las atribuciones que asisten a la autoridad ministerial en las pesquisas contra el crimen organizado, sin que en el texto mismo de la Constitución se contemple de manera expresa la existencia de los denominados “agentes infiltrados”, cuya regulación queda establecida en los artículos 11 y 11 bis. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y cuya fundamentación constitucional estribaría, por lo consiguiente, en la atribución genérica contemplada en los párrafos primero y noveno del Artículo 21 de la Constitución.

La Ley de la Policía Federal establece por su parte en los artículos 8° fracción VII y 10° fracción XII las figuras de: “operaciones encubiertas” y de “usuarios simulados”, sin que la misma ley o su reglamento especifiquen la naturaleza , alcances o atribuciones que les asistan a las mismas. En términos de Dogmática jurídica habría que concluir que, si el ordenamiento legal vigente utiliza expresiones diversas tal y como al efecto acontece en la especia: “operaciones encubiertas”, “usuarios simulados” y “agentes infiltrados”, es porqué a cada una de ellas habría que atribuirle significado y alcances de diversa índole; sin embargo, por meras consideraciones de pragmatismo y ante la falta de definición legal o reglamentaria, habría que aceptar que éstas vendrían a ser prácticamente sinónimas.

La conclusión anteriormente asentada tendría como base de sustentación, endeble por lo demás, al hecho de que lo dispuesto por los Artículos 11 y 11 bis de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada se constituye en el único criterio legal que tenemos para poder delimitar la naturaleza y el alcance que asiste a las prácticas comprendidas por las figuras en cuestión.

En segundo término, los límites legales a que deben sujetarse la Policía Federal en las denominadas “operaciones encubiertas”, así como con respecto a los “usuarios simuladores”, se encuentran perfectamente delineados tanto por la Constitución, como por la Ley de la Policía Federal; siendo tales límites los que a continuación se reseñan:
El Artículo 5° de la Ley de la Policía Federal establece que debe entenderse por investigación para la prevención de los delitos: al conjunto sistematizado de acciones y procedimientos encaminados a la planeación, obtención, procesamiento y aprovechamiento de la información, con el propósito exclusivo de evitar la comisión de delitos, siendo ésta de la exclusiva competencia de la corporación en los términos del artículo 8° fracción IV de la ley, en tanto que, de conformidad con los artículos 2° fracción IV, 8° fracción IX y 45 a 47 de la misma, las investigaciones de los delitos cometidos que realice, las llevará a cabo siempre bajo la conducción y mando del Ministerio Público.

El Artículo 22 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, establece las atribuciones que corresponden a la Coordinación de Operaciones Encubiertas, y en concordancia con lo previamente reseñado, la fracción II del citado ordenamiento distingue entre las operaciones encubiertas con fines de prevención del delito en los términos delo dispuesto por el Artículo 5° de la Ley, y cuyo diseño y operación es de la exclusiva competencia de la Policía Federal, de las Operaciones Encubiertas realizadas con el propósito de combatir el delito que deberán llevarse a cabo bajo la conducción y mando del Ministerio Público. En contrapartida, la fracción V del precitado Artículo 22 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, señala como atribución de la Coordinación de Operaciones Encubiertas: “Establecer esquemas de investigación preventiva a través de la infiltración de agentes para la obtención de información de estructuras criminales, formas de operar y ámbitos de actuación en términos de las normas aplicables”.

En la medida en que pueda aceptarse la existencia de investigaciones con fines preventivos y ello no se considere un contrasentido per se, infiltrar estructuras criminales difícilmente puede ser considerado como materia propia de una investigación preventiva, y, según lo expresado, debería ser, dado el caso, materia de una acción llevada a cabo bajo la dirección del Ministerio Público; sin embargo, la fracción V del Artículo 22 del Reglamento abre la puerta a la eventual comisión de conductas tipificadas como delitos por parte de los agentes infiltrados que, por principio de cuentas, no se encontrarían justificadas en los términos de los Artículos 45 a 47 de la Ley de la Policía Federal; lo anterior en virtud de que la referida fracción V del Artículo 22 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, estaría en contravención con la fracción I del Artículo 89 de la Constitución dado que excedería a lo dispuesto por la ley que en principio reglamenta.

Pese a lo anterior, tanto los agentes encubiertos como los superiores jerárquicos que hubiesen ordenado su proceder actuando con sujeción a lo dispuesto por la multicitada fracción V del Artículo 22 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal y en las que eventualmente hubiesen incurrido en conductas tipificadas como delitos por la ley; podrían estar sin embargo, exentos de toda responsabilidad penal, ya que, por principio de cuentas, y salvo prueba en contrario que acreditara su pleno conciencia de la inconstitucionalidad que aqueja a la fracción V del Artículo22 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, operaría a su favor la excluyente de responsabilidad contemplada en el inciso A) fracción VIII del Artículo 15 del Código Penal Federal que al efecto establece:

“Artículo15.- El delito se excluye cuando:
…..
VIII.-Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible;

A) Sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal; Fallas de regulación que, acaso, pudieran haber obedecido a una estrategia de estado.”

albertoperalta1963@gmail.com

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