Pronunciamiento político a tres años de la ofensiva represiva contra el FNLS

Chiapas, a 18 de julio de 2022.

Este 18 de julio se cumplen 3 años de la ofensiva represiva contra el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo que se tradujo en desaparición forzada, tortura, prisión por motivos políticos, cerco policíaco militar y persecución política como parte de la violencia institucional contra el pueblo organizado de forma independiente. De las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra nuestra, la impunidad es sello distintivo de la política de la administración en turno.

La detención y desaparición forzada de nuestro compañero Javier Gonzáles Díaz el 17 de julio de 2019 fue el anuncio de la ofensiva represiva hacia quienes integramos el FNLS, como parte del movimiento popular independiente en el país. Ofensiva represiva que expresa una política antipopular del gobierno de MORENA en Chiapas, representada por Rutilio Escandón Cadenas, y materializada en graves violaciones a los derechos humanos con el objetivo de eliminar la capacidad y voluntad organizativa del pueblo en el defensa de sus intereses.

Seguida de la detención y desaparición forzada, la tortura y prisión por motivos políticos de nuestro compañero Javier, se desató la criminalización, estigmatización y calumnias para justificar el cerco e incursión policíaca militar en la que protagonizó la Guardia Nacional contra las comunidades que integramos el FNLS en los municipios de Altamirano, Ocosingo, Venustiano Carranza, Chiapa de Corzo y Acala. Continuidad de una política de represión sistemática contra el pueblo organizado bajo las banderas de la independencia política, económica e ideológica.

Para el gobierno, el pueblo que lucha por el socialismo como alternativa política y abraza las demandas más sentidas de los trabajadores del campo y la ciudad en el país representa un peligro para los intereses de la clase burguesa, lógica con la que emprendió una campaña mediática de criminalización que justifique la aplicación del estado de derecho burgués, es decir, la represión contra el FNLS.

La represión en contra nuestra a nivel nacional deja víctimas, entre ellos, a los expresos políticos Javier Gonzáles, Armando Hernández, Venturino Torres, Asunción Gómez en Chiapas y Leobardo Reyes en Michoacán e Higinio Bustos Navarro, preso político desde el 3 de mayo de 2021 a la fecha en Tantoyuca, Veracruz. Detenciones arbitrarias e injustas, expedientes plagados de inconsistencias e irregularidades en el proceso que destilan consigna política del gobierno de la “cuarta transformación” contra el movimiento popular independiente aglutinado en el FNLS.

La política represiva fue dirigida como castigo por mantenernos fuera de los marcos corporativos del Estado, por exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos en el país y señalar que este fenómeno es responsabilidad del Estado. Denunciar y desenmascarar la naturaleza de estos crímenes contra el pueblo y sus organizaciones es una necesidad política de los explotados que el Estado mexicano responde con represión y el cometido de graves violaciones a los derechos humanos.

El Estado mexicano pretende cejar la exigencia de verdad, justicia y castigo a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición forzada en particular, en el caso de nuestro compañero Fidencio Gómez y la de los dos revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. El Estado mexicano se empeña en, a través de la represión sistemática, detener y negar al pueblo organizado el acceso a la verdad y justicia. El crimen de desaparición forzada del que fue víctima nuestro compañero Javier Gonzáles es un ejemplo de miles de casos que hoy se mantienen en la impunidad, máxime cuando estos son cometidos por razones políticas y perpetrados por el Estado mexicano como política de gobierno contra el pueblo organizado, a través de los cuerpos castrenses, policías o el Ejército mexicano.

Decenas de hechos represivos contra el movimiento popular en el país develan el carácter demagógico del gobierno federal. Quienes ejercemos crítica política contra el régimen actual, somos víctimas de la persecución que confirma que la criminalización y judicialización de la protesta popular es la apertura de la represión selectiva y una afrenta a los derechos del pueblo trabajador a la protesta popular. Quienes vivimos en carne propia el carácter antipopular del gobierno de la “cuarta transformación” podemos decir que existe un intento de su parte por negar a través del discurso las condiciones de pobreza, miseria, represión, violaciones a los derechos humanos e impunidad existente en el país, pero el pueblo trabajador y las víctimas de la violencia institucional nos topamos con una realidad que contradice el discurso demagógico.

No es un acto de justicia premiar a los responsables intelectuales de promover y generar las condiciones de la violencia institucional, la represión, crímenes de lesa humanidad, prisión por motivos políticos y persecución política contra integrantes del pueblo organizado. Es el caso del ex fiscal general del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, actual diputado federal por MORENA. Hecho inadmisible en un gobierno que dice ser del cambio, porque este político de oficio debe ser investigado y juzgado por su responsabilidad en la ola de violencia institucional en Chiapas.

En el FNLS nos mantenemos en la exigencia de libertad de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro, el alto a la persecución política y a la represión en contra nuestra; la exigencia de presentación con vida de los detenidos y desaparecidos de manera forzada continúa en busca de verdad y justicia, y condenamos toda maniobra política que deslinde a los criminales de Estado de la responsabilidad del baño de sangre en el país.

Combativamente
¡Con represión, no hay transformación!
¡Sin justicia y verdad, no hay transformación!
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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