Por Martín G. Iglesias

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Quintana Roo 15 de abril del 2026

El periodista no debe ser complaciente con el poder

Tengo la fortuna de conocer casi todos los procesos del periodismo impreso, desde la recolección de la nota en la calle o la fuente, hasta esperar semana para entregar un reportaje para medio impreso; así como conocer los pasos de la producción, la distribución, la comercialización y hasta el control de los recursos humanos; en 28 años de ejercicio periodístico, he visto y vivido casi todo.
He sido soldado raso de la redacción, cabo de la edición y general de la información; trabajé bajo órdenes hasta mayo del 2017 y aprendí (buenas y malas cosas), con jefes(as) que me aportaron y otros con los que tenía que luchar todos los días debido a su ignorancia. Hasta ahora tengo tres modestas novelas y voy por “Sentimientos de Papel”.
Quizá, ese bagaje me da cierta autoridad para escribir hoy esta opinión sobre la situación que vive en periodismo en Quintana Roo, donde los políticos y empresarios juegan a ser periodistas y, los periodistas juegan a ser políticos y empresarios. Pido disculpas anticipadas por si mi redacción ofende a algunos, no es mi interés, es solo dar mi punto de vista sobre el ejercicio que hoy nos quieren hacer creer que está muy devaluado por la sociedad.
El periodismo quintanarroense debe dejar de ser un “artículo” de complacencia para los poderosos y ponerse del lado de la sociedad, de las causas justas, darle la voz a quienes por naturaleza no pueden tener acceso a un medio de comunicación, principalmente cuando este se cotiza en niveles publicitarios altos; ¿cuál es la consecuencia?, quizá quedarse sin recursos económicos por publicidad gubernamental, porque si algo no soporta el cliente institucional es que evidencies las fallas que tiene en la administración de los dineros del pueblo, o sea “no pago para que me pegues”.
Veo con preocupación el sesgo de quien recolecta la información (reportero-corresponsal), cuando ve afectados sus intereses económicos; el silencio cómplice, cuando el gobierno en turno le cumple con su “apoyo” por no darle voz a los quejosos. Me alarma, que podamos publicar información no verificada, emitamos comentarios personales a lo que estrictamente debe ser una nota informativa, violando con alevosía y ventaja los géneros periodísticos. Resulta difícil transitar en una fauna plagada por feroces perros que defienden “la chuleta”, aunque sus amos sean unos corruptos, insensibles, ignorantes y sin calidad moral para dirigir un ayuntamiento, un Congreso, un Estado, un país y hasta una institución pública.
Lamento que la mayoría de los medios de comunicación de esta época, no generen “opinión pública”, sino solo “opinión gubernamental”, porque sugestionado por “el castigo” económico de quien ostenta el poder, no se atreven a evidenciar lo que muchas veces es del dominio público, prefieren voltear a ver hacia otro lado y, sin que nadie se los pida, lanzarse contra los opositores.
El periodista no puede tomar partido a favor de los poderosos, pueden destacar sus obras, pero no hacer mancuerna para cuidar los intereses de un gobierno retorcido en todos los sentidos; la idea infundada por los últimos gobernantes sobre conservadores y liberales, de derecha o de izquierda, a favor o en contra, entre otros muchos adjetivos calificativos imputados al periodista y a los medios de comunicación, no tiene que ser considerado en serio por los que nos dedicamos a esta profesión periodística; nosotros solo contamos historias, exponemos hechos consumados, principalmente aquellos que nos quieren ocultar.
Es más, ya ni la burla perdonan, salen todos “uniformados”, con la misma redacción y hasta con las faltas de ortografía y errores de sintaxis que trae el boletín. La forma es fondo y el fondo es forma.
Concluyo al decir que con la consabida responsabilidad contestaré cualquier comentario que el lector o los actores del periodismo y de la política tengan referente a esta opinión. Ahí se las dejo…

SASCAB
Por cierto, con 19 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y de la Ciudad de México; el “Plan B” ya es constitucional.
“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara reformados los artículos 115, fracción I, párrafo primero, y 116, fracción II, párrafo segundo, y adicionado el artículo 134 con un párrafo cuarto, recorriéndose los subsecuentes en su orden, de la Constitución Política. Se remite a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales”, dijo la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Kenia López Rabadán.
En los transitorios, indica que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, armonizarán su marco jurídico para adecuarlo al contenido del presente decreto a más tardar el 30 de mayo de 2026. Entre tanto, se aplicarán en lo conducente de manera directa las disposiciones constitucionales en la materia y, supletoriamente, las leyes en materia electoral en todo lo que no se contraponga al citado decreto.
Las legislaturas de las entidades federativas preverán los ajustes necesarios a sus presupuestos con el objeto de que las reducciones que en su caso se realicen en cumplimiento a lo previsto en al artículo 116 constitucional, surtan efectos a partir del inicio de la legislatura subsecuente en la entidad federativa que corresponda. Al tiempo…
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