Por Bernardo Méndez Lugo

Fotografía Facebook

Ciudad de México 3 de octubre del 2026

Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a irrumpir en la conversación pública con un estilo que confirma uno de los rasgos más persistentes de su trayectoria política: la confrontación como instrumento de comunicación.

El 30 de septiembre reapareció públicamente desde Palenque para presentar su libro Pueblo. Aunque afirmó estar retirado de la política, dedicó buena parte de su mensaje a defender su legado, reivindicar la Cuarta Transformación y cuestionar nuevamente a medios y periodistas.

En ese contexto recurrió al término “neofascismo” para caracterizar lo que considera una estrategia de comunicación de sus adversarios. (La Jornada)

No cuestiono su derecho a criticar al periodismo. En una democracia, nadie debe estar por encima de la crítica. Lo que merece reflexión es la forma y el tono.

Cuando la discrepancia se expresa mediante descalificaciones personales, y cuando conceptos de enorme gravedad histórica como “fascismo” o “neofascismo” se emplean para caracterizar a periodistas críticos, el debate público corre el riesgo de perder precisión y convertirse en un intercambio de descalificaciones.

Lo digo desde una experiencia profesional que ha marcado profundamente mi manera de entender la política: la diplomacia mexicana. A lo largo de mi trayectoria en el servicio exterior aprendí que defender convicciones y preservar el diálogo no son objetivos contradictorios.

Una negociación seria requiere firmeza, pero también prudencia, escucha y respeto por el interlocutor. En las relaciones internacionales, una expresión desafortunada puede cerrar posibilidades que después resulta difícil recuperar.

Esa experiencia me lleva a mirar con preocupación cualquier práctica política que transforme al adversario en un enemigo moral. Un periodista puede equivocarse, tener prejuicios o sostener posiciones que considero equivocadas.

Pero la discrepancia profesional no lo convierte automáticamente en enemigo de México ni justifica descalificarlo por sus opiniones.

López Obrador tuvo una extraordinaria capacidad para establecer los términos de la conversación pública, especialmente cuando ocupaba la Presidencia y sus declaraciones tenían el peso institucional de la máxima autoridad política del país.

Hoy ya no es presidente. En su reciente reaparición, él mismo sostuvo que está jubilado de la política y rechazó ser considerado “jefe máximo” o “poder tras el trono”. (El Financiero)

No me corresponde afirmar que López Obrador tenga como propósito deliberado provocar odio. Eso sería atribuirle una intención que no puedo demostrar.

Sí considero, en cambio, que determinados discursos pueden profundizar la polarización cuando presentan de manera recurrente a la sociedad como una disputa entre quienes están con el “pueblo” y quienes supuestamente actúan contra sus intereses.

También es necesario examinar las contradicciones que han acompañado al movimiento que encabezó. La austeridad, la honestidad y el combate a los privilegios fueron elementos centrales de su propuesta política.

Por ello, resulta legítimo que exista un escrutinio atento sobre quienes forman o han formado parte de su entorno político y familiar, incluidos algunos de sus hijos.

Mi crítica, sin embargo, no parte del parentesco ni pretende trasladar a una persona la responsabilidad por los actos de otra. Cada individuo debe responder por sus propias decisiones.

Lo que sí me parece legítimo discutir es la congruencia entre los principios proclamados desde el poder y las controversias públicas que han involucrado a personas cercanas al antiguo núcleo presidencial.

Existen investigaciones periodísticas, señalamientos y cuestionamientos que merecen ser examinados con seriedad. La prensa tiene derecho a investigar y la sociedad tiene derecho a pedir explicaciones.

Pero debemos preservar una distinción esencial: un señalamiento no constituye culpabilidad, una investigación no equivale a una condena y una controversia política no determina por sí misma responsabilidad jurídica.

Corresponde a las autoridades competentes establecer, mediante pruebas y procedimientos legales, si existe alguna responsabilidad. La exigencia de transparencia puede y debe coexistir con el respeto al debido proceso. Esa frontera fortalece cualquier crítica y evita que el debate público sustituya a las instituciones.

Un movimiento que hizo de la austeridad, la honestidad y el combate a los privilegios elementos centrales de su identidad debe aceptar que sus dirigentes, colaboradores y personas cercanas sean sometidos a un escrutinio riguroso. La congruencia entre principios y conductas es parte esencial de la credibilidad de cualquier proyecto político.

La política mexicana necesita una cultura distinta: una en la que la crítica al poder sea bienvenida, los periodistas puedan investigar sin ser estigmatizados y los gobernantes respondan sin convertir la discrepancia en antagonismo permanente.

Después de una larga trayectoria en el servicio exterior mexicano, sigo convencido de que la política, como la diplomacia, exige firmeza en los principios y mesura en las formas. Tender puentes no significa renunciar a las diferencias, sino reconocer que una sociedad democrática necesita espacios para procesarlas.

López Obrador tiene pleno derecho a defender su legado y responder a sus críticos. Pero quien ha ocupado la Presidencia también enfrenta una responsabilidad pública: contribuir a la serenidad de la vida nacional y respetar a quienes piensan diferente. La autoridad política no es patrimonio permanente de nadie; se construye, se ejerce y puede fortalecerse o desgastarse.

A mi juicio, el verdadero legado de un gobernante no se mide solamente por las reformas que impulsó, los adversarios que enfrentó o la lealtad que consiguió reunir a su alrededor. Se mide también por la calidad de la vida pública que deja después de ejercer el poder.

México no necesita unanimidad. Necesita instituciones que resistan al poder, periodistas que puedan investigar sin ser estigmatizados, ciudadanos que puedan disentir sin temor y dirigentes capaces de aceptar que ninguna voz está por encima de la sociedad.

Porque el poder puede conquistar elecciones, transformar instituciones y movilizar multitudes; pero no puede imponer indefinidamente una sola interpretación de la historia.

Al final, ningún líder tiene derecho a apropiarse de la nación: México pertenece a todos, también a quienes discrepan. Ésa es la prueba más exigente de cualquier legado político: no cuánto poder logró concentrar, sino cuánto respeto por la pluralidad fue capaz de dejar detrás de sí.
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